La Unidad de Información Financiera fue aceptada como parte querellante en la causa que tramita el Juzgado Federal 10, donde se investiga al ex subsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción, Rodrigo Sbarra, por presunto lavado de dinero, luego de que se encontrara en su despacho un sobre con US$ 10.000.
A través de un comunicado, la UIF indicó que “la fiscalía de Gerardo Pollicita acusa a Sbarra de haber puesto en circulación dinero a través de la compra de un lote en un barrio cerrado, sin justificar la procedencia dineraria”. Según la información del expediente, la compra del lote en Nordelta se hizo en cuotas entre abril de 2016 y el mismo mes de 2019. «El dinero hallado en el sobre equivalía al pago de tres cuotas, pactadas en US$ 3.300 dólares cada una de ellas”, advirtió la UIF.
El incremento patrimonial que experimentó Sbarra desde su ingreso a la función pública también fue señalado como un punto clave: “En el momento inicial declaró bienes por $ 1.169.574, una participación en la empresa Arquigreen, a la que le debía $ 149.000, y un departamento de 62 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires valuado en $ 930.000 (…). Al finalizar el 2015 ya tenía en su haber dos terrenos en la localidad bonaerense de Navarro; uno de 619 y otro de 1.324 metros cuadrados, valuados cada uno de ellos en $ 98.000 (…) Cuatro años después, al retirarse de la administración pública, su declaración jurada exhibe bienes por $30.532.773. Solamente en el último año de Cambiemos ganó más de 5 millones de pesos”, sacó cuentas la UIF.
Sbarra tiene un domicilio en Miami, declarado ante el Bank of America, donde se emplaza un inmueble valuado en 850 mil dólares, «cuya titularidad podría corresponderle y que también habría omitido declarar en su declaración jurada patrimonial”, se marcó también. «La UIF, conforme las investigaciones que viene impulsando en estos tiempos, también estaría interesada en establecer la participación de terceras personas y entidades en las maniobras delictivas, la salida ilegal de capitales del país y el movimiento de activos a través de sociedades off shore”, concluyó el organismo.
