La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó ser querellante en la causa por delitos de lesa humanidad contra el empresario Marcos Levín quien, durante la última dictadura cívico-militar, era propietario de la empresa de transporte La Veloz del Norte de la provincia de Salta, cuando secuestraron y torturaron a 17 de sus trabajadores. «La secretaría va a volver a poner la mirada sobre las causas donde hay responsabilidad empresarial ya que durante los últimos cuatro años esas causas quedaron abandonadas», dijo en diálogo con Página/12 el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
En un escrito presentado ante el Juzgado Federal número 1 de Salta, la secretaría solicitó asumir el rol de querellante en la causa caratulada como “Grueso, José Antonio s/imposición de tortura», en la que se investiga la responsabilidad de Levín, del ex jefe de seguridad de la empresa, José Antonio Grueso, y de seis policías provinciales. Los hechos denunciados sucedieron entre diciembre de 1976 y enero de 1977.
La secretaría será querellante «a fin de que se continúe y profundice la investigación de los hechos denunciados», y además solicitó la imputación de Levín y Grueso como partícipes primarios de los hechos perpetrados, «por ser colaboradores necesarios para que se lleve adelante el secuestro y tortura de los 17 trabajadores».
Se trata del segundo proceso judicial por delitos de lesa humanidad contra el empresario, ya que el Tribunal Oral Federal de Salta ya lo había condenado en marzo de 2016 a doce años de prisión. También fueron condenados en aquel entonces los ex policías provinciales Víctor Hugo Almirón y Enrique Víctor Cardozo, y el ex comisario Víctor Hugo Bocos. Esta causa es emblemática y marcó un importante precedente, ya que fue la primera que tuvo una condena a un empresario por su complicidad y participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Víctor Cobos, delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor y chofer de la empresa, fue secuestrado el 22 de enero de 1977 y fue víctima de torturas por parte de una patota integrada por los ex policías imputados en la causa. En el marco de maniobras destinadas a disciplinar a los empleados, el chofer fue llevado a una comisaría de la ciudad, donde lo golpearon de manera brutal para que de nombres de sus compañeros. «Según consta en el expediente judicial, las víctimas declaran haber sido privadas ilegalmente de su libertad y torturadas en la seccional cuarta de esa ciudad, con el fin de disciplinar y acallar sus reclamos laborales, bajo el pretexto de una causa fraguada por el dueño de la empresa», explicaron desde la secretaría.
Informe: Melisa Molina.
