Piden que el Gobierno porteño solvente los tratamientos psiquiátricos y psicológicos
En la presentación, que ingresó el viernes pasado a la CIDH, se hizo referencia al caso testigo de una sobreviviente, G.L.M., quien como todos los afectados tiene una “discapacidad que puede obligar a que deba seguir un tratamiento el resto de su vida”.
En el escrito presentado ante la CIDH, al que tuvo acceso este diario, se señaló que “en los procesos de daños y perjuicios (…) se han peritado psicológica y psiquiátricamente a sobrevivientes” y “en todos los casos se comprobó daño psicológico evidenciado en situaciones traumáticas crónicas, que causan una discapacidad que, en la mayoría de las comprobaciones de los profesionales, se estimaron en un 35 por ciento”. En el caso presentado como testigo, la discapacidad llega al 50 por ciento.
Como agravante, se señaló que “el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires nunca ha brindado un servicio de esa naturaleza, de manera científica y con conocimiento de las particularidades que exigía la tragedia” ocurrida hace 15 años en Cromañón. En la justicia porteña se han presentado cerca de dos mil juicios por daños y perjuicios.
Iglesias explicó que “en los juicios civiles por daños, la situación es tan grave que acabamos de presentar una denuncia ante la CIDH solicitando una medida cautelar, sobre todo por la situación de los sobrevivientes”.
Resaltó que “la situación es particularmente grave en los casos de los sobrevivientes que tienen un alto grado de discapacidad, como se ha establecido mediante la realización de las pericias psicológicas”. Iglesias precisó que esas víctimas “han quedado en un absoluto abandono por parte de los juzgados, al punto que no pueden solventar sus tratamientos por la inexistencia de un sistema público que los atienda”.
Iglesias, que además de abogado querellante es padre de Pedro Iglesias, uno de los jóvenes fallecidos en Cromañón, explicó que los juicios por daños que tramitan en distintos juzgados del fuero Contencioso Administrativo “comenzaron en 2005-2006, de manera que ya gozan de buena salud y en muchos de los promovidos por sobrevivientes e incluso por algunos padres de fallecidos, se planteó la reparación por los daños psicológicos”.
Las pericias que se presentaron antes los jueces fueron realizadas “en los últimos dos o tres años, y por medio de ellas se constató la existencia de un 30 por ciento promedio de discapacidad en el caso de los sobrevivientes”. Sostuvo que esos niveles de discapacidad “son muy importantes porque el daño psicológico en estos casos afecta todos los aspectos relacionales de las personas”. En todos los casos llevados a la justicia “lo que señalaron los peritos es que no se trata de anomalías transitorias sino que son anomalías crónicas que requieren la continuación del tratamiento casi de por vida”. Como resultado de los estudios realizados y de la situación de los afectados “se han fijado en cada caso el costo aproximado del tratamiento y se fija un monto para la indemnización”.
La demora en la resolución de esos juicios “se debe a un trámite que no llamamos lento, porque son prácticamente inexistentes” los pasos que se dan para su resolución. Además, como agravante, “se dan los casos de muchos juicios que tienen fallos favorables de primera instancia y los montos están fijados, para los tratamientos, en sumas bajas en pesos y sujetos eventualmente, el día en que se puedan cobrar, a una actualización por la tasa pasiva del Banco Nación, lo que significa que son fondos que se están licuando, de manera que cuando llegue el día en que se puedan cobrar, van a ser sumas insignificantes”.
Precisó que hay que tener en cuenta que las sentencias de primera instancia son apeladas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ahora hay que esperar la resolución de la Cámara de Apelaciones “para luego, si son confirmados los fallos, se pase a la espera del trámite de ejecución de sentencia, que depende del presupuesto del gobierno porteño y se termina cobrando un año después” de finalizadas todas esas etapas judiciales.
Iglesias estimó que todavía les quedan “unos cuatro o cinco años de pleito, porque la Ciudad incluso plantea recursos extraordinarios y por eso hemos llegado ahora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, con sede en Washington. “Lo que planteamos es que la CIDH aplique un instrumento que tiene y que es la medida precautoria, que obligue al gobierno porteño a solventar los tratamientos de manera directa ante los profesionales que atienden a los sobrevivientes, hasta el día en que las sentencias queden firmes”. Al mismo tiempo, se demanda a la CIDH que “disponga que se aplique una compensación en moneda dura, para evitar la licuación de las indemnizaciones, el día en que finalmente se cobren”.
Iglesias recalcó que “la situación es escandalosa porque las demoras están frenando todos los juicios y el problema se agravó aún más con esta feria judicial debido a la pandemia” que suspendió prácticamente todas la actividad del Poder Judicial. Dijo que han realizado gestiones ante la justicia para acelerar los trámites “también fuimos a ver a los camaristas y le señalamos nuestra preocupación”.
Incluso mantuvieron reuniones con funcionarios del gobierno de la Ciudad “cuyas autoridades no tienen la menor intención de aceptar un arreglo” extra judicial. “Nos reunimos con ellos en tres oportunidades, una vez durante la gestión de (Mauricio) Macri y las otras dos con funcionarios de la gestión de (Horacio) Rodríguez Larreta”. En las tres ocasiones “nos recibieron funcionarios de alto nivel, pero no tuvimos resultado positivo en ninguna de las tres ocasiones, de manera que la situación es lamentable y escandalosa”.
