Oscar «Cacho» Zarza llegó ayer a la Fiscalía Federal de Reconquista para ampliar su declaración sobre la detención ilegal que sufrió dos veces durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. La primera vez lo llevaron directamente de adentro de la planta de Vicentin, en Avellaneda, en la madrugada del 30 de enero de 1976. La segunda vez fue el 2 de noviembre del mismo año, estuvo unos días desaparecido y luego quedó detenido en la cárcel de Coronda hasta la navidad de 1978. El fiscal Roberto Salum convocó a Zarza tras leer la nota publicada por este diario el 16 de junio pasado
, en la que el ex obrero y delegado gremial de la aceitera aportaba datos que permitían avanzar en la investigación. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre se sumará como querellante, como también lo hará la Federación Aceitera de la Argentina, en la causa que investiga el terrorismo de Estado en el norte de la provincia de Santa Fe. Allí está Avellaneda, donde se fundó en 1929 la firma hoy en convocatoria de acreedores.
«Como Liga vamos por la demostración de la participación de la empresa en las detenciones de los compañeros», apuntó Alejandro Córdoba, representante del organismo en la zona. El primer objetivo es lograr que declaren quienes hasta ahora no lo hicieron, obreros que fueron detenidos ilegalmente pero nunca se presentaron ante la Justicia. «Hay algunos que ya declararon, pero sería bueno que puedan declarar otros que nunca lo hicieron, por miedo, o por motivos que no vamos a saber nunca», dijo Zarza a Página/12.
¿Qué se investiga? La detención de obreros de Vicentin que formaron parte de las comisiones internas de esos años, y de quienes se plegaron a las luchas por mayor salario y mejores condiciones de trabajo. Se oponían tanto a la patronal como a la Federación Aceitera, que integraba las 62 Organizaciones. Formaron el Movimiento Obrero de Recuperación Sindical 31 de mayo y en septiembre de 1974 ganaron la seccional del sindicato. Ya no había complicidad con los dueños de la empresa para perjudicar al personal.
El número de obreros de Vicentin detenidos ilegalmente es incierto aun: se habla de 22, de los cuales 14 eran delegados, pero la lista está en pleno proceso. Zarza cree que pueden ser entre siete y 14 compañeros. Todos fueron liberados, luego de días o años presos. Algunos murieron con posterioridad. Aníbal Gall, detenido en la misma madrugada del 30 de enero de 1976, falleció en Córdoba varios años después de su liberación. Las querellas apuestan a que sean sus familiares quienes aporten a la causa el relato de lo ocurrido.
El fiscal Salum está atento a cualquier dato nuevo. Tuvo a su cargo la instrucción de la causa 050 o Base Aérea. En 2013 los jueces María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Otmar Osvaldo Paulucci condenaron al comodoro retirado Danilo Sambuelli, al militar Jorge Benítez, y a los ex policías Carlos Nickisch, Horacio Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Jorge Benítez, en un proceso oral que tuvo más de 60 testigos, y en el que declararon Zarza, Adelqui Gavirondo y Oscar Ortiz, los tres obreros de Vicentin. Hubo otros detenidos que trabajaban en la planta, como Efren Venturini
, quien declaró frente al fiscal Salum y señaló al capataz de Vicentin que lo «marcó» para que se lo llevaran de adentro de la fábrica. Pero esa persona está muerta, y por ende no se pudo avanzar con la imputación. En la declaración de Zarza en Fiscalía, se presentó la misma dificultad: Francisco «Sapo» Vicentin, encargado de planta (sin relación con la familia propietaria), quien cedió la máquina de escribir de la empresa para que se hiciera el acta de detención, también falleció.
Las declaraciones se enmarcan en la continuidad de la investigación sobre el accionar del terrorismo de Estado en la zona, en la causa que ya tuvo un segundo juicio oral, en 2017, en el que resultaron condenados Omar Rubén Noce, de la Guardia Rural Los Pumas; y Juan Antonio Mulasano, de la ex Jefatura de Reconquista. La investigación sigue, con un trabajo minucioso de la Fiscalía, pese a que sólo Salum –y un único empleado– tienen a su cargo la investigación de todas las causas federales de la zona.
En verdad, todavía no hay certeza sobre la posibilidad de establecer imputaciones por la responsabilidad de Vicentin. Para eso harán falta pruebas, documentos y más testimonios. La Federación Aceitera también se presentará como querellante
. «El fiscal está investigando un desprendimiento que tendría que ver con hechos vinculados concretamente a la actuación en el marco del terrorismo de estado de Vicentin. Esto es importante para nosotros, pero la Federación se va a presentar igual, con causa Vicentin o no, porque entendemos que estuvieron damnificados 20 trabajadores aceiteros«, señaló Juan Martin Combi, abogado de la Federación Aceitera, y subrayó que «la investigación gira en torno a otro punto estratégico de litigio. Cuando planteás un desprendimiento de las causas, es porque estás encontrando un punto que hace a la posible participación de la parte empresaria en un delito de lesa humanidad, que fueron detenciones y no desapariciones. Lamentablemente, no están vivas ninguna de las personas del directorio de Vicentin de aquella época. Entonces, se debe enfocar la investigación en torno a los cómplices y co partícipes del hecho».
En febrero, poco después de asumir, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Lucila Puyol, se reunió con el fiscal Salum para ofrecerle colaboración en las causas de derechos humanos de la zona. La Fiscalía Federal de Reconquista no tiene una Unidad especializada de Derechos Humanos. A través de un convenio institucional, la Secretaría pondrá sus recursos para aportar en la investigación y recopilar documental sobre el accionar del terrorismo de estado y la posible complicidad empresarial. «Ofrecimos colaboración con el Programa de Protección a Testigos y asistencia en salud mental para víctimas del terrorismo de Estado, porque hay posibles testigos que no quieren hablar», dijo Puyol.
Las certezas de la complicidad empresarial
Desde la Federación Aceitera de la Argentina, que lidera Daniel Yofra, la decisión es aportar en la investigación sobre la detención ilegal de obreros de Vicentin en el norte de la provincia de Santa Fe, en 1976. «Lo concreto a investigar es si los trabajadores que estaban participando en acciones gremiales fueron identificados, marcados y secuestrados ilegalmente con la participación de la empresa», expresó Juan Martín Combi, uno de los abogados de la Federación, junto a Carlos Zamboni.
La decisión de querellar se funda, explica, en que «hay hechos llamativos. Si a un delegado, que había hablado en una asamblea, se lo llevan, hay que investigar. Sabemos que los militares cometieron delitos, pero también sabemos que no lo hicieron solos. La pata empresarial estuvo activa, y eso se verifica en varias empresas. Hubo complicidad en la entrega de datos, en marcar compañeros, en facilitar instalaciones. En Vicentin todavía no lo podemos afirmar con certeza jurídica, pero sí en la sospecha de los compañeros».
