En toda causa judicial hay dos cuestiones que resultan fundamentales. Una es esclarecer cómo sucedieron los hechos, la otra determinar si los mismos pueden ser tipificados como delito.Teniendo en cuenta esas circunstancias, podemos afirmar que el caso Sebastian Romero emerge como un verdadero paradigma.
Romero es un delegado gremial de la automotriz rosarina General Motors y militante del PSTU que concurrió junto a miles de personas a manifestarse el 18 de diciembre de 2017 a la Plaza de los Dos Congresos para repudiar uno de los avances macristas que más daño le hacían al bolsillo de las y los jubilados, el proyecto de reforma previsional.
Ese día Romero pasó a ser conocido como “El Gordo Mortero”. Esta nota apunta al análisis de la construcción y deconstrucción del hecho, de su tipificación y porque no del apodo.
Para tamaña tarea, empezaré por destacar que el macrismo con sus necesarias extenciones políticas en el plano represivo y judicial, hizo conocidos dos términos que en la práctica formaron parte de su entramado de poder. Me refiero a “lawfare” y “posverdad”.
El primero se refiere al uso del sistema judicial contra el enemigo en lo que podría denominarse como guerra judicial y, aunque la Real Academia Española nada diga al respecto, en Argentina también es sinónimo de “Comodoro Py”. Vale recordar que en un congreso sobre Justicia Federal realizado en julio de 2019 el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, reconoció la existencia de estos armados políticos-judiciales cuando dijo textualmente: “Estoy hablando de causas armadas artificialmente… de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo (…) con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante”.
Esta confesión de parte generó a su vez uno de los más resonantes tuits de la entonces senadora CFK y en conjunto lograron darle al término anglosajón “lawfare” sus más que merecidos cinco minutos de fama.
Para el segundo término (posverdad), vamos a recurrir a los nobles servicios de la Real Academia Española que lo define como “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. Lo que no dice la RAE, aunque sea vox populi, es que en Argentina ese término también es sinónimo de Patricia Bullrich.
Así fue como la mejor ministra del mejor equipo de todos los tiempos construyó relatos insólitos relacionados a las causas de Santiago Maldonado y Rafita Nahuel donde se mezclaban RAM, lanzacohetes, financiamiento británico y obviamente el entrenamiento de los mapuches en lejanas tierras controladas por la guerrilla.
Mas allá de lo incongruente del relato ministerial, esa posverdad logró tener efecto e incidir tanto en lo judicial como en lo mediático. La falta de registro fílmico de los sucesos en cuestión, le proporcionaba a la ministra la impunidad necesaria para dar rienda suelta a su perversa imaginería.
Esto no sucedió en el caso de “El Gordo Mortero”. No me refiero a la impunidad de la ministra para dar rienda suelta a su perversa imaginación, sino a la falta de registro fílmico. Efectivamente, la foto de Sebastián Romero la vimos todas, todos y todes. La filmación también.
Sin embargo pareciera que parte de esa construcción macrista de la “posverdad” se ha impregnado en nuestra sociedad, ya que se sigue hablando de algo que no ocurrió aunque la imagen nos muestre lo contrario.
Por eso digo que su caso es realmente paradigmático. La foto muestra una cosa, pero se continúa repitiendo el relato que construyó Bullrich. ¿Qué nos muestra la foto? A una persona que en el marco de una represión, lanza un elemento pirotécnico atado a la punta de una rama. ¿Qué nos muestra el relato? A una persona disparando un arma de fabricación casera. Lo mismo que dicen en relación al caso de Rafita Nahuel, solo que acá la acción está filmada.
Y hablando de filmación, vale aclarar que los noticieros editaron la imagen de Sebastián repitiendo la misma secuencia varias veces, logrando un producto audiovisual muy entretenido para la audiencia, aunque más propio de un juego bélico de la Play que de lo que realmente sucedió.
El resto, no son más que anécdotas. La gesticulación que utilizó para lanzar el “Júpiter”, las rastas y su contextura física, hasta donde yo sé, no están tipificadas en el Código Penal y por ende no son materia de ser judicializadas.
Lo que no es anécdota, es la desconfianza de Romero en el Poder Judicial y por ende, su obrar posterior a los hechos. Digo que no son anécdota, ya que Bullrich ofreció por su captura una recompensa mayor a la que se ofrecía por la de cualquier genocida, por más asesinatos, secuestros, violaciones, desapariciones, torturas o robos de bebés que hubieran cometido.
Y reitero que no son anécdota, porque otro compañero suyo del PSTU, el trabajador petrolero Daniel Ruiz, pasó 13 meses preso en el penal de Máxima Seguridad de Marcos Paz, acusado de lo mismo.
¿ Y todo para qué? Para que en el juicio oral y público al que lo sometieron, el Perito experto en explosivos dictaminara lo que todo el mundo sabe por haberlo visto en la foto, que Daniel y Sebastián manipularon un elemento pirotécnico de venta libre atado a la punta de una rama, el cual resulta absolutamente inofensivo para cualquier persona que se encuentre a tres metros del lugar donde es lanzado.
A esta altura debo remarcar que tanto por cuestiones fotográficas como ideológicas, está absolutamente probado que el distanciamiento social entre Sebastián y la policía era mucho mayor a los 3 metros.
Dicen que todo humor es político y supongo que así debe ser. Por eso el “meme” que lo muestra a Romero ofreciéndole a los norcoreanos la rama con el fuego artificial atado a la punta, cual si se tratase de una armamento nuclear, sirve para resaltar lo ridículo, no de Romero, sino de un gobierno, una ministra y una justicia que lo persiguió por ese motivo.
Ya lo aclaré antes, el relato de la posverdad te hace creer y decir algo distinto a lo que estás viendo. Desde CADeP, el organismo de derechos humanos que lleva adelante su defensa y al cual pertenezco, nos posicionamos por creer y decir lo que vemos, que Sebastián Romero es un preso político y que hay más.
*Abogado de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP).
