La causa del espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora no deja de dar sorpresas. El juez Federico Villena le mostró al obispo Jorge Lugones las pruebas de que lo espiaban: incluyen escuchas telefónicas, búsqueda de información sobre sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, rastreo de dinero en el exterior (inexistente) y sobre todo sus diálogos con el Papa Francisco. De las conversaciones entre los propios espías surge que no querían que Lugones fuera designado titular de la Pastoral Social, monitoreaban sus vínculos con las organizaciones sociales y gremiales de Lomas y suponían que estaba trabajando en un armado político vinculado con el pontífice. En esa estructura también inexistente incluían a un hermano de Lugones, Luis (Lucho), dirigente del peronismo de La Plata, y a Pablo Bruera, ex intendente de La Plata, que en realidad es un sobrino del obispo, pero los espías no lo sabían. Los tres, Jorge y Lucho Lugones, y Pablo Bruera pedirán ser querellantes en la semana que se inicia judicialmente este martes, sumándose así a Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta.
Lo que surge de la investigación realizada hasta ahora por el juez Villena es que todo el grupo reportaba al director de Operación Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Alan Ruiz. En este caso ocurre lo mismo: en sus conversiones, los agentes dicen que le informan a Ruíz, pero también al ex subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, de estrecha vinculación con la gobernadora María Eugenia Vidal.
Este viernes hubo una dura condena de la Iglesia al espionaje ilegal, según consignó el periodista de este diario Washington Uranga. «La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, máximo organismo ejecutivo de los obispos católicos, emitió un comunicado ante los ‘delitos de espionaje ilegal’ pidiendo ‘desterrar de nuestra República estas acciones contrarias a los valores de la democracia y que afectan gravemente la libertad individual y la privacidad de los ciudadanos». En el mismo texto, el Episcopado expresa su solidaridad con el obispo Jorge Lugones, titular de la diócesis de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, «uno de los damnificados por las escuchas ilegales que también afectan a periodistas, dirigentes políticos y sociales, y sacerdotes».
El obispo Lugones no concurrió al juzgado de Villena sino que el encuentro fue por videoconferencia, dado que el religioso está en el grupo de riesgo, tanto por la edad, 67 años, como por algunos antecedentes de salud. Por lo tanto, la exhibición de evidencias fue de manera remota. Las escuchas salieron de los celulares secuestrados a los agentes, en especial del ex policía y agente de la AFI, Leandro Araque, mientras que las investigaciones sobre el dinero figuran en informes de las empresas Nosis y Sudamericanadata.
Por lo que aparece en las escuchas, el espionaje a Lugones tenía varios motivos:
*En primer lugar, el vínculo con el Papa Francisco. El obispo es jesuita, como Bergoglio, y su referencia es el pontífice. La hipótesis era que Francisco quería ir conformando un armado político con dirigentes sociales, sindicales y del peronismo. En los diálogos se ve que los espías piensan que el obispo se basará en su hermano Lucho, por su peso en el peronismo platense, y en el ex intendente Bruera. De entrada creen que Bruera es una pieza más de la estructura política pero después se dan cuenta que habla en forma frecuente con el obispo porque es su sobrino.
*El segundo aspecto del seguimiento tiene que ver con la designación de Lugones como titular de la Pastoral Social. En los diálogos, los espías mencionan que el oficialismo no quería a Lugones en ese cargo, según lo que dicen sus jefes en la AFI, porque es de los más críticos de los gobiernos de Macri y Vidal respecto de la pobreza.
*El tercer motivo tiene que ver con que Lugones es obispo de Lomas de Zamora y, como tal, muy allegado a los movimientos sociales y organizaciones sindicales de la zona. En este terreno, los sacerdotes de la Diócesis de Lomas de Zamora firmaron una carta de solidaridad con Lugones.
En la semana que se inicia, el obispo, su hermano y el ex intendente Bruera se presentarán en el juzgado de Villena y pedirán ser querellantes. Es un gesto significativo porque el religioso tiene el apoyo de toda la iglesia argentina. Se suma así a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ya fueron aceptados como querellantes. El miércoles pasado, Villena le mostró a Larreta las evidencias del espionaje ilegal en su contra. Básicamente son diez fotografías, todas en restaurantes y bares, ninguna en un lugar privado, y las tomas son de afuera de los locales, cuando el mandatario porteño estaba reunido con distintas personas, en algún caso dirigentes políticos. Larreta juzgó que no hubo violación de su intimidad, pero que las pruebas exhibían que el seguimiento existió. Además, decidió convertirse en querellante por lo que pueda aparecer en el expediente. Por supuesto que el argumento que se maneja en Cambiemos es que Mauricio Macri no tuvo nada que ver y que fueron cosas de Alan Ruiz o de los propios agentes. No parece una versión muy sostenible teniendo en cuenta lo publicado por Página/12 en su edición de este sábado: Araque, el abogado Facundo Melo y el otro ex policía, Jorge Sáez, ingresaron doce veces a la Casa Rosada y se reunieron con una funcionaria de confianza de Macri, la Coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo.
