El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, va a profundizar esta semana la investigación sobre una gravísima operación de inteligencia (una más) que se concretaba en los pabellones C y D del Módulo 6 del penal de Ezeiza. No sólo estaba intervenido el teléfono público, sino que había micrófonos en las celdas y en la sala donde los ex funcionarios y empresarios detenidos se reunían con sus abogados y hasta donde se producían los encuentros con las familias y visitas. La evidencia surgió de los allanamientos en dos dependencias del Servicio Penitenciario Federal pero sobre todo en un celular de un agente de la AFI y ex penitenciario, Leandro Araque. Quienes vieron las pruebas se asombraron: «¡Este tipo no borró nada de su celular en años». Pero el arranque de la semana en Lomas ya será un torbellino: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner irá este mismo lunes al juzgado de Lomas
a ver las evidencias que encontró Villena sobre el espionaje del que la ex mandataria fue víctima.
El magistrado la citó sin fijar horario para que vea las pruebas que se encontraron en el celular de Araque, pero también en el de otros dos agentes de la AFI, el abogado Facundo Melo y un segundo ex penitenciario, Jorge Sáez, así como en las computadoras del SPF. En total, se encontraron 1500 carpetas. Horacio Rodríguez Larreta también concurrirá a Lomas esta semana: será un momento incómodo porque se encontrará con el espionaje ilegal puesto en marcha por quien fue su jefe político, Mauricio Macri.
Esta trama del espionaje de Cambiemos fue adelantado por Página/12 el 11 de mayo a raíz de la investigación de un atentado-amenaza en julio de 2018, contra el ex subsecretario de Defensa José Luis Vila. Un narco, Sergio Verdura Rodríguez, contó que puso una caja con trotyl en la avenida Callao por pedido de Melo, abogado y agente de la AFI. El hilo llevó luego a los dos ex penitenciarios, Araque y Sáez, cuyos domicilios fueron allanados y sus celulares secuestrados.
El vínculo de la AFI con la Dirección de Reunión de Información –Inteligencia– del SPF se fue verificando, por lo que Villena ordenó el allanamiento de esa Dirección y también la Dirección de Seguridad del SPF. El titular de Inteligencia, Claudio Suriano, pidió la jubilación esta semana, mientras que el jefe del SPF, Emiliano Blanco, presentó su renuncia.
Araque y Sáez hicieron un asombroso trayecto laboral: del Servicio Penitenciario pasaron a la AFI y de la AFI a la Policía de la Ciudad. Las malas lenguas dicen que eran hombres recomendados por el fallecido Jorge El Fino Palacios, el policía de confianza de Mauricio Macri, ya involucrado en una operación de espionaje anterior en que, por ejemplo, espiaron a la hermana y al cuñado de Macri.
De todas maneras, lo más impactante fueron las fotos, videos y documentos que se encontraron en el celular de Araque, pero también en lo secuestrado a Melo y Sáez, y en las dos dependencias del SPF. En total, hay 1500 carpetas con material sobre políticos, intelectuales, jueces y periodistas, incluyendo adherentes al propio macrismo: Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Nicolás Massot, Emilio Monzó y muchos otros. En Lomas dicen que hasta había carpetas de Florencia Kirchner y de Florencia Macri, la hermana menor del mandatario. Según indicaron distintas fuentes, Villena también se chocó con pruebas de espionaje en el penal de Ezeiza, parte del cual ya se conocía y en el que el juez también tuvo responsabilidad. Pero las nuevas evidencias mostrarían un cuadro de situación aún mucho más grave.
«Cableado»
En el argot, a las escuchas con micrófonos ocultos se la llama «cableado» y los indicios apuntan a que el módulo 6 del penal de Ezeiza estaba cableado casi en su totalidad. Los ex funcionarios y empresarios estaban detenidos principalmente en los pabellones C y D, pero también algunas veces en el A o en el B. Allí estuvieron en uno u otro momento, por ejemplo, Amado Boudou, Carlos Zannini, Luis D’Elía, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Lázaro Báez, Cristóbal López o Fabián de Sousa, entre muchos otros.
A esos detenidos siempre les llamó la atención que sumaran dos o tres narcos, algunos de ellos muy pesados, como Mario Segovia, el llamado «rey de la efedrina». O sea que resultaba incongruente que en el mismo pabellón, de máxima seguridad, estuvieran personas que de ninguna manera se escaparían, con narcos que entrañaban un verdadero peligro de fuga. Todo indica que la razón era el espionaje: el SPF preparaba como argumento que en verdad tenían información de una fuga y por eso realizaban el control de lo que pasaba mediante escuchas. El argumento fue usado en un momento por el propio Villena y las grabaciones terminaron en manos de Claudio Bonadio que, a su vez, las distribuyó entre periodistas adictos para que realizaran las operaciones de prensa contra el peronismo con escuchas ilegales. Usaron diálogos de detenidos con sus abogados, con amigos y hasta con sus parejas.
En principio, el cableado fue concretado por una especie de yerno –en rigor el novio de una hija– de un agente de la AFI. Esto demuestra una vez más que los «candados», como les dicen a los agentes penitenciarios, estaban combinados con la central de espías que mandaba el gran amigo de Macri, Gustavo Arribas.
Como es obvio, el espionaje en las celdas, la sala de reunión con los abogados y el ámbito de encuentro con las visitas y familias es una violación de los derechos humanos, del derecho a la intimidad y violación del derecho de defensa. La AFI y el SPF y a través de ellos el aparato político-judicial-mediático, podían enterarse hasta de los argumentos de las defensas en los procesos judiciales.
Queda el interrogante de cómo es que se hizo algo tan masivo y torpe, del que quedaron rastros en celulares y computadoras. Una respuesta posible es que el macrismo llenó la AFI de policías, ex comisarios, oficiales y suboficiales, que actuaron como lo hacen de forma habitual: van y vienen con los secretos, difunden lo que hacen, venden información al mejor postor. No es casual que dos hombres claves hayan terminado en la Policía de la Ciudad. También en la trama de Marcelo D’Alessio, investigada por el juez Alejo Ramos Padilla, había dos ex comisarios bonaerenses al frente de la operación.
