Mientras el Ministerio Público Fiscal y las querellas esperan que la Cámara de Casación Penal evalúe los pedidos y propuestas que presentaron días atrás para que el proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura retome su ritmo en el marco de la pandemia de coronavirus, algunas jurisdicciones decidieron empezar a dar algunos pasos. Mar del Plata, por el momento, lleva la delantera: la semana pasada, el Tribunal Oral Federal de esa localidad emitió la primera sentencia desde que se desató la pandemia en Argentina y condenó a 35 genocidas
por secuestros, torturas y asesinatos cometidos en esa ciudad y sus alrededores. Además el miércoles, retomará vía videoconferencia el juicio por el tercer tramo de la causa que investiga los hechos del centro clandestino conocido como La Cueva, que comenzó en febrero y está en etapa de testimonios.
Se trata del primer debate por crímenes de lesa humanidad que retoma las audiencias en instancia de producción de prueba desde que todo fue suspendido producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretaro por el Poder Ejecutivo. Había comenzado a fines de febrero pasado, cuando los jueces Daniel Obligado, Sabrina Namer y Fernando Machado Pelloni –subrogantes todos en el TOF de Mar del Plata– se dispusieron a juzgar a los ex agentes de inteligencia de la Base Aérea Juan José Banegas y Ceferino Silva; al ex auxiliar de Defensa Antiaérea Miguel Ángel Ruiz, el ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Eduardo Ullúa y el ex teniente coronel Emilio Nanni por secuestros, torturas y homicidios en contra de 61 víctimas que estuvieron encerradas en La Cueva, el centro clandestino que funcionó en la Base Aérea de la ciudad balnearia.
El debate contó con escasas audiencias previas a la feria extraordinaria declarada por la Corte Suprema. Comenzó el 21 de febrero con una inspección ocular al radar de la Base de Aérea y algunas pocas jornadas en las que se escucharon a testigos sobrevivientes del centro clandestino. El TOF decidió retomarlo luego de que uno de los imputados, Ullúa, hiciera una presentación al respecto de su prisión preventiva, que cumple tres años en breve. Fue detenido en 2017, tras permanecer nueve años prófugo.
“La justicia es un servicio público esencial tanto para las víctimas, que la esperan hace 40 años, como para los imputados. No puede frenar, necesitamos avanzar y tenemos las herramientas para hacerlo”, puntualizó Daniel Adler, fiscal general, coordinador de la unidad de Derechos Humanos del circuito federal de Mar del Plata y representante del Ministerio Público en este juicio que avaló la decisión del tribunal de retornar a las audiencias. El secuestro de les abogades en el marco del operativo que se conoció como “La noche de las corbatas” integran la nómina de casos a revisar. Para cuatro de ellos, será la primera posibilidad concreta de obtener justicia.
Tanto la propuesta que presentó ante Casación la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la humanidad, como los escritos con los que el Centro de Estudios legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo y el abogado Pablo Llonto que la respaldaron, plantearon retomar cuanto antes los debates que quedaron en instancias definitorias, como alegatos y sentencia. Para aquellos que estuvieran, como el de Cueva III, en la etapa de testimonios, consideraron necesario la constitución de equipos interdisciplinarios en los que víctimas y querellas tuvieran la posibilidad de opinar respecto de cuáles podrían llegar a ser los mejores modos para volver al ruedo.
En el juicio oral por el tercer tramo de los crímenes sucedidos en la Cueva, no hay querellas, con lo cual la representación de las víctimas está en manos de la Fiscalía. La jornada del miércoles consistirá en la transmisión de testimonios filmados durante los juicios que se desarrollaron por los tramos anteriores de la causa (el primero culminó en 2012 y el segundo integró el megajuicio por los crímenes de la subzona 15). Se llevará a cabo sin público, sin imputados y sin jueces de cuerpo presente. Adler y los dos fiscales auxiliares, Eugenia Montero y Julio Darmandrai se reunirán en la sala de audiencias de los tribunales marplatenses. Los imputados participarán cada uno desde el lugar en donde cumplen condenas o prisiones preventivas —Ullúa es el único que está preso en una cárcel común en la unidad penal número 34 y el resto obtuvo el beneficio del arresto domiciliario— a excepción de Silva, que está excarcelado. Los magistrados viven en la ciudad de Buenos Aires y aún no saben si verán las transmisiones desde el Consejo de la Magistratura o desde sus casas.
