Con el invento de la supuesta «liberación de presos», el abuso de la mentira periodística esta semana fue grosero y excesivo. Puso en evidencia una vez más cómo el sistema de medios hiperconcentrados desestabiliza la república mediante la falsificación informativa. A lo que se suma la campaña anónima de trolls llamando a marchar el 25 de Mayo contra los barbijos y la cuarentena.
La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es: ¿cuál es el límite a esta oposición que miente sistemáticamente, sigue enfermando de odio a las clases medias urbanas y nunca da la cara para corroer la convivencia?
Una respuesta posible puede pasar por recordar que en este país los principales medios periodísticos se han degradado a meros aparatos de manipulación. Sus propietarios integran la corporación de multimillonarios fugadores de dólares que no aceptan los cambios sociales, y aunque se presentan con ropaje democrático y republicano, patrocinan mentiras y abusan de sus audiencias con tal de que fracase el gobierno elegido por amplia mayoría hace sólo cinco meses.
Decididos a quebrar la paz social y a exacerbar los ánimos de una ciudadanía golpeada por la peste y la economía, auspician y fogonean mentiras y violencias antidemocráticas por parte de personajes de conductas repudiables. Sus dizque «comunicadores» (algunos son verdaderos psicópatas con cámara y micrófono), no tienen reparos en inventar, repetir y exagerar mentiras con tal de moldear a un público cautivo que, por comodidad burguesa, se presta al juego conscientemente o no. Lo buscado y logrado es anular su capacidad de análisis.
Esa práctica venenosa distorsiona toda saludable disidencia política y la convierte en lisa y llana enemistad. Que es lo que propaga la hiperconcentración al profundizar la llamada «grieta» que ellos mismos inventaron y cuyo objetivo no es otro que la división del pueblo argentino. Estrategia inmoral que esconde los verdaderos intereses de bancos, grupos económicos y multimillonarios que, con impudicia y desfachatez, atacan a un gobierno que lucha contra una epidemia feroz y a la vez debe soportar trabas legislativas y de jueces chirolitas para frenar el imprescindible impuesto a las grandes fortunas.
Es obvio que Alberto y Cristina son intragables para el neoliberalismo y los sectores del privilegio y la exclusión que tanto dañaron y siguen dañando a las clases postergadas, la producción y el empleo. Pero también es cierto que esos sectores ponen en evidencia algunos aspectos del gobierno que, para quienes lo votamos y sostenemos, son inadmisibles. Como cierto extraño comportamiento en materia comunicacional, ya que hay silencios inexplicables de sus voceros, falta de oportunidad en algunas respuestas y un perfil bajísimo del presidente, salvo con la pandemia. Y eso no es lo que necesitan el gobierno ni el pueblo, que recuerda que Alberto el 10 de diciembre criticó que la administración anterior «gastó 9.000 millones de pesos en propaganda oficial», lo que calificó de «despropósito en un país con hambre». Y a la vez dijo que su Gobierno no financiaría programas de periodistas, por lo que sería conveniente que las pautas publicitarias se informaran públicamente cada mes. A ver si encima le estamos financiando las mentiras a los charlatanes. Sería patético.
Cierto también que hay ejemplos valiosos de neutralización de la andanada de mentiras mediáticas: ahí están la plataforma Confiar, de la Agencia Telam, y algunos cambios positivos que se observan en la Televisión Pública. Pero no dejan de contrastar groseramente con la parálisis del formidable sistema TDA, hoy achicado y plagado de dizque «religiones» brasileñas tipo «pare de sufrir».
Frente al peligroso presente, y al descontrol del sistema multimediático, hay [email protected] [email protected] que sueñan la restitución por DNU de todos los artículos derogados de la Ley de Medios, cuyos postulados y disposiciones se eliminaron por decreto. Pero es un camino difícil y acaso inútil, porque hoy el problema no es la concentración de licencias sino la concentración de redes, que la ley no regulaba; y además las tecnologías y el mercado han cambiado. Pero es claro que algo habrá que hacer frente a la ferocidad y abuso comunicacional imperantes, y por de pronto bueno sería poner freno a los abusos tarifarios y de restricción de servicios por parte de las compañías de telefonía celular y de cable, que son parte del sistema hiperconcentrado.
Parece urgente que el gobierno reaccione frente al juego sucio del aparato mentimediático, entregado ya a su vieja pasión desestabilizadora.
Ahora que tenemos un Estado más presente y eficaz en el cuidado de la ciudadanía, ese Estado debería, y con urgencia, disponerse a las grandes batallas pacíficas con el apoyo de una población bien informada. Y el menú de temas es claro: derogar la Ley de Entidades Financieras; nacionalizar los depósitos bancarios en base al modelo instaurado por el Presidente Perón en 1946; un sistema impositivo justo y equitativo en base al principio de que «quien más gana más paga»; y la urgente sanción del impuesto a las grandes fortunas, no “por única vez” sino como política permanente.
El temario es amplio y no sólo comunicacional, pero también y sobre todo comunicacional. Y la agenda, como el límite de la pregunta inicial, los debe poner el Estado.
El Presidente conoce mejor que nadie el estado de la república y bien hace en cuidar y cuidarnos a todos/as, incluso a la canalla insolentada. Pero si elogia el equilibrio –-siempre meritorio y signo de prudencia y sabiduría–-también ha de saber que cuando alguna facción rompe el equilibrio, hay que proceder. Y hoy en la Argentina política no hay equilibrio sino un grosero abuso por parte de los enemigos de la democracia, de la libre expresión, de la solidaridad y la justicia social, e incluso de la soberanía.
Ante eso, muchos
pensamos que ya es hora de producir los grandes cambios legislativos y
judiciales. No ha sido ni será Alberto el mandatario que pase a la historia
como abusador de los DNU, pero bien puede ser el que aplique los pocos,
necesarios y fundamentales DNU que la desdicha del pueblo exige.
