Un informe de ELA que encuestó a organizaciones de mujeres y activistas da cuenta del impacto de las medidas oficiales sobre la problemática.
Las medidas para contener la pandemia pusieron en emergencia la prevención y asistencia a en la violencia de género, crítica desde mucho antes. ¿Cómo se está respondiendo? Una investigación relevó a organizaciones y activistas que trabajan acompañando casos de violencia de género en el país y encontró que las principales preocupaciones de las mujeres asistidas son el acceso a recursos materiales (73 %), a una vivienda alternativa para excluir al agresor denunciado (71 %), a refugios (63%). La lentitud de la justicia y las dificultades de seguimiento de las denuncias también son una preocupación. Al mismo tiempo, la evaluación de las diversas medidas adoptadas por los Estados para mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria es mayormente positiva. El 83% señaló como muy importante la incorporación de víctimas de violencia de género a programas de asistencia socioeconómica.
La investigación da cuenta de una «interpelación muy fuerte a los Estados locales y provinciales que son los que deben responder en el contexto de su cercanía para asistir en la emergencia. Además de la emergencia sanitaria y alimentaria, esta también tiene que ser una cuestión prioritaria«, dijo Natalia Gherardi, directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Según datos del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano” de la Casa del Encuentro entre el 20 de marzo y el 14 de mayo se registraron 49 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas en el país. La violencia no para, e incluso, se agudiza. Las consultas al 144 aumentaron un 39 % en las primeras semanas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se duplicaron. En este contexto, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) llevó adelante la investigación “Las brechas de las políticas públicas. Miradas desde la sociedad civil sobre el abordaje de la violencia por razones de género en tiempos de covid-19”, en la que encuestó a 48 organizaciones y realizó diez entrevistas en profundidad con activistas de distintas regiones del país que asisten situaciones de violencia de género. El marco fue el proyecto Cerrando Brechas II: Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género promoviendo la igualdad, en el que además participan CAREF, FEIM, MEI y la Fundación Siglo 21.
Los puntos clave
Los principales hallazgos de le encuesta en cuanto a los obstáculos en el acceso a la justicia son:
* La disponibilidad y el acceso a recursos materiales es señalada por el 73% de las organizaciones encuestadas como una de las cuestiones que más preocupa a las mujeres asistidas.
* En caso de requerir una medida de exclusión del hogar para el agresor, el acceso a una vivienda alternativa para implementar esa medida preocupa al 71% de las personas encuestadas.
* Para el 63% el acceso a refugios también es motivo de preocupación.
* Mientras que el 52% considera muy preocupante la dificultad para concretar el cobro de las cuotas alimentarias resueltas judicialmente.
* El 65% menciona que es un gran obstáculo el seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, ya que aun con la decisión de su prórroga automática, el problema se presenta en el cumplimiento y control.
* Para el 58% de las organizaciones encuestadas, constituye un gran obstáculo la falta de celeridad con la que se tramitan las causas, vinculado con los déficits en la atención del Poder Judicial, donde se mantienen esquemas de funcionamiento limitados en este contexto.
* En poblaciones que ya en general se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad como las migrantes, afro o mujeres con discapacidad, el acceso a la justicia es aún más precario: por la situación migratoria, la falta de documentación o por la inaccesibilidad de mucha información y servicios.
* La lejanía de los centros urbanos, la limitación en el acceso al transporte, las limitaciones en la conectividad o el acceso a la tecnología hace que muchos servicios e información no resulte disponible.
Por otro lado, la investigación indagó sobre la mirada de las organizaciones de las medidas adoptadas por los distintos niveles de gobierno y el poder judicial. Encontró que la evaluación es “mayormente positiva: en una escala de 1 al 5, el promedio de evaluación de todas las medidas a excepción de una (la implementación de la campaña “Barbijo Rojo”), ha sido superior a los 4 puntos”. Además, el 83% de la muestra señaló como muy importante a la incorporación de víctimas de violencia de género a programas de asistencia socioeconómica como, por ejemplo, el Programa Hacemos Futuro a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. En el mismo promedio de evaluación positiva, encontraron a la ampliación de refugios disponibles y la prórroga automática de medidas cautelares.
Más difusión
De todas formas, para el 90% de las encuestadas hay que lograr una mayor articulación entre los organismos de gobierno y las instituciones públicas con las organizaciones de la sociedad civil para la implementación de políticas. Para eso, proponen contar con una mayor participación de estas organizaciones en la formulación de las políticas públicas (85%).
–La encuesta da cuenta de que los viejos problemas de acceso a la justicia para las mujeres en situación de violencia se agravaron. ¿Qué particularidades sumó el contexto de pandemia?
–La situación se agrava por las dificultades para trasladarse, la incertidumbre sobre el funcionamiento efectivo de los servicios (si llego, ¿me atenderán?) y los problemas de comunicación que son muy graves para quienes no tienen acceso a internet por problemas de conectividad o por falta de recursos. Esto es particularmente más grave en las zonas rurales, en los barrios alejados y para las personas que necesitan acceso a servicios más específicos, como algunas mujeres con discapacidad o mujeres migrantes –respondió Gherardi.
–¿La investigación dio con algún hallazgo que no esperaban?
–La investigación se enriqueció mucho con los testimonios de las mujeres que lideran distintas organizaciones territoriales, de muchas provincias. Creo que uno de los hallazgos fue comprobar que hay que mejorar la difusión de información sobre las medidas adoptadas que son valoradas como muy relevantes pero cuya difusión es escasa. Para eso, la comunicación debe hacerse más allá de las redes de las áreas de género, para que llegue a quien no sabe tal vez cómo empezar a buscar esa información. También sorprende la voluntad sostenida de las organizaciones de articular y colaborar en el diseño de las políticas públicas, aun con las enormes dificultades que ellas mismas tienen para sostener su trabajo: el 70% no recibe aportes y las propias referentes han visto reducidos sus ingresos, que generalmente ponen a disposición del trabajo comunitario. Así y todo, la voluntad de ayudar siempre está.
