La jueza Ana María Figueroa podrá explayarse sobre las “presiones” que admitió haber recibido por parte de un funcionario de Cambiemos cuando la Cámara Federal de Casación Penal debía pronunciarse sobre la reapertura de la causa del Memorándum con Irán. Su citación como testigo la formuló el fiscal Ramiro González, quien le envió un cuestionario para que precise circunstancias y nombres de los involucrados. En el mismo dictamen, el fiscal resolvió acumular esa investigación con otra sobre la “mesa judicial” de Cambiemos, que según la denuncia del Frente de Todos encabezaron el ex presidente Mauricio Macri, su ministro de Justicia Germán Garavano y el ex jefe de los espías Gustavo Arribas.
La investigación que el juez federal Sebastián Ramos delegó en González se inició cuando Figueroa reveló que había recibido “presiones” de un funcionario del Ministerio de Justicia en relación con la causa del Memorándum, iniciada a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y con la ex presidenta Cristina Kirchner y parte de su gabinete como principales acusados. Si bien la jueza evitó decir el nombre del funcionario y sólo dio pistas por descarte, la fiscalía incorporó al expediente los tuits de la actual vicepresidenta que señalaron al entonces secretario de Justicia y actual jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques. Desde las redes sociales, Mahiques respondió: pidió que Figueroa aclarara “que jamás acudí a su despacho y que no existió el intercambio que se insinuó” en el programa Toma y Daca, de la AM750.
El fiscal González, que a principios de mayo habilitó la feria judicial y dispuso las primeras medidas del caso, pidió ahora que Figueroa responda una serie de preguntas por escrito: si recibió “alguna presión para resolver en algún sentido en particular” en las causas sobre las que debió pronunciarse entre 2015 y 2019, y en tal caso “en qué consistió la presión que sufrió”; “cuál era la medida, decisión, resolución o concesión que debía efectuar”, “en qué lugar y en qué circunstancias” se produjeron las presiones, y “quién o quiénes” las efectuaron. La declaración como testigo implica, por supuesto, el compromiso de no mentir ni omitir información.
La acumulación con la investigación sobre la “mesa judicial” de Cambiemos, que se inició a partir de una denuncia de legisladores del Frente de Todos, podría derivar en la citación como testigos de varios magistrados que tras la caída del gobierno de Macri comenzaron a hablar sobre situaciones que padecieron. González apuntó en su dictamen que esa “mesa judicial” que planificó, dirigió y ejecutó las presiones la integraron el propio ex presidente, Garavano, Arribas y “operadores judiciales” como Mahiques, José Torello, Pablo Clusellas, Bernardo Saravia Frías y Fabián Rodríguez Simón, entre otros.
Además de repasar distintas declaraciones de jueces como Luis Raffaghelli, Martina Forns o Alejandro Slokar, el dictamen toma nota de las que formuló el radical Mario Cimadevilla, ex titular de la UFI AMIA, quien denunció a Garavano cuando todavía gobernaba Cambiemos y ratificó luego que el ministro de Justicia se ocupaba de “presionar y hostigar” a magistrados y funcionarios. El ex funcionario aseguró que pudo “comprobar en persona que el gobierno de Macri, a través del ministro de Justicia Germán Garavano, pretendió que los jueces no actuaran de acuerdo a la ley sino a los deseos de ese gobierno, y eso es lisa y llanamente una presión”.
