Además de la emergencia económica, Horacio Rodríguez Larreta pretende aprobar este jueves una reforma del Poder Judicial. El proyecto que envió a la Legislatura crea una Secretaría de Presupuesto dentro del Consejo de la Magistratura porteño con amplias atribuciones, incluida la de auditar a los jueces de primera instancia y a los camaristas. También le otorga injerencia en la administración de los ministerios públicos (fiscal, tutelar y de la defensa). Les da nuevas facultades disciplinarias a las cabezas de esos ministerios, entre las cuales está la de cesantear o exonerar empleados. Esto viene generando malestar en todos los niveles del Poder Judicial y planteos de los sindicatos. En la Legislatura, ya tuvo cuestionamientos del radicalismo y del Frente de Todos.
Larreta se encamina a conseguir este jueves que se vote la emergencia económica, una ley que le dará amplias facultades
para modificar el presupuesto a piacere, pero a la que debió hacerle modificaciones
luego de que objetaran la posibilidad de escalonar los sueldos de estatales (les puso un tope de tres salarios mínimos). «Venimos de cuatro años de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. El gobierno macrista
vulneró derechos y castigó con una inflación incontrolable a la clase trabajadora. No se puede apoyar proyectos que continúen en esa lógica”, reclamó el dirigente de UPCN Fernando Barrera.
Mientras continúa esa polémica, Larreta también avanza con una reforma del Consejo de la Magistratura porteño que le permitirá tener injerencia sobre los juzgados, las fiscalías, las defensorías oficiales y la asesoría tutelar. Esto ocurre luego de una polémica por el sistema
dispuesto por el Consejo de la Magistratura porteño, que concentra todas las causas que ingresan sobre el juez que está de turno.
La iniciativa que envió el Ejecutivo propone cambios en el comité ejecutivo del Consejo, pero sobre todo crea una superestructura que concentra facultades de administración de diversos poderes. Se llama la Secretaría de
Administración General y Presupuesto. Esta secretaría, cuya titular ocuparía el cargo por siete años, tiene atribuciones para hacer auditorías en los juzgados de primera instancia y en las cámaras de apelaciones para ver si cumplen los plazos por ley y los reglamentos que dicta el Consejo. Esto ya fue cuestionado por la UCR –en una reunión de la Comisión de Justicia– y el oficialismo se comprometió a modificar el artículo.
La Secretaría de Presupuesto interviene en las compras, en la infraestructura, en las paritarias, en el personal, incluso en cuestiones administrativas de los ministerios públicos. En el proyecto enviado por Larreta se argumenta que así se ahorran estructuras administrativas. Según publicó Infobae, quien ocuparía ese cargo es Genoveva Ferrero, que viene de ocuparese de las cuestiones administrativas del Ministerio de Seguridad porteño y llegó de la mano de Edgardo Cenzón, un ex ministro porteño y bonaerense que la semana pasada tuvo una sugestiva reunión con Larreta en medio de rumores –siempre desmentidos– de cambios en el gabinete tras el escándalo de los barbijos.
El proyecto les da, además, mayores facultades disciplinarias a las cabezas de los fiscales, defensores públicos y asesores tutelares. Incluyen nuevas sanciones, como la cesantía y la exoneración. Las decisiones, previo sumario, solo pueden recurrirse al Consejo. Si este no les da tratamiento, quedan firmes. Desde el sindicato Sitraju enviaron una carta al presidente de la Comisión de Justicia, Martín Ocampo, en la que plantean que no se consultó a los trabajadores antes de avanzar con esta reforma y que las nuevas facultades disciplinarias generan «un absoluto estado de indefensión para los/as trabajadores/as» y violan «el principio de no regresividad en materia de derechos laborales, lo cual transforma a la modificación propuesta en inconstitucional».
Las legisladoras del Frente de Todos Lucía Cámpora, Claudia Neira y María Rosa Muiños también plantearon observaciones al proyecto. “Este proyecto expresa la política permanente del gobierno local –advirtió el legislador del FdT Matías Barroetaveña–: concentración de poder y recursos, amenaza a los trabajadores con sanciones, quita autonomía al Ministerio Público y propone ‘auditar’ juzgados con una peligrosa intervención jurisdiccional.»
