El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta deberá asegurar la entrega de elementos sanitarios, de higiene y limpieza, de medición de la temperatura y la provisión de agua potable en todas las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo dispuso una nueva medida cautelar concedida por el juez Darío Reynoso, que amplía los alcances de la que había dictado la semana pasada, que estaba focalizada sobre las comunas 4 y 8. Pero no es todo: en una resolución aparte, firmada a última hora, dio por incumplida la obligación de la administración porteña de elaborar un “protocolo específico de acción y prevención” para afrontar la pandemia de la covid-19 en los barrios vulnerables teniendo en cuenta sus particularidades y la intimó a presentarlo en un plazo que vence a las 11 de la mañana de este sábado 30 de mayo. Si esto no sucede, anunció que habrá multas diarias de 30 mil pesos a los ministros de Salud, Fernán Quirós, de Desarrollo y Hábitat, María Migliore, y de Espacio Público e Higiene, Clara Muzzio, además de la posibilidad de denunciarlos penalmente.
El protocolo en cuestión, que incluso desde mucho antes de la primera decisión judicial de Reynoso reclamaban las organizaciones barriales, debió haber sido presentado este viernes. Pero hasta ahora el gobierno porteño solo mencionó medidas genéricas en la causa y en forma pública, y lo que es más sorprendente, apeló la medida cautelar mientras se siguen multiplicando los contagios de manera vertiginosa en las villas, donde ya suman 3331 los casos de coronavirus, casi la mitad del total de toda la ciudad. Las personas fallecidas en estos barrios pobres son 25.
En una audiencia que se celebró de manera virtual el miércoles último, los jefes comunales que habían hecho la presentación inicial ante el juzgado de Reynoso advirtieron que los incumplimientos y la falta de medidas del gobierno porteño continuaban casi una semana después de la primera medida cautelar. Ignacio Alvarez, de la Comuna 4 (que abarca villas como la 21-24, la Zavaleta, la 26, entre otras), señaló que habían relevado 30 comedores comunitarios y encontraron que sólo se les había proporcionado un bidón de lavandina de 15 litros cada 15 días. Ni alcohol, ni guantes, ni jabón, ni barbijos ni el resto de los elementos que había ordenado proveer el fallo. Junto con otros comuneros, le ofrecieron al juez que constatara lo que decían yendo a los comedores.
Como Reynoso había determinado que la causa en trámite es una acción colectiva, convocó a que todos los afectados o interesados se presentaran, en la deliberación se sumaron múltiples planteos para extender los efectos de la primera medida a todas las villas. Entre ellos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad celebró la decisión de Reynoso pero a la vez advirtió que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa incumpliendo las medidas ordenadas por el tribunal, especialmente la obligación de garantizar agua potable”. La abogada del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, Agustina Rodríguez Biasone, retrucaba que todas las indicaciones se están cumpliendo. Sobre el protocolo dijo expresamente que sería entregado, de acuerdo a la cautelar, el 29 de mayo. Reynoso incluso le pidió que lo repitiera para que no quedaran dudas.
También solicitaron participar del expediente el asesor tutelar Damián Corti, el director general de Acceso a la Justicia (Atajo) de la Procuración General, Julián Axat, el defensor del Pueblo, Alejandro Amor, y el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire. Atajo presentó recomendaciones para la elaboración de un protocolo junto con 30 organizaciones sociales, barriales, organismos públicos y equipos académicos. Planteó cuestiones que a esta altura parecen obvias pero que no han sido cabalmente contempladas: como que los barrios populares tienen una imposibilidad material de cumplir adecuadamente el aislamiento por las condiciones de hacinamiento y porque hay hogares que tampoco tienen las características adecuadas para permanecer allí; el aislamiento comunitario no resulta suficiente ni efectivo como medida ante la multiplicación de contagios y la falta de garantía de medidas de higiene y limpieza que persiste; a todo lo que se suma “la prestación deficitaria de agua potable y desagües cloacales”, esenciales para aplicar medidas para evitar contagios; las restricciones de circulación que solo habilitan actividades consideradas esenciales y las medidas de aislamiento afectan los ingresos de familias que viven del trabajo informal o la participación en emprendimientos de economía popular. Todo esto debería ser tenido en cuenta al implementar las medias sanitarias, explicaron en un documento que sugiere un plan de acción y también proyecta la salida de la cuarentena.
En la resolución que firmó este viernes por la noche, el juez Reynoso dijo que esperó hasta las 20 horas el prometido protocolo, pero nada recibió. “Las circunstancias que se plantean en este proceso revisten importancia, gravedad y urgencia, en tanto se trata de la protección de los derechos y garantías de las personas que conforma un colectivo vulnerable en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19”, sostuvo el juez. Para conciliar “esa grave situación sanitaria que padecen las villas, asentamientos y barrios populares de la CABA” y la intención del gobierno de la Ciudad de tomarse el plazo que en días hábiles vencería en las dos primeras horas del lunes próximo, habilitó días y horas y conminó a las autoridades a cumplir con el protocolo hasta las 11 de este sábado.
Pese al escenario complejo que se presenta en las villas por la velocidad de los contagios, las autoridades porteñas habían apelado la primera medida cautelar que, de todos modos, no suspende sus efectos. Mostraron su oposición con argumentos insólitos como cuestionar la validez de la representatividad de la demanda de jefes de cada comuna o el juzgado competente. El primer fallo, además de indicar el protocolo y la entrega de elementos sanitarios, de higiene y limpieza, y la provisión de agua potable, decía que el gobierno debía acreditar espacios “apropiados, oportunos y suficientes para el aislamiento, tanto en hospitales como centros de aislamiento” para casos de covid-19 confirmados. Las denuncias por las condiciones en las que en se hacen y esperan los tests –a veces con pacientes positivos mezclados con quienes aguardan diagnóstico, y sus niñes– pone en duda también el cumplimento de esa medida. Se requerían informes sobre desinfección y medidas urgentes de comunicación y difusión, además de alternativas para casos de violencia de género.
Todo esto fue reiterado en la nueva cautelar con alcance a todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Dice el fallo que “se encuentra en riesgo inminente la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas y, en especial, de aquellas en situación de vulnerabilidad por su condición socioeconómica”. Recordó y pidió aplicar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como son (…) la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza (…) en estos momentos especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna”.
