El plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto de la Cámara de Diputados, le dio respaldo unánime al proyecto del Gobierno para una nueva ley de la llamada Economía del Conocimiento. De la reunión virtual participó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y parte de su equipo que redactó la propuesta que otorga exenciones impositivas al desarrollo de actividades como software, biotecnología, las industrias aeroespacial y satelital, audiovisual, servicios geológicos y de prospección y relacionadas con electrónica y comunicaciones, centros de exportación de servicios profesionales, investigación y desarrollo, nanotecnología y nanociencia y la fabricación bienes 4.0. La iniciativa será tratada en la próxima sesión telemática de la Cámara baja.
El debate, que prometía ser más áspero luego de que el Gobierno suspendió la vigencia de la ley que Cambiemos había aprobado en el último año de su gestión, transcurrió sin sobresaltos. El oficialismo aceptó algunas modificaciones propuestas por la oposición y el dictamen contó con el respaldo de todos los bloques.
Kulfas destacó el “absoluto compromiso” del Gobierno con el sector de la economía del conocimiento, el cual “es muy importante, relevante, y tiene mucho para ofrecerle a Argentina en cuanto a capacidad de desarrollo para crear empleo altamente calificado y aumentar las exportaciones”. Este sector “va a ser uno de los grandes protagonistas de esta década”, agregó el ministro y sostuvo que, a partir de esta ley, se busca darle “mayores certidumbres y mayor inclusión”.
“Hay pymes que hacen un esfuerzo muy grande en incorporar economía del conocimiento en sus procesos productivos”, sumó María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento, y consideró es “importante sumarlas, más allá de que no puedan presentar una facturación enteramente vinculada a estas actividades”.
Las empresas beneficiarias tendrán una reducción del 60 por ciento en el monto total del impuesto a las Ganancias y podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70 por ciento de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social. Un monto que podrá alcanzar el 80 por ciento en el caso que las empresas contraten mujeres, personas transexuales, personas con discapacidad, entre otras. El texto del proyecto también dispone la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento” y de un “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.
