Hubo 28 condenas a perpetua, siete penas de entre 7 y 20 años, y cinco abosoluciones. Por primera vez, sin la presencia de familiares, sobrevivientes y acusados. 

El día de ayer fue atípico por partida doble en Mar del Plata. Lo fue porque, al cabo de dos años de audiencias y más de 300 testimonios, culminó el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en lo que comprendió la Subzona 15, el más grande de esa ciudad. Pero también porque la inmensa mayoría de los imputados recibieron su condena desde sus casas y el Tribunal Oral Federal leyó su veredicto ante algunos pocos defensores, los fiscales y otros pocos querellantes. Y nadie más. Es que la sentencia sucedió en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, la medida que desde hace un mes y dos semanas mantiene al coronavirus controlado en el país, por lo que sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de derechos humanos y militancia no pudieron celebrar la Justicia en la calle. Los abrazos, los “30 mil compañeros presentes ahora y siempre”, los “como a los nazis les va a pasar” fueron virtuales.

“Todavía no puedo desatar el nudo que tengo en la garganta”, cuenta Gloria León. Junto a los tres representantes del Ministerio Público Fiscal y tres abogados defensores, fue la única abogada querellante que oyó de cuerpo presente la lectura de la sentencia que condenó a 28 imputados a prisión perpetua por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, a otros siete los penó a entre 7 y 20 años de encierro, mientras que absolvió a otros cinco. Para ella, además de “difícil”, el día fue “atípico”: “La sala siempre estuvo llena en otras sentencias de lesa. Familiares y sobrevivientes adentro y toda la militancia afuera cortando la calle, esperando sobre la avenida Luro a escuchar las condenas por parlantes. Solíamos salir de la audiencia y festejar con abrazos. Hoy salimos y no había nadie”, contó.

–¿Y difícil por qué?

–Está bueno que haya una sentencia, pero son demasiados años de impunidad y ellos siguen con su pacto de silencio. Así que lo máximo que podemos hacer es esto, condenarlos con todas las garantías y demostrar que nuestra lucha no es venganza. Además es difícil porque hoy la pandemia no nos dejó abrazarnos. He estado todo el día con el celular, pero no es lo mismo.

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León integra el equipo jurídico de la Secretaría nacional de Derechos Humanos desde 2000, pero lucha por Justicia para sus compañeras desaparecidas desde hace más de 40 años. El de ellas, Liliana Iorio, Patricia Lazzeri y Liliana Retegui, fueron tres de los 272 casos de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos que fueron eje del megajuicio que culminó ayer, vía remota, en plena pandemia. “Vivíamos junto a otras dos sobrevivientes en un departamento” en Mar del Plata, cuenta. De allí, ella se mudó un día antes de que una patota las fuera a buscar. “Si estoy viva es porque ellas callaron. Siempre supe que era mi obligación hablar. Se los debo”, dice ahora. A 40 años, la Justicia le sigue anudando la garganta.

Las sentencias

Los integrantes del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Roberto Falcone, Mario Portela y Martín Bava, emitieron una sentencia que “se acercó bastante” a los pedidos de pena formulados por la Fiscalía, evaluó la fiscal auxiliar Eugenia Montero, que asiste junto con Julio Darmandrail al fiscal general Juan Pablo Curi. La acusación había solicitado la prisión perpetua para 31 imputados, en su mayoría miembros de las tres Fuerzas Armadas y la Prefectura Naval Argentina. El TOF la otorgó a 28: Virton Mendiaz, Alfredo Arrillaga, Eduardo Blanco, Jorge Toccalino, Julio Falcke, Oscar Ayendez, Héctor Azcurra, Policarpo Vázquez, Rafael Guiñazú, José Lodigiani, Carlos Robbio, Justo Ortíz, Eduardo Frías, Alfonso Nicolás, Roberto Blanco Azcarate, Luis Bonanni, Raúl Pagano, Osvaldo Siepe, Néstor Vignolles, Héctor Vega, Fortunato Rezzet, Carlos Suárez, Hugo Pabón, Alcides Cerutti, Oscar Gronda, Alfredo Weinstabl, Ernesto Davis y Raúl Pizarro.

Los magistrados, en tanto, confinaron a 25 años de prisión a Juan Eduardo Mosqueda; 22 le dieron a Ariel Silva; a Gonzalo Gómez Centurión lo penaron con 12 años de encierro, mientras que de 10 fue la pena para Cesar Martí Garro Miguel Ángel Domingo Parola. Para Carlos Mansilla y Juan Carlos Aiello, la condena fue a 7 años.

A excepción de Gómez Centurión, que se hallaba excarcelado, el resto llegó a la condena con penas previas o prisiones preventivas, en los casos en los que aún no habían sido sometidos a jucio por su participación en el terrorismo de Estado. Aiello y Robbio son los únicos que cumplían encierro en la prisión vip de Campo de Mayo. Se espera que Aiello, no obstante, salga en breve: cumplía preventiva desde hacía casi 7 años, el monto de la pena recibida.

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Por último, fueron absueltos Eduardo Isasmendi Sola, Juan Roberto Contreras; Silverio Cortez, Juan Tomás Carrasco –el único policía entre los imputados, comisario de Miramar– y Juan Alberto Rincón. Habrá que aguardar los fundamentos del veredicto, que estarán disponibles el 18 de junio próximo para conocer los motivos. Por lo pronto, la lectura que hace la Fiscalía de las cinco absoluciones es que eran imputados que no contaban con pruebas que acreditaran sus participaciones en hechos concretos, por lo que estaban acusados de asociación ilícita. En el caso de Carrasco, la prueba en su contra la aportó él durante una indagatoria, por lo que había peligro de que se autoicriminara.

No hubo diferencias sustanciales entre nuestro pedido y la sentencia, hubo muchas condenas a prisión perpetua. Pero creemos que lo más importante es que el tribunal dio por acreditados todos y cada uno de los hechos que fueron llevados a juicio. Todos sucedieron según el Tribunal. Desde ese punto de vista, es muy positivo el fallo”, indicó Montero, quien al igual que León describió como “atípica” la circunstancias en las que se desarrolló la sentencia. “Es un juicio que duró dos años y tuvo más de 300 testimonios. En circunstancias normales, la calle de la ciudad hubiera estado colmada de gente a la espera de la sentencia que hoy no pudo estar, que en muchos casos la escuchó a través de internet”, destacó.

“Fue bastante extraño”, continuó. Los imputados también oyeron la sentencia vía teleconferencia. Uno de ellos, incluso, dijo sus últimas palabras a través de una video llamada de Whatsapp al teléfono del secretario del Tribunal. “Fue raro. No pudimos verle la cara, pero es lo que las circunstancias permitieron. Lo que valoramos es que la sentencia sucedió, que se dictó en un proceso tan largo, con imputados tan mayores”, sostuvo Montero.

Los casos

El juicio tuvo como eje 272 casos de secuestros y torturas. En 133, las personas permanecen desaparecidas. En otros 28, se comprobó el asesinato ya que sus restos han sido hallados. Hay 111 que sobrevivieron a las violaciones de derechos humanos a las que que fueron sometidas. Como este megajuicio es resultado de una unificación de causas, algunos de los operativos que comprendieron la totalidad de las víctimas ya fueron enjuiciados previamente en la ciudad, como es el caso de las víctimas de La Noche de las Corbatas.

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Este debate, o obstante, permitió ver “la película completa en la represión de la Subzona” 15, explicó Montero. Dentro de la unificación, ingresaron partes de causas que investigan los hechos sucedidos en los centros clandestinos conocidos como “Base Naval” y Cueva” que ya fueron razón de juicios previos. También otros expedientes que repasan hechos de otros centros de la subzona, comprendida por el partido de general Pueyrredón y sus alrededores, y que involucraron a las tres Fuerzas Armadas, la Prefectura y la Policía bonaerense. Por ejemplo, la Sede de la Prefectura, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y la Comisaría de Miramar, que se inspeccionó en tanto centro clandestino por primera vez en este debate.

Hay otros casos que resonaron y aún duelen y que, sin embargo, aún no habían sido evaluados por la justicia federal local. Un ejemplo es el que comprende los secuestros de los actores Gregorio Nachman, Luis Antonio Conti y Carlos Waitz. A Nachman y a Conti los fueron a buscar a sus respectivas casas el 19 de junio de 1976. A Waitz se lo llevaron del teatro “La Botonera”, en enero de 1977. Una patota preguntó por él en los camarines, cuando estaba a punto de subir a escenario en plena función de la obra Israfel. Otro es el secuestro de Cecilia Viñas, quien nació en la ciudad pero fue secuestrada en la Ciudad de Buenos Aires, mientras cursaba un embarazo de siete meses. La mantuvieron cautiva hasta que dio a luz en la Esma. Pero parte de su cautiverio lo pasó en la Base Naval.

Además de esto, la fiscal marcó como cuestión distintiva de este megajuicio el hecho de que “se repasó lo sucedido con personas cuyos secuestros sucedieron en Mar del Plata, pero de las que después fueron mantenidas cautivas en otras ciudades o directamente no se tuvo más información. En muchos casos, la ultimísima noticia es su secuestro”.

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