La semana que pasó ratificó que la situación epidemiológica del Covid-19 esta controlada en Salta, pero otros temas reclaman atención en medio de la cuarentena que sigue un par de semanas más.
La extensión de la cuarentena es un hecho y Salta pica en punta en cuanto a escenarios de flexibilización, ya suman tres semanas sin que se detecten positivos de coronavirus en la provincia, solamente se registran tres casos importados y no hay circulación viral comunitaria. Más allá de alguna circunstancial paranoia en General Güemes, un escrache en el barrio Grand Bourg o una fosa para eventuales 1.500 muertos que se abre en un cementerio local, la situación epidemiológica del Covid-19 se mantiene controlada por el momento.
Sin embargo, a la tranquilidad que arrojan los negativos de las muestras, se contrapone la turbulencia generada por un error no forzado y muy inoportuno de la ministra de Salud, Josefina Medrano, que otra vez con un memorandum generó renuncias, protestas y hasta cortes de calles de la comunidad médica.
En esta oportunidad una advertencia de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, que dijo no se hará cargo de los profesionales contagiados que no tengan los equipos adecuados, fue avalada por el Ministerio con el memo que declaraba válida solo la indumentaria aprobada por Anmat y dejaba inservibles de un plumazo los miles de barbijos y camisolines donados por particulares, políticos y empresas, inclusive los fabricados por los propios hospitales. Esto no sería un problema si la propia cartera de Salud aportara el equipamiento homologado, cosa con lo que ha podido cumplir muy escasamente y en cuenta gotas.
Finalmente, Medrano volvió sobre sus pasos y firmó un acta con los gremios, que hasta ahí se mantenían al margen y fueron introducidos en el conflicto de prepo. Se trata casi de un “mea culpa”, en el que da la posibilidad de validar la ropa no oficial.
Igualmente, para decir que se solucionó el conflicto, como se promocionó desde el Gobierno, todavía falta el visto bueno de la Asociación Interhospitalaria Profesionales de la Salud de Salta (AsInProSaSa) que recién mañana podría expedirse sobre el acta. Al respecto Telmo Albornoz, referente legal de esta organización, advirtió que la ART ya quedó avisada que los equipos no son certificados. En otras palabras, el Gobierno metió un gol con la mano, pero en vez de salir a festejarlo como Maradona con los ingleses, se quedó mirando al árbitro para saber si lo cobra. Así planteada, esta historia está lejos de cerrarse.
Dengue silencioso
Mientras los faroles apuntan al novedoso coronavirus, el tradicional dengue pide pista en la atención médica. Como el año pasado, estadística y realidad parecen disociarse y los casos reconocidos oficialmente quedan chicos respecto a la percepción de la gente.
La circulación viral masiva en el norte hace que los médicos ya dejen de solicitar muestras y ante la aparición de síntomas compatibles recomienden un tratamiento acorde a esa enfermedad.
Una semana atrás Epidemiología contaba 800 casos oficiales principalmente en Salvador Mazza, Tartagal, las Lajitas y Güemes. Pero también reconocieron que hay circulación viral autóctona en algunos barrios de la ciudad de Salta, Aguaray, El Galpón, Metán y General Mosconi, “aunque en menor medida”.
Sin embargo, el viernes en Fm Profesional la médica del Hospital de Salvador Mazza, Carolina Campos, afirmó que solo allí tienen 1.500 casos confirmados y hay 1.500 más que aún no fueron notificados. En Aguaray rompieron la cuarentena para despedir por las calles al fallecido ex intendente y médico Alfredo Darouiche, cuyos familiares señalaron que estaba con todos los síntomas de dengue hemorrágico, aunque falta la confirmación oficial de este diagnóstico con el resultado de la prueba.
En la Capital, la intendenta Bettina Romero anunció que llevan retirados 2.040 toneladas de residuos y cacharros y apuntó a los baldíos privados en mal estado para los que pidió duplicar las multas.
Sin embargo, los vecinos recurren a los medios para denunciar yuyarales y microbasurales en los cuatros puntos cardinales de la ciudad, incluido el acomodado barrio céntrico de Tres Cerritos, donde ya se registran casos. El dengue se volvió transversal y no un patrimonio de la periferia pobre.
Desmontes a toda máquina
Mientras distintos sectores de la economía claman por una apertura de actividades, la industria del desmonte funcionó en la cuarentena a idéntico ritmo que los médicos y los policías. Solamente en Salta se pelaron 1.194 hectáreas, según se desprende de un monitoreo satelital realizado por Greenpeace.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, reconoció que esos desmontes estaban autorizados, pero aclaró que no por esta gestión. Solo le faltó decir, para desentenderse del todo, que era herencia recibida de los tiempos de Romero y Urtubey.
Juan Carlos Romero fue el ideólogo de esta especie de campaña del desierto en el monte salteño iniciada a fines del siglo pasado, lo que lo convirtió en la musa inspiradora de la Ley de Bosques impulsada en 2007 por el diputado nacional Miguel Bonasso. El ex gobernador y actual senador nacional en los últimos meses calificó a esa ley de trágica y dijo que se siente maniatado por ella. La modernidad y el progreso tiene forma de topadora para el macrismo.
En tanto, Juan Manuel Urtubey se fue asegurando que por cada hectárea incorporada a la producción (dícese desmontada), tres hectáreas fueron protegidas. Igual, con Ley de Bosques vigente y todo, el ahora profesor universitario se las ingenió para incorporar a la producción (dícese desmontar) casi 500 mil hectáreas, según lo reconoció en su último mensaje en la Legislatura de 2019. El balance de ambos Juanes dejó a Salta con más de un millón de hectáreas sin árboles, y seguimos sumando.
El club de los cuestionados
Otra particularidad que tuvo De los Ríos, fue la de reconocer que el delito en el que caían los desforestadores era romper la cuarentena, tras lo cual declaró incompetente a la provincia para intervenir por ser un delito federal.
Es altamente probable que mientras el ministro decía eso, en algún lugar de Salta (o en varios), la Policía haya estado aplicando el polémico decreto provincial 255 a quienes salieron sin autorización ni motivos válidos de su casa, o lo hayan hecho sin barbijos. Dicho decreto, que ya fue cuestionado por organismos de derechos humanos, partidos políticos y asociaciones de abogados por ser inconstitucional, habilita a la jefa de la Policía, Norma Morales, a decidir la pena de los que rompen la cuarentena, que puede ser una multa o días de cárcel.
Quedan avisados entonces los que infringen la cuarentena que para zafar de la multa que aplica la provincia, cuando los policías le pregunten que hacían en la calle, deberán decir que estaban desmontando, y así solo se la tendrán que ver con los jueces federales, según la doctrina De los Ríos.
Norma Morales, al igual que el decreto 255, también es cuestionada por sus propios pares por acoso laboral y por haber dispuesto la cesantía en plena pandemia de policías, inclusive condecorados, que esperaban salieran sus jubilaciones.
El que bancó la parada fue el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, que calificó de ñoquis a los cesanteados. El funcionario se anota también en el club de los cuestionados, como el decreto 255 y la jefa Morales, por su persistencia negacionista que le valió el repudio de los organismos de DDHH, y que llevó a Gustavo Sáenz a actualizar la teoría de los dos demonios y mencionar al coordinador Pablo Outes, hijo de una víctima de la dictadura, como un contrapeso dentro de su gobierno de la postura del militar retirado.
Virtual o presencial, esa es la cuestión
La discusión nacional sobre si el Congreso puede y debe sesionar en forma virtual que demandó la intervención de la Corte Suprema, en Salta se resolvió puertas adentro.
El Concejo Deliberante capitalino eligió la virtualidad y con cada concejal desde su casa ya hizo dos sesiones en la que la mayoría de los ediles continuaron con el duelo verbal y legal que mantienen con la intendenta. La semana pasada sancionaron una ordenanza para eximir el cobro de tasas municipales que le significará un pérdida de 70 millones de recaudación al Ejecutivo.
Romero adelantó hace unos días que no la va a vetar, pero como nada es gratis en la vida, avisó que “habrá cosas que no se podrán pagar, que no se podrán hacer, el Concejo Deliberante contaba con recursos extras que ya no tendrá”. En definitiva, a falta de pesos para coparticipar, repartirá culpas con ese cuerpo cuando falle algo por falta de presupuesto. Touché.
Además, anticipó que de ahora en más será un municipio “frágil y desfinanciado” que deberá apoyarse en lo que mande la Nación (la dueña de la billetera) y la Provincia (la dueña de los concejales).
El Senado fue por lo tradicional y, desperdigados y distanciados por todo el recinto, apelan a las sesiones presenciales, aunque con la posibilidad de tener on line a algún legislador que no pueda ir. Mientras, para el martes se espera el debut de los diputados, quienes también discutirán la metodología a futuro, que pronostican será similar a lo decidido por la Cámara Alta.
Todos contra el Macro
No es la única coincidencia entre los legisladores, quienes esta semana apuntaron los cañones al banco Macro, agente financiero y sponsor oficial de la Provincia. En el Senado, el representante de Orán, Juan Cruz Curá, pidió al Ejecutivo que informe cuáles son los términos del contrato que une la provincia con el banco y fue aprobado por unanimidad. En tanto, el guachipeño romerista José Ibarra, en base a eso, solicitó al Gobierno modificar el canon que cobra la entidad bancaria por el servicio para que sea “variable y no fijo”.
En Diputados la también romerista Silvia Varg plantea pedidos de informes similares, el saencista Daniel Sansone reclama la vuelta de un banco provincial, y el peronista Santiago Godoy propone que se rebaje a la mitad el canon que cobra el banco mientras dure la emergencia, una especie de impuesto a la grandes riquezas a la salteña.
El banco Macro en el balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores declaró utilidades en 2019 por $ 40.800 millones. Comparado el último cuatrimestre del año pasado con el de 2018, el crecimiento que obtuvo en ese período fue del 153%. Los argumentos para la rebaja del canon de los legisladores estarían justificados en el peso de los números.
Pegarse al ganador
Finalmente, otra característica de esta semana fue la aparición pública de encuestas, por lo menos tres de las consultoras WE, ICQ y COMPOL. En todas se destaca la buena imagen del presidente Alberto Fernández y del gobernador Gustavo Sáenz.
En el caso de Fernández además, marcan que su figura viene en ascenso, inclusive en la capital salteña, en donde ganó el macrismo en octubre pasado.
Eso explicaría el giro de Sáenz y Bettina, dos ¿ex? Cambiemos que sin pruritos no ahorran elogios para el mandatario nacional cada vez que la oportunidad se los permite. La máxima «Alberto no es Cristina» es la coartada perfecta para ese viraje.
Por el lado de Sáenz, sigue con amplios niveles de aceptación, aunque con lenguaje acorde a los tiempos que corren, se le estaría aplanando la curva, ya que los sondeos registraron un crecimiento de la imagen negativa, que atribuyen a su estilo hiperpersonalista de gobierno, que capitaliza todos los aciertos, pero también los errores de la gestión.
Por lo pronto el gobernador parece haber leído esas encuestas y bajó notablemente el perfil de las primeras semanas de cuarentena en las que munido con un barbijo, aparecía omnipresente no solo en actos del gobierno, sino también supervisando la llegada de viajeros, las colas del banco, en un helicóptero con micrófono en mano y en reiteradas transmisiones en vivo por las redes sociales.
El anuncio y autodesmentida del descuento a los estatales marcó un quiebre, luego de eso las mayoría de sus apariciones públicas fueron en acciones de gestión y enfocadas en Nación. Con menos saludos de codo y más escritorio, el tiempo dirá como repercute en la opinión pública este viraje.
