El Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro informó de un caso de contagio del coronavirus dentro del colapsado establecimiento penitenciario 3 de Bariloche, y por ese motivo dirigentes de la APDH, de la CTA de los Trabajadores local y la Defensora del Pueblo de esa ciudad presentaron un habeas corpus correctivo colectivo y una acción de amparo ante la oficina judicial de la Circunscripción III.
«Nos encontramos frente a una situación de emergencia inusitada que actúa sobre las condiciones de detención, poniendo en riesgo grave y cierto de salud a las personas detenidas, por lo que solicitamos la intervención judicial a fin de garantizar la vida y la salud de la población en encierro carcelario y en dependencias policiales de la ciudad, ante la confirmación oficial del contagio de coronavirus de una celadora del penal», denunciaron en el escrito al que accedió PáginaI12.
«Solicitamos se dispongan medidas adecuadas y suficientes para abordar esta compleja y grave situación, de ser necesario se aisle tanto a las personas privadas de la libertad como a los integrantes del servicio penitenciario en hoteles vacíos de esta localidad, garantizándose la seguridad de los mismos», fue uno de los requerimientos.
El pedido fue impulsado por Ezequiel Palavecino, presidente del Comité contra la Tortura e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Regional Bariloche), Viviana Rancaño, secretaria de Derechos Humanos de la CTA de lxs Trabajadorxs de Río Negro, Beatriz Oñate, defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche y otras representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos.
«El Estado Provincial a través de comunicaciones oficiales hizo público que una de las agentes del Servicio Penitenciario está contagiada de coronavirus, si bien en la misma comunicación se enumeran una serie de medidas dispuestas, estas resultan todas luces insuficientes ya que la agente ha tenido contacto con más personas que las alcanzadas por las medidas preventivas, conforme lo manifiestan las mismas personas que se encuentran dentro del establecimiento penitenciario», describieron en su solicitud.
El director del penal, José Ibarra, informó el año pasado que no recibirían más detenidos “por no contar con espacio físico para alojarlos”. Los denunciantes advirtieron que esta superpoblación y hacinamiento en el penal de Bariloche «hacen imposibles que se cumplan con las condiciones mínimas de salubridad e higiene».
La celadora contagiada tenía a su cargo las condiciones de detención de las internas y el manejo de los alimentos que las familias de los internos llevaban al penal. «Asimismo otro hecho gravísimo es que una de las internas ha mantenido visitas sanitarias con un interno de otro sector, propagando la posibilidad de contacto de un sector a otro», agregaron. A su criterio, «la falta de diligencia y responsabilidad demostrada por el Ministerio de Seguridad pone en peligro la salud de toda la población carcelaria, de los agentes de seguridad de los núcleos familiares de ambos, así como a la totalidad de la ciudadanía barilochense».
