La historia del micro con 61 pasajeros, en su mayoría migrantes latinoamericanos, obligados a irse de Jujuy por el gobernador Gerardo Morales en medio de las medidas de aislamiento por la pandemia del COVID-19, ya es un escándalo internacional. El embajador de Colombia Alvaro Pava Camelo, le envió a Morales una carta lapidaria en la que le advierte que –contra sus declaraciones en varios medios– es totalmente falso que haya obtenido su autorización o la de la embajada que representa para desplazar desde La Quiaca hasta Buenos Aires a un grupo de ciudadanos de su país, que estaban junto a personas de Perú, Venezuela y Brasil, además de algunos argentinos.
“Nunca Señor Gobernador ni usted ni ningún funcionario de Jujuy o de La Quiaca se comunicaron con el suscrito para informar, solicitar autorización y tanto menos para coordinar esa determinación, que por demás considero equivocada y abiertamente transgresora de las citadas disposiciones”, le señaló en alusión a los decretos de aislamiento obligatorio que rigen tanto en Argentina como en su país, y le pidió que se rectifique. Pava Camelo incluso reveló que al enterarse de la inminente partida del ómnibus, el consulado colombiano pidió expresamente a las autoridades jujeñas que se suspendiera el viaje. La embajada de Perú también difundió un comunicado donde dice que “no ha solicitado ni autorizado el referido traslado”.
La nota de Pava Camelo está dirigida a Morales en forma personal. En sus primeros párrafos explica que los gobiernos de Argentina y Colombia tomaron medidas coincidentes que establecen el aislamiento preventivo y obligatorio. “Como funcionarios públicos y como servidores en misión en el exterior, estamos llamados a honrar estas disposiciones y ser el ejemplo de respeto por las instituciones de los dos países, acatando de manera absoluta el confinamiento». Luego le recrimina haber sometido “a un riesgo innecesario no sólo a mis compatriotas y los demás extranjeros trasladados, sino adicionalmente, a todos los argentinos que participaron en el operativo por usted ordenado y a las personas que en el tránsito de las 7 provincias estuvieron expuestas”.
Morales echó de la provincia a las 61 personas, en su mayoría migrantes –como reveló Página/12– y las obligó a subir a un micro rumbo a Buenos Aires, sin garantías de protección y medidas sanitarias ni referencia alguna acerca de dónde serían enviados. El contingente estaba integrado por gente que había llegado a Argentina con el propósito de radicarse en diversas provincias. Otro grupo, que quería volver a su tierra pero se topó con las fronteras cerradas, estaba en el país para hacer turismo y había quienes vinieron a ver el partido de Independiente de Medellín contra Boca que se jugaba el 10 de marzo. Estos últimos son parte del grupo de colombianos. Antes de la partida, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino por los Derechos Humanos (ANDHES) presentaron un habeas corpus ante el pedido de ayuda de algunos de los migrantes que no querían irse del La Quiaca, donde estaban desde que se dictó la cuarentena obligatoria, algunos en un hotel, otros en un comedor. El planteo fue rechazado por el juez Eduardo Hansen.
El argumento de Morales para sacarlos de la provincia fue que habían terminado de hacer 14 días de cuarentena absoluta y habían sido sometidos a controles de salud. En varias entrevistas dijo frases como “en Jujuy no tiramos gente por la borda” y que había acordado con las embajadas de los respectivos países que se ocuparían de recibir y alojar a los pasajeros. Es más, entre los pedidos que envió Jujuy a la secretaría de Transporte para que habilitara al ómnibus a hacer el recorrido, uno de ellos, firmado por el coronel Guillermo Siri, del Comité Operativo de Emergencia, decía que los pasajeros llevaban, cada uno, su constancia médica y descenderían en las embajadas de sus países, para lo cual adjuntaba todos los domicilios. La directora de CAREF, Gabriela Liguori, que desde un inicio atendía la situación de los venezolanos que tramitan su condición de refugiados, contó a este diario que otro funcionario, Pablo Palomares, secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, le había asegurado que estaba todo arreglado con las embajadas.
Como era cantado, cuando el micro fue detenido en avenida General Paz ante la presunta violación de la cuarentena, no apareció ningún representante diplomático que se hiciera cargo. El gobierno porteño tuvo que ubicar finalmente a las personas en tres hoteles, donde cumplen una nueva cuarentena. El juez Hansen, que había negado el habeas corpus, recién cuando el desastre quedó en evidencia mandó oficios al ministerio de Justicia, al de Interior, al gobierno porteño y a la justicia federal para saber si los migrantes tenían garantizadas las condiciones alojamiento y comida. Concedió entonces una apelación.
La detención del micro derivó en la apertura de una causa penal en el juzgado de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, que ya reclamaron a la provincia todas las actuaciones administrativas para determinar con qué fundamentos se violó el aislamiento obligatorio subiendo a 61 personas apiñadas en un micro durante 30 horas o más. Las autorizaciones enviados a la Secretaría de Transporte –que proporcionó un permiso “técnico”— y fueron firmadas por Palomares y Siri, son claves. Pero el otro punto central es que también la justicia solicitó a las embajadas que informen si habían sido notificadas y prestado conformidad para el traslado.
La carta del embajador de Colombia dice que Morales mintió por donde se lo mire, ya que el cónsul general de ese país, Jorge Villamizar, que había estado en constante comunicación con las autoridades de La Quiaca cuando las personas debieron quedarse allí a cumplir la cuarentena, al enterarse de la salida del micro donde iban los colombianos cuando ya era inminente “pidió expresamente no trasladarlos a la Capital por considerar esa medida riesgosa y no conveniente desde todo punto de vista”. Pava Camelo le dice al gobernador que “nunca, reitero, ni ahora ni en fecha anterior he tenido contacto personal ni telefónico con usted ni con funcionarios de su región”. “Además, no podría ser cierta la afirmación que usted y sus funcionarios usaron aparentemente para movilizar a los colombianos a aceptar su traslado, en el sentido que la embajada coordinaría el regreso de estos colombianos a Colombia, dado que es de público conocimiento que el ingreso a nuestro país está cerrado”.
La embajada de Perú también difundió a través de redes sociales un comunicado donde dice que “ante la información difundida en distintos medios de comunicación respecto de la llegada a la ciudad de Buenos Aires de un grupo de extranjeros, entre los que se encontraban cinco ciudadanos peruanos, en un bus fletado por la provincia de Jujuy, la embajada de Perú en Argentina comunica que no ha solicitado ni autorizado el referido traslado”. El texto explica que tomó contacto con los ciudadanos peruanos y “las autoridades correspondientes para asistirlos durante su permanencia en Buenos Aires”.
Además del revuelo político e internacional desatado, la posición de las embajadas podría generarle a Morales y sus funcionarios también un complicación judicial.
