El Gobierno bonerense autorizó a que los empleados estatales mayores de 60 años, embarazadas, portadores de enfermedades consideradas de riesgo y progenitores con hijos en edad escolar, no asistan a sus lugares de trabajo «quedando habilitados a llevar a cabo las tareas asignadas desde sus hogares, cuando ello fuere posible», en el marco de la pandemia del coronavirus​.

Sin embargo quedan exceptuados de la disposición tanto el personal dependiente del Ministerio de Salud de la provincia como de las Fuerzas de Seguridad, salvo que se encuentren comprendidas en alguno de los siguientes supuestos: personas inmunosuprimidas, pacientes en tratamiento oncológico y personas mayores a 60 años que padezcan enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad mórbida e Insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis próximamente siempre y cuando no presente comorbilidades mencionadas en los grupos de riesgo.

 

En la práctica implica que por ser considerado servicio esencial los mayores de 60 años de las áreas de Salud y Seguridad que no tengan ninguna de esas patologías tienen que ir a trabajar.

En la medida, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se explicitó que las personas «deberán acreditar la existencia de las patologías mencionadas ante la Dirección de Salud Ocupacional de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros».

Además se explicó que la medida tendrá vigencia mientras dure la suspensión de clases en las escuelas «la inasistencia de las personas trabajadoras del sector público provincial, cuando se trate del progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente». En el supuesto que ambos progenitores fueran trabajadores del sector público provincial, la justificación se otorgará sólo a uno de ellos.

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Se requirió «que se instrumenten los mecanismos necesarios para asegurar, atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes, el funcionamiento del sector público provincial, garantizándose la atención al público«, explicaron en la Resolución que fue oficializada este martes.

En paralelo, se encomendó a la Dirección General de Cultura y Educación «la implementación, en el ámbito de su competencia, de las medidas previstas en la presente, realizando los ajustes reglamentarios que estime corresponder».

Entre los fundamentos de la medida, se recordó que «el virus que causa el COVID-19 produce enfermedades respiratorias, conociéndose que la principal vía de contagio es de persona a persona, que su rápida propagación supone un riesgo para la salud pública, y exige una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagación y el contagio».

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