A las medidas que anunció el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta -que incluyen el cierre de patios de juegos en las plaza
s y suspender trámites- desde el Frente de Todos en la Legislatura sumaron un proyecto por el cual los empleados de los tres poderes de la Ciudad y de comercios deban presentar declaraciones juradas sobre si estuvieron en zonas afectadas por el coronavirus en los últimos 14 días o si estuvieron en contacto estrecho con infectados. Además, se presentaron una serie de pedidos de informe sobre las acciones del Gobierno porteño hacia los comedores escolares, los institutos de menores y las personas en situación de calle. El asesor tutelar Gustavo Moreno había intimado a la ministra de Desarrollo Humano, María Migliore, para que implemente un protocolo para los sin techo.
Mientras se siguen planeando medidas para el transporte (en especial, el subte) que no incluyen sus supensión, en la Legislatura hubo una reunión de la comisión de Salud a la que asistieron funcionarios del Ministerio de Salud porteño a dar detalles de cuál es la situación actual de la pandemia. Desde el bloque del Frente de Todos presentaron distintos proyectos para abordar tanto la propagación del virus como sus consecuencias económicas.
El primer proyecto es de la legisladora Claudia Neira, quien propuso generar una nueva instancia de control para concientizar sobre la necesidad de cumplir la cuarentena. Se trata de la obligacion para todos los empleados públicos de los tres poderes de presentar una declaración jurada «en la cual deberán consignar si en los últimos 14 días transitaron zonas afectadas por el COVID-19 o si mantuvieron contactos estrechos con casos confirmados o sospechosos de haberlo contraído. La medida incluye además al personal docente y no docente – en cualquiera de los tres niveles del sistema educativo porteño, público y privado – así como también a empleados de comercios y empresas con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.»
“Estamos promoviendo esta herramienta de control sanitario efectivo, para asegurar el cumplimiento de la cuarentena en todos los casos que deban realizar aislamiento obligatorio. Creemos que es posible redoblar los esfuerzos para evitar que en la Ciudad haya más contagios, realizando un control exhaustivo», indicó Neira, quien advirtió que la medida consistiría en una declaración muy simple con el objetivo de «generar conciencia de la gravedad
de incumplir la cuarentena» antes de que llegue a instancias punitivas. Quienes tengan pasaporte, deberían incluir una fotocopia. La legisladora remarcó que lo que busca con el proyecto es que «la población incorpore una actitud solidaria y responsable, y tome conciencia sobre la importancia de preservar la salud pública entre todos y todas”.
En tanto, el legislador Matías Barroetaveña presentó otra iniciativa para crear un «Comité de Seguimiento del Impacto Económico y Social de la Enfermedad COVID-19», con la idea de implementar políticas de contención para los sectores afectados, que podrían consistir en buscar otorgar créditos o eximir de impuestos. “La cancelación o suspensión de diversas actividades afectarán la capacidad de hacer frente a impuestos, créditos y salarios en un contexto de gran fragilidad social. Por lo tanto, el Gobierno debe auxiliar con medidas paliativas a aquellos sectores afectados por las medidas de emergencia sanitaria”, remarcó Barroetaveña.
Por su parte, Neira también presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Larreta explique cuáles fueron las acciones que tomaron con los comedores escolares, con los institutos de menores y con las personas en situación de calle. Sobre la situación de estas últimas, ya hubo una intimación del asesor tutelar Gustavo Moreno a la ministra de Desarrollo Humano. «Las personas en situación de calle no pueden realizar un aislamiento social obligatorio porque no tienen dónde hacerlo», advirtió el funcionario judicial, que reclamó un plan de acción específico para los sectores vulnerables.
«Las personas efectivamente en situación de calle, las personas sin techo en paradores, los niños, niñas y adolescentes institucionalizados en hogares, los adultos mayores en geriátricos del Estado, y las personas con padecimientos mentales internadas en hospitales monovalentes de salud mental son especialmente afectados”, enumeró Moreno. Y pidió protocolos específicos para todos estos grupos. Desde el Ministerio afirmaron que están capacitando al personal del programa Buenos Aires Presente (BAP) y que se implementaron controles en los paradores (ver recuadro).
En tanto, la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) pidió también que se avance con acciones para aquellos menores de edad que están institucionalizados.
