Representante del 40 por
ciento de La Nación (el otro 60 es de los Saguier), a los 80 años murió Bartolomé Mitre, director del diario. Homónimo del fundador de La Nación y Presidente entre 1862 y 1868, padre de la actriz
Esmeralda Mitre, “Bartolito”, como era conocido entre los
empresarios, estuvo lejos de ejercer la influencia política y cultural de su tatarabuelo. Pero fue fiel a las acciones políticas
del diario sobre todo durante la última dictadura militar, durante el
kirchnerismo y, más tarde, cuando la empresa reivindicó a la dictadura y fue criticada por una parte importante de la propia redacción.

Poco locuaz y escasamente
dado a las entrevistas, en 2012 hizo una excepción con el semanario
Veja de Brasil. Fue cuando dijo que  “esencialmente vivimos en una dictadura de los
votos”. “Las constituciones y las leyes se violan y son alteradas sin
escrúpulos en sus mandatos”, dijo. 

Mitre nació en 1940. Su papel dentro de La Nación coincide con dos fechas negras de la
historia argentina. Ingresó al diario en 1966, con la Revolución Argentina de Juan Carlos Onganía. Fue designado presidente del directorio en 1976, con Jorge Rafael videla.  Asumió la dirección del diario en 1982, cuando ya pisaba fuerte al frente de la redacción el periodista Claudio Escribano.  

“Hay una élite de este país que piensa de una manera y una clase
baja que no se informa, no escucha, no toma conciencia y sigue a la
Presidenta”, dijo a Veja en una parte de la entrevista. En el mismo reportaje, sin apoyarse en datos, afirmó que el 80
por ciento de los canales, diarios y radios estaba “bajo el control
del gobierno”. Y alertó que el 7 de diciembre de ese año el Grupo
Clarín debería “someterse a la ley de medios”, o sea
desinvertir, cosa que por cierto solo puede ser exigible a quien
tiene posición dominante en el mercado.

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Irritado con CFK por la
denuncia sobre Papel Prensa, que lo involucraba personalmente a él y
también a los directivos de Clarín, Mitre pudo quedarse tranquilo
el 27 de diciembre de 2017, cuando la Corte Suprema rechazó un
recurso extraordinario y confirmó su sobreseimiento. Fue un modo de ratificar la sentencia de la Cámara Federal,
que a su vez había confirmado el fallo del juez Julián Ercolini. La
demanda penal había partido de Lidia Elba Papaleo, viuda de David
Graiver, el banquero que desapareció en un accidente de aviación en
agosto de 1976 y era el dueño original de Papel Prensa.

Fue justamente en las
oficinas que tenía entonces La Nación en Florida 343 que se produjo
la cesión de acciones de la empresa fabricante de papel al grupo
integrado por Clarín, La Nación y La Razón.

Según Lidia Papaleo, la
dictadura la obligó a firmar bajó amenazas a su propia vida y a la
de su hija. El 14 de marzo de 1977 fue secuestrada, violada y quemada
por las patotas al mando del jefe de la represión bonaerense Ramón
Camps.

El juez Ercolini desechó
que hubiera una conexión entre el traspaso de acciones de Papel
Prensa y la comisión de delitos de lesa humanidad. Dijo que “ha
quedado desvirtuada la hipótesis de relación cronológica, lógica
y jurídica entre los compradores de las acciones de la mencionada
empresa, las amenazas y extorsiones previas y los delitos de
privación ilegal de la libertad y sometimiento a tormentos sufridos
por familiares, integrantes y allegados al Grupo Graiver”. Una
forma de lectura es aceptar que no quedó judicialmente probada la
relación entre unos y otros hechos. Por lo tanto que los acusados no habrían incurrido en crímenes de lesa humanidad. Otra
interpretación es que los hechos existieron. Por lo pronto, existieron los tormentos ejercidos sobre Lidia Papaleo. También es verdad que en 1976 los tres diarios entraron en Papel Prensa. Y también que lo hicieron, según su propia declaración, “previa consulta y
conformidad de la junta de comandantes en jefe”.

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