En el marco de las medidas de prevención que dictó el Gobierno nacional por el avance del COVID-19, el 94,5% de las personas privadas de su libertad que están alojadas en los 48 establecimientos penitenciarios de la Provincia decidieron restringir la visita de sus familiares.

De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en los penales del territorio provincial se alojan 43.660 personas y 41.260 de ellas se sumaron a la cuarentena que regirá durante las próximas dos semanas. Por este motivo, en 31 de las Unidades Penales los internos decidieron por voluntad propia suspender el recibimiento de sus familiares o allegados, tras mantener una mesa de diálogo con autoridades del SPB y la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria.

Según se explicó, esto significa que unos 27.080 internos no recibirán ningún tipo de visita, mientras que otros 8.252 no recibirán a menores de 18 años ni mayores de 60, embarazadas o personas con enfermedades crónicas; y 5.132 solo aceptarán recibir la visita de familiares directos. No obstante, las autoridades informaron que el monitoreo sobre este asunto continua y se espera que más internos se sumen a la restricción, priorizando la salud pública.

En todos los casos se siguió el modelo sugerido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Julio Alak, que constó en mesas de diálogo entre las autoridades penitenciarias y los referentes de los pabellones de los penales mencionados para definir las medidas a seguir.

Durante los últimos días, los médicos de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria recorrieron pabellón por pabellón para brindar charlas informativas sobre cómo prevenir contagios por el virus cuyo brote se desató en China a fines del 2019.

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Es importante remarcar que las autoridades de las Unidades les hacen firmar una declaración jurada a todos los visitantes (integrantes del poder judicial, consulados y docentes, entre otros) donde se les pregunta si tienen los síntomas que provoca el COVID-19 o han estado en contacto con personas que viajaron a alguno de los países de riesgo -China, Japón, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos, Chile, Brasil o Europa- y evitar que quienes pudieran haber contraído la enfermedad estén contacto con los reclusos.

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