La medida fue ordenada por el vicepresidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Víctor Horacio Violini, a efectos de resolver la presentación efectuada por el Defensor de Casación, Mario Coriolano, en la causa caratulada como «Detenidos alojados en la UP Nº 9 de La Plata s/ Habeas Colectivo».
El abogado había cuestionado la prohibición de tenencia y uso de aparatos de telefonía celular por parte de los internos de las unidades penitenciarias en el marco del aislamiento actual. «Anula toda posibilidad de contacto de los internos con sus familiares», fue su justificación, denunciando -a su vez- la ineficiencia de los pocos aparatos de videconferencia ubicados en algunos de los pabellones de las distintas unidades.
No solo eso sino que también «afecta a otras áreas sensibles del proceso de resocialización, como la relativa a la educación y obstaculiza el proceso de comunicación con los operadores de la Justicia», sostuvo Coriolano en los fundamentos del pedido.
Tras haber analizado el contexto, Violini resolvió autorizar el uso de celulares en todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, durante el periodo que subsistan la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Asimismo, dispuso la creación de un protocolo normativo en el que se asegure la efectiva comunicación de los internos con sus familiares y que no sea utilizada con fines ilícitos.
Días atrás, el juez Mario Alberto Juliano de Necochea habilitó el uso de celulares en las unidades penales 15 y 44 de Batán y 37 de Barker, en forma temporaria.
«Hoy están suspendidas las visitas y eso implica un agravamiento de las condiciones de encierro que ya de por sí son complicadas por la situación de hacinamiento, la idea es que mientras dure la crisis permitir la utilización de los teléfonos», dijo el magistrado.
