El miércoles será la última reunión entre el Gobierno nacional y el porteño para definir el recorte a la coparticipación que el presidente Alberto Fernández está decidido a implementar. Si no hay acuerdo, es probable que esa decisión esté a tiro de decreto, con las consecuencias que puede tener si el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, resuelve llevar el tema ante la Corte Suprema. La principal disputa es por el aumento en la coparticipación porteña que hizo Mauricio Macri y sobre el cálculo del costo del traspaso de la Policía Federal. Desde la Nación sostienen que deben pagar el equivalente a los sueldos de los policías, mientras que en la Ciudad plantean que debe considerarse todo el costo de la seguridad. No obstante, un acuerdo que hizo Larreta con Macri por el traspaso del Poder Judicial tomó como variable del cálculo el costo del trabajo. Por ese acuerdo, Macri le transfirió en sus últimos días de Gobierno 2.255 millones de pesos a la Ciudad.
Las reuniones por la coparticipación porteña se vienen sucediendo, con impasses, desde hace dos meses, sin que se llegue a un acuerdo entre los gobiernos. Mientras Larreta está dispuesto a aceptar un recorte en la participación de hasta 0,5 por ciento, en la Nación piensan en podar más cerca del 1,4 por ciento, que es lo que sostienen que Macri le transfirió de más, cuando aumentó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires del 1,4 al 3,75 (posteriormente, bajó al 3,5). También existe la posibilidad de que Fernández disponga dar de baja la totalidad de ese aumento, devuelva la coparticipación a su valor previo a 2016 y cree una partida específica para pagar a la Policía de la Ciudad.
En medio de la discusión, el Frente de Todos puso la mirada sobre una transferencia que se hizo en función del traspaso de partes del Poder Judicial a la Ciudad. Se trata de un reconocimiento de una deuda que Macri le hizo a Larreta y que pagó en los últimos tiempos de su gobierno. La historia de ese traspaso viene de lejos: el primer convenio entre la Ciudad y la Nación se firmó en 2000, con Fernando De la Rúa de presidente y se implementó en 2003 tras la sanción de las leyes correspondientes en la Nación y en la Ciudad. Hubo un segundo convenio, firmado en 2004 e implementado en 2008. En cada caso se transfirieron competencias y figuras penales a la órbita porteña.
Como con el traspaso del subte, esos traspasos generaron una disputa con Macri como jefe de Gobierno y Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Macri exigió el pago de los fondos correspondientes y, al no llegar un acuerdo, recurrió el Poder Judicial. Ya en 2017, con Larreta en la Ciudad y Macri en la presidencia llegaron a un acuerdo sobre cómo se debía calcular el pago del traspaso del Poder Judicial. Fue en septiembre de 2017, cuando el ministro de Justicia Martín Ocampo y la coordinadora del Programa de Transferencia de la Justicia nacional, Claudia Gattinoni firmaron un acta acuerdo para resolver esa disputa.
Y aquí viene lo que le interesó especialmente al Frente de Todos al revisar esos convenios: el acuerdo fue tomar como criterio la carga de trabajo, no la función Justicia. «Larreta acordó con Macri un criterio que ahora le discute a Alberto», es el razonamiento que hacen en el oficialismo nacional. Lo cierto es que bajo ese criterio se calculó una deuda de 2.225 millones de pesos por los años 2008 a 2016. También se calcularon transferencias a hacer en los siguientes años. En 2017, se transfirieron 310 millones; en 2018, 363 millones. Este es otro punto que observan con interés: el pago de los recursos en ese caso no se hizo con un aumento de la coparticipación, sino con una transferencia corriente de los fondos específicos, algo que Fernández podría decidir ahora para la Policía de la Ciudad.
En 2019, curiosamente, no hubo transferencia de fondos por ese año, ni estuvo presupuestada. Pero sobre el final del año, así como transfirió 100 inmuebles a último momento por un valor aproximado de 16 mil millones de pesos, Macri también hizo el pago del monto adeudado a la Ciudad que habían convenido en 2017: es decir, pagó 2.225 millones de pesos cuando ya se sabía que debaja el Gobierno. Se hizo tan tarde este traspaso que el dinero no llegó a incorporarse al presupuesto 2019 por la vía de una modificación del presupuesto.
Es probable que si finalmente esta semana Fernández decide firmar el decreto para recortar la coparticipación (o incluso devolverla al valor de 2015), utilice como argumento este otro acuerdo entre Macri y Larreta. Esto no impedirá que Larreta pueda judicializar esa decisión. Antes de eso, el miércoles será la última reunión -en el Gobierno nacional dicen que es la última, porque la negociación se está agotando- entre el ministro de Hacienda, Martín Mura, y la secretaria de Relaciones con las provincias, Silvia Batakis. Desde la Ciudad no solo rechazan el acuerdo y evalúan su judicialización, sino que amenazan con avanzar con mayores subas de impuestos sobre la población porteña para compensar parte de lo que perderán. Calculan que podrían ser unos 35 mil millones de pesos. Desde la Nación, advierten que con la suspensión del pacto fiscal firmado con Macri, les entrarían unos 18 mil millones de pesos. Las diferencias dejan pocas posibilidades para que la negociación triunfe y ambos mandatarios se saquen una foto firmando un acuerdo. Más bien parece que sus abogados tienen cita para verse en tribunales.
