Fue el denunciante original de la causa por las rutas en Santa Cruz, que basó en un amañado peritaje de las cuentas.

El Tribunal Oral Federal número 2 (TOF2), que encabeza el juicio por la obra pública en Santa Cruz, confirmó que en principio se realiza la audiencia clave de este lunes en la que va a declarar como testigo el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, denunciante original del expediente. Es probable que al principio de la audiencia haya un planteo de suspensión de alguno de los abogados. Es que la sala es reducida y en el juicio hay trece imputados, con uno o dos abogados cada uno, más el equipo de la fiscalía, el equipo de la Oficina Anticorrupción, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo García Uriburu y Andrés Basso, y además los asistentes a las audiencias que son públicas, pero que en este caso serán más porque la audiencia es de mayor relevancia dado que va a declarar el que puso en marcha la causa. Uno de los puntos neurálgicos del testimonio de Iguacel estará, justamente, en la pregunta sobre por qué hizo la denuncia cuando la auditoría que él mismo mandó a hacer no advirtió mayores irregularidades en las obras.

En el juicio sobre el caso Oil Combustibles, el jueves pasado, los jueces le pidieron a los participantes y asistentes que mantengan un metro de distancia entre uno y otro. No es sencillo: el abogado de un imputado necesita consultar con su cliente y no es fácil mantener la distancia. Además, está el antecedente de que en el juicio por la obra pública, el lunes pasado, uno de los abogados pidió cosas tan elementales como que pongan jabón y papel higiénico en los baños cercanos a la sala de audiencias, en Comodoro Py. Como la Corte Suprema recién resolverá el martes que viene, los integrantes del tribunal ratificaron que la audiencia del lunes se hace. Al menos por ahora.

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Después de varias postergaciones y de seis audiencias en las que los testigos fueron dirigentes políticos que no aportaron nada de nada sobre las obras en sí, este lunes le toca el turno a quien supuestamente debería hablar sobre las cuestiones concretas del expediente. Iguacel es un testigo de la fiscalía, de manera que su testimonio estará en línea con la acusación.

Un dato notorio es que la causa nació a raíz de una auditoría que mandó a hacer Iguacel al día siguiente de asumir. Pero no ordenó verificar la construcción de rutas de los 24 distritos del país, sino de uno solo: Santa Cruz. O sea que apuntó de entrada nomás contra el kirchnerismo. Y el estudio realizado por dos ingenieros y un contador –Justo Romero, Martín González Oría y Marcelo Bianchi– llegó a conclusiones llamativas: que no se pagó nada que no se haya construido; que la diferencia fue de apenas el 0,1 por ciento entre lo pagado y lo construido; que las construcciones fueron de buena calidad y que los atrasos resultaron los normales de las obras realizadas por otras empresas en Santa Cruz y en distintas provincias.

Como aquel estudio dejó poco resquicio para la acusación, en el juicio actual el centro parece ser la existencia de sobreprecios, algo que no estaba ni en la auditoría ni en la denuncia de Iguacel. En una ampliación, el ex titular de Vialidad mencionó que tres obras sobre la ruta 3, que se volvieron a licitar, terminaron adjudicadas a un menor valor. En realidad, esas tres licitaciones las ganó CPC, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Las obras se interrumpieron porque CPC no las pudo hacer por conflictos con la Vialidad macrista y hoy están abandonadas. En el interín, en esa obra CPC perdió 50 millones de pesos.

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Uno de los puntos de la denuncia de Iguacel es que se otorgaron demasiadas obras viales a Santa Cruz, algo inaudito porque eso se votó en el Congreso de la Nación. El segundo punto es que demasiadas licitaciones fueron ganadas por empresas en las que Lázaro Báez tenía participación o la mayoría de las acciones. Los imputados señalaron que esa concentración se da en casi todas las provincias porque hay empresas que juegan de local dado que tienen el personal y las maquinarias necesarias y no necesitan hacer traslados, por ejemplo, de Buenos Aires a Santa Cruz, 1800 kilómetros, por lo que tienen costos más bajos. Además, las obras se licitaron y las empresas que perdieron nunca objetaron esas licitaciones. Algunas sí eran también de Báez pero en la mayoría de los casos no. Por último está la acusación, muy menor, de que el constructor santacruceño cobraba antes que las demás empresas del rubro, algo que también rechazan los imputados.

Después de las preguntas de la fiscalía, vendrán las de la Oficina Anticorrupcion y luego las defensas, en especial la de Lázaro Báez y los abogados que representan a quienes fueron directivos de Vialidad en aquel momento. En un segundo nivel queda la defensa de Cristina Fernández de Kirchner: es que una presidenta de la Nación no tiene vínculo directo con las licitaciones hechas en una provincia ni con las adjudicaciones ni con el control de las obras ni los atrasos ni los pagos. Es una demostración del carácter político del expediente y lo que ya es un secreto a voces: todas las causas debían ser orientadas contra CFK.

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