El Gobierno extendió diez años la vigencia de las pensiones graciables, otorgadas por el Congreso. La prórroga regirá en la medida en que el beneficiario no sea titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a 250.000 pesos y no tenga vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador solicitante de la pensión, según el decreto 193 que se publicó este viernes en el Boletín Oficial. Los beneficios, además, no podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a una jubilación mínima.

Hace diez días se oficializó por decreto el incremento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares para marzo. Según lo decidido, algunas pensiones no contributivas, como las llamadas graciables (otorgadas por el Congreso) y por ser veterano de guerra, tendrán un aumento superior al del haber mínimo del sistema contributivo de la Anses.

Según fuentes del organismo, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que hasta este mes es de 11.254,34 pesos, pasará a ser de 12.713,2, para no perder su relación de 80 por ciento del haber mínimo y, así, tendrá un aumento de 12,96 por ciento. La mayoría de las pensiones no contributivas, como las que son por invalidez, también subirán en esa proporción: en ese caso pasarán a ser de 11.124 y representarán 70 por ciento de la jubilación mínima.

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Si bien estas pensiones, incluidas entre las no contributivas, pueden compatibilizarse con otros ingresos, la norma aclara que la suma no puede superar dos jubilaciones mínimas. En el decreto de este viernes se explicita que en los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de las personas con discapacidad, las incompatibilidades serán evaluadas en relación con sus padres/madres, cuando ambos convivan con el menor.

En todos los casos se mantendrá la continuidad de los beneficios hasta tanto se comprueben fehacientemente las incompatibilidades mencionadas, y en ningún caso se procederá a suspender los pagos de las prestaciones sin previa notificación o intimación para cumplir con los requisitos formales que fueren necesarios. Esto marca una diferencia con la política aplicada por el macrismo en el Ministerio de Desarrollo, a cargo entonces de Carolina Stanley, quien eliminó 160.000 pensiones no contributivas por supuestas incompatibilidades. Lo hizo antes de que se cotejaran los datos y con carácter preventivo. La Justicia la obligó a restaurar una buena parte de esos derechos.

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