El dictador venezolano Nicolás Maduro decretó este miércoles la emergencia energética en el país con las mayores reservas petrolíferas conocidas del mundo. Consecuentemente, indicó, se creará una “comisión presidencial para la defensa, reestructuración y reorganización de PDVSA (la petrolera estatal), que tendrá todo el poder para iniciar el proceso de cambios y defensa integral de toda la industria petrolera”. Y anunció que el funcionario al frente del ente será Tareck El Aissami, vicepresidente hasta 2018 y actual Ministro de Industrias y Producción del régimen.
Maduro aseguró que la medida busca contrarrestar las sanciones impuestas el martes por el gobierno de los Estados Unidos contra una filial de la petrolera estatal rusa, Rosneft, como consecuencia de sus operaciones comerciales con la dictadura.
Según Maduro, las sanciones buscan “quebrar” PDVSA y fueron impuestas por pedido del presidente encargado, Juan Guaidó, a quien llamó “rata de cañería vende patria”. También les pidió a los presentes que emularan la agresión al Presidente encargado propinada por una empleada de la aerolínea estatal, Conviasa, en ocasión de su retorno a Venezuela.
“Los trabajadores de PDVSA tienen que hacer como los de Conviasa. Identificarlo y donde esté gritarle ‘traidor, vende patria’. A la carga trabajadores de PDVSA contra los traidores. El pidió estas sanciones contra ustedes”, fustigó.
Al explicar la medida contra Rosneft Trading S.A., el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que ella fue aplicada “por operar en el sector petrolero de la economía venezolana” e implica el bloqueo de los activos de la empresa que estén bajo jurisdicción estadounidense. Además, afecta a cualquier otra entidad manejada por la firma con un 50% o más de acciones.
“Rosneft Trading S.A. y su presidente negociaron la venta y el transporte de petróleo venezolano”, explicó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. La aseveración fue respaldada horas después por el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliott Abrams, quien destacó que la subsidiaria maneja el 70 por ciento del petróleo venezolano y el mes pasado facilitó el envío de dos millones de barriles a África Occidental. E informó que ello permite a Venezuela evadir las sanciones ya existentes.
En consecuencia, destacó, la decisión representa un paso muy significativo en la presión de su gobierno contra el régimen. Y anticipó más medidas. Habrá nuevos pasos y más presiones. EEUU permanece comprometida con la libertad de Venezuela”, declaró.
No obstante, las autoridades explicaron que este bloqueo no aplica a la firma principal, Rosneft Oil Company, y otras subsidiarias o afiliadas que no estén bajo el control de la firma de trading. De esta manera, los ciudadanos estadounidenses no están impedidos de mantener sus negocios con la matriz rusa.
Moscú, por su parte, acusó a Washington de usar las medidas con “fines geopolíticos” y para crear mejores condiciones para sus compañías. «Con la presión económica y militar sobre Rusia sólo lograrán profundizar la crisis en las relaciones bilaterales”, advirtió el Kremlin, que a su vez afirmó que las sanciones no afectan sus relaciones con la dictadura venezolana.
Sin embargo, más allá de la solidez de las relaciones bilaterales entre ambos países, Bloomberg reportó que el régimen tendrá serias dificultades para encontrar a otra compañía dispuesta a llevar a cabo las operaciones de Rosneft, lo que representará un nuevo golpe contra la ya vapuleada PDVSA.
La misma agencia de noticias indicó que en enero de 2020 la producción de crudo disminuyó en un 36 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. Se produjeron 733.000 barriles por día, una cifra que se encuentra extremadamente lejos con los dos millones que Maduro había prometido. En sus épocas de mayor actividad, PDVSA llegó a producir tres millones y medio de barriles por día.
La decisión también llega en medio de reportes acerca de la posibilidad de que el régimen renuncie a su histórico monopolio sobre la industria petrolífera y otorgue participaciones mayoritarias y el control de la industria a corporaciones multinacionales.
Si bien una de ellas era Rosneft, otras dos no han sido específicamente alcanzadas por las sanciones. Son Repsol SA de España y Eni SpA de Italia. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal, Petróleos de Venezuela SA, a cambio de activos, según le dijeron personas con conocimiento del tema a Bloomberg.
No obstante, de concretarse, la iniciativa enfrentaría grandes obstáculos. Las leyes venezolanas tendrían que modificarse y hay desacuerdo respecto a la manera en cómo financiar las operaciones.
