La Defensoría del Pueblo Bonaerense emitió una resolución a través de la cual le pidió al Ministerio de Salud Nacional que revise absolutamente todo lo que el Estado (no) ha hecho hasta ahora en relación con el uso medicinal del cannabis desde la sanción y reglamentación de la ley 27.350.
El organismo que preside Guido Lorenzino pidió al Gobierno nacional que garantice la entrega gratis de aceite extraído de la planta no sólo, como está previsto con la reglamentación actual, a los enfermos de epilepsia refractaria, sino al resto de las patologías donde exista evidencia de mejora en los pacientes. Y solicitó además que se regule el autocultivo hogareño para descomprimir una demanda que, por ahora, a tres años de sancionada la ley, el Estado no resolvió.
En un documento de 18 páginas al que tuvo acceso Infobae, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires emitió un reclamo que no es nuevo: desde la reglamentación de la ley, hecha en septiembre de 2017, las organizaciones cannábicas y de familiares de enfermo observan que la ley es demasiado restrictiva.
La resolución firmada por Lorenzino apunta a saciar esa necesidad desde diversos aspectos: además del autocultivo, pidió la producción nacional en laboratorios públicos de “una variedad de cepas suficientes para su rotación, para los voluntarios del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis”, a raíz los pedidos de los usuarios por los problemas en la distribución.
Es que aunque existe una ley, Argentina no produce, ni importa ni permite la producción casera de aceite. El Programa Nacional, tal como está redactado actualmente, restringe el acceso vía importación de un aceite aprobada por ANMAT sólo para enfermos de epilepsia refractaria. De esta manera, deja afuera a decenas de patologías sobre las que el cannabis aporta un efecto positivo y mejora la calidad de vida: desde enfermos de cáncer hasta personas con artrosis, fibromialgia, neurolupus, entre muchas otras.
“El Estado debe garantizar el derecho a la salud de las personas mediante la entrega de estos productos y se deben modificar las leyes para que se deje de criminalizar a los usuarios. Es necesario que las personas que usan aceite de cannabis puedan gozar de una mejor calidad de vida, algo que hoy se le está dificultando”, sostuvo Lorenzino a Infobae y agregó: “Tiene que haber autocultivo regulado por el Estado. O cultiva el Estado, o lo permite. El debate en el uso medicinal no admite oposición. En el peor de los casos es inocuo. La sociedad evolucionó. Hay otro nivel de cultura, de mirada holística. ¿Cómo no vas a permitir que una familia no intente con medicina alternativa?”.
En la resolución, Lorenzino planteó que el autocultivo “garantiza la obtención de diferentes variedades genéticas, dado que hay cepas altas en tetrahidrocannabinol (THC) y otras altas en cannabidiol (CBD) (…) el cultivo en forma orgánica permite la elaboración del aceite en forma natural, teniendo al alcance el tratamiento más adecuado para sus hijos, la garantía de continuidad del mismo y control de su calidad, evitando tener que acudir al mercado informal».
La legislación actual solo permite el uso de aceite de cannabis con CBD, que es una molécula natural de la planta que no genera psicoactividad, a diferencia del THC, que por esa razón, está prohibida. Sin embargo, son infinitos los testimonios y las evidencias del aporte que da el THC en diversas patologías.
Y eso es lo que observó Lorenzino, tal como lo dejó en claro en el documento enviado al Ministerio de Salud nacional: “Las organizaciones no gubernamentales que se acercaron a nuestro organismo expresaron que el autocultivo les permite el acceso gratuito e inmediato a la planta”.
Respecto de la importación del aceite con CBD (un frasco que dura un mes cuesta 250 dólares) la Defensoría remarcó que restringe el acceso de acuerdo al poder adquisitivo de quien lo necesita.
“Al sumar más enfermedades que se puedan tratar con este método podemos dejar atrás la judicialización de los casos, teniendo en cuenta que es inadmisible soportar cualquier retroceso ante los notables avances en su calidad de vida y en la de su familia y que no existe razón alguna para extender o profundizar los padecimientos que presentan estos pacientes”, remarcó Lorenzino.
“Todas estas circunstancias y la demora en la implementación de las previsiones legales, sitúa a los usuarios de cannabis medicinal en un estado de riesgo cierto y concreto de ser criminalizados y privados de la materia prima con la que sostendrían los tratamientos, ya que la única forma de garantizar el mejor estado de salud para ellos y sus hijos en forma inmediata es a través del autocultivo”, remarcó el documento de la Defensoría.
“Nosotras entendemos al autocultivo como una actividad que garantiza nuestro derecho a acceder a una mejor calidad de vida. Por lo tanto, leer las 17 páginas de argumentos nos puso en evidencia que Lorenzino es una persona muy informada y que en su resolución se propone garantizar esos derechos que nos corresponden como ciudadanas”, consideró Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina.
En este tipo de resoluciones no suele haber respuestas directas, pero en las últimas semanas el ministro de Salud Ginés González García dio a entender que más pronto que tarde el Gobierno reformulará la reglamentación de la ley de uso medicinal. En una entrevista realizada a fin de enero con Página 12 aseguró que “en 30 ó 35 días” habría una solución a esta demanda.
“Se ha quejado la gente de que la reglamentación no responde al espíritu de la ley. El del cannabis medicinal es un tema donde el equilibrio no es fácil. Por un lado, yo estoy de acuerdo con cualquier sustancia en dosis adecuada y con autorización racional, si sirve”, dijo el Ministro. Aunque consideró que “por un lado, hay una presión importante para su utilización, por otro lado, tal como está, el mercado negro tiene mucho de negro y mucho de fraudulento, porque hay muchas sustancias que no tienen criterio terapéutico. A la vez, hay una sabiduría popular que cree que tiene muchas más posibilidades que las que realmente tiene. Pero también uno investiga el efecto placebo: el efecto placebo a veces supera al medicamento de prueba”.
Para cambiar la ley actual existen diversos proyectos. El que más gira en despachos del Gobierno es el que armaron algunas asociaciones junto a la diputada entrerriana Carolina Gaillard, que contempla el autocultivo y la venta de aceite en farmacias. Ese grupo se reunió con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien se mostró dispuesta a respaldarlos. También se juntaron con el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien apoyó la iniciativa, y con parte del equipo de González García.
Según pudo saber este medio, dentro del Gobierno existe cierta resistencia a permitir el autocultivo “sin evidencia científica”, lo que incomodó a diversos sectores de usuarios que arriesgan su libertad al cultivar la planta para sus familias. Es que, según la ley de drogas actual, quien cultiva cannabis puede ser penado hasta con 15 años de prisión.
