El laberinto judicial en el que quedó empantanado el caso Maldonado suma otro capítulo, en el cual la Cámara de Nacional de Casación Penal confirmó su propio fallo en el que, a su vez, avaló el de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que reabrió la investigación por la desaparición y muerte del joven anarquista, en agosto de 2017 en la comunidad mapuche de Cushamen tras la represión de Gendarmería. Ese expediente había sido archivado por el juez federal Gustavo Lleral tras la aparición de cuerpo sin vida de Maldonado en el río Chubut, en octubre de ese año, y en esa resolución el magistrado había sobreseido al único imputado, el gendarme Emmanuel Echazu.
En diciembre, los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, con la disidencia del tercer miembro de la sala IV Gustavo Hornos, habían ratificado la imputación de Echazu y la reapertura de la causa dispuesta por los jueces de Chubut, así como la ampliación de medidas de prueba. Pero habían rechazado el planteo de Sergio Maldonado para que sea investigada la desaparición forzada de su hermano por parte de un equipo de expertos independientes de los poderes del Estado. También desecharon la solicitud de la APDH al ordenar que sea el próximo juez el que defina si suma a esta causa la que investiga la legalidad del operativo represivo de Gendarmería que ingresó a la comunidad mapuche de Cushamen el 1 de agosto de 2017. «Es un fallo de una mayoría cobarde», había dicho la abogada de la familia Verónica Heredia.
En su voto, el presidente del tribunal Gustavo Hornos había dicho que «se advierte con meridiana claridad que la investigación en torno a las circunstancias que rodearon el deceso de Santiago Andrés Maldonado se encuentra abierta y, en esa medida, la conclusión de que la hipótesis de desaparición forzada ha quedado “definitivamente descartada” (sic) –esto es, una conclusión estrictamente jurídica vinculada con la calificación legal en la que eventualmente podrían subsumirse los hechos del caso– no sólo resulta evidentemente prematura, sino que constituye una errónea interpretación de la normativa aplicable que debe ser enfáticamente corregida».
En sintonía con esta posición, en el fallo difundido ayer Hornos resolvió en minoría «declarar admisible el recurso presentado por la querella de Sergio Maldonado, en la medida en que, revocado el sobreseimiento y reabierta la investigación, no corresponde descartar ninguna calificación legal, en el caso, la hipótesis de desaparición forzada». Al igual que en cada etapa del intrincado proceso, la familia insistiría con su posición ante la Corte Suprema. De hecho, hasta allí llevarán también su reclamo para que sean anuladas las escuchas ilegales que ordenó el juez federal Guido Otranto al hermano de Santiago y otros miembros de su familia y su entorno, en el momento más álgido de la investigación y cuando el joven aún estaba desaparecido, luego de haber sido perseguido junto a miembros de la comunidad en Resistencia por los gendarmes de cuatro escuadrones, con vehículos y balas de plomo por un corte de ruta en reclamo por la liberación del lonko Facundo Jones Huala.
«Si un juez te toma declaración por seguimiento y espionaje, no hace absolutamente nada y después te enteras que fue el quien te pincho el teléfono ilegalmente, pero ganó 4.558.525,79 en un año, cómo se lo llamaria?», escribió ayer Sergio Maldonado al referirse al camarista federal y miembro del organismo de las escuchas Martín Irurzun. Impunidad, vergüenza y otros adjetivos descalificativos fueron algunas de las respuestas que recibió, a tono con el debate por las altísimas remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial.
En tanto, el juez Lleral fue recusado por cuarta vez por la abogada de la familia, ahora ante Casación, y hace algunas horas resolvió no hacer nada en el expediente hasta que su continuidad en el caso sea resuelta por sus superiores.
