La hoja de ruta del primer año de gobierno llega enmarcada por la reforma judicial y la batalla redistributiva alrededor de la soja. El lugar del aborto legal y dónde se colocará la oposición.

El gobierno de Alberto Fernández nació marcado por la estrechez económica y la necesidad de una urgente solución a la cuestión de la deuda, con una agenda imposible de pagos por delante. Las dificultades obligaron a un inicio incómodo, con cambios en la movilidad jubilatoria que necesitaban explicación para detallar su carácter «solidario». En estas horas, a nada del discurso de apertura de las sesiones ordinarias y a poco de que se cumplan los emblemáticos primeros cien días de gestión, el Gobierno se encuentra enfrascado en dos debates que indudablemente le sientan mejor y que recuerdan algunas de las batallas del kirchnerismo.

Alberto Fernández se dedicó el viernes a pulir su discurso junto a Santiago Cafiero, Gustavo Béliz y el politólogo Alejandro Grimson. La primera apertura de sesiones siempre tiene algo de fundacional. El mensaje de asunción se emparenta más con ideas generales –en su mayoría ya expresadas durante la campaña– mientras que la presentación del 1 de marzo tiene mayor vínculo con un plan de gobierno, en el que aquellas ideas deben verse plasmadas en proyectos concretos. En la edición del domingo pasado, este diario adelantó algunas pistas de por dónde van a ir la cosas en el recinto.

La suba de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados remite de inmediato al conflicto de 2008. Curiosamente, ese episodio fue el detonante de la salida de Alberto Fernández del gobierno de Cristina Kirchner y de que estuvieran una década sin hablarse. Es claro, en el entorno del Presidente ven muy diferente la actual situación. Primero, porque no se trata de una suba generalizada sino que es sólo al producto que se vio notoriamente favorecido por la escalada del dólar. Otros se mantienen en el mismo nivel y algunos, como la pesca, inclusive van a tener rebajas. Por eso sostienen que la medida no tiene un fin «recaudatorio» sino «redistributivo». Esos mismos recursos que se van a obtener por los tres –¡tres!– puntos extra de retenciones se destinarán a mejorar las condiciones de los sectores agropecuarios menos favorecidos a través de medidas como préstamos que otorgará el Banco Nación para mejorar la productividad.

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Incluso, comentaban que medidas adicionales, como las 40 nuevas rutas de cabotaje anunciadas por Aerolíneas Argentinas, también resultan una forma de ayuda para regiones del interior del país. En definitiva, en la Rosada le quitan a esta nueva discusión por las retenciones el carácter de aquella que unificó al «campo» contra el poder central. En cambio, lo enmarcan en la estrategia de –en el actual marco de estrechez– encarar un «proceso redistributivo progresista», como definía ayer un hombre cercano al Presidente. Además, en un marco de diálogo y discusión con todos los sectores. Por eso, como todavía está abierto la negociación, no habría ningún anuncio de Fernández sobre retenciones en su mensaje en la Asamblea Legislativa.

La otra discusión actual tiene que ver con el Poder Judicial. La Justicia está entre las instituciones peor conceptuadas por la sociedad y, a los gritos, necesita cambios. La corporación se abroquela por sus privilegios. Fuera de lo anecdótico de la cuestión del quórum, Juntos por el Cambio se unió en defensa de la continuidad de jubilaciones exorbitantes, algo que había reclamado que se eliminara apenas dos meses atrás y que, de acuerdo a una encuesta de Analogías, apoya más del 70 por ciento de la gente. Dominada por el sector más ultra que rodea a Mauricio Macri –Patricia Bullrich, Elisa Carrió–, la lógica de la oposición retoma la conducta del otrora «grupo A». Rechazar todo hoy es más importante que mostrar coherencia en sus posiciones. 

Es de imaginar que la conducta se repetirá respecto al proyecto de reforma del Poder Judicial, que se aguarda como uno de los puntos fuertes del mensaje del Presidente en el Congreso. El contenido de la reforma se viene manteniendo en reserva. Béliz trabajó en eso, lo mismo que la ministra Marcela Losardo y el propio Fernández. La atención estará puesta en los cambios en el fuero federal, epicentro del lawfare local que mantiene en tensión al kirchnerismo. La reforma le permitirá al Presidente dar una respuesta a la encerrona de la discusión por la existencia de presos «políticos», su solución a la situación que él mismo denunció en su momento.

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La otra iniciativa importante que anunciará será la de interrupción legal del embarazo, presentada como prioridad por la Casa Rosada. A diferencia de la anterior discusión, en el Gobierno imaginan un tratamiento más rápido y exitoso. Esta vez no es un Ejecutivo que simplemente habilita el debate sino que prepara un proyecto y lo impulsa.

Serán dos proyectos –reforma judicial y aborto– de suma importancia y que seguramente acaparan el debate parlamentario en los próximos meses, con su lógica extensión hacia la opinión pública. No es casual que se trate de dos iniciativas que, en principio, no requieren recursos presupuestarios. El paréntesis hasta el 31 de marzo -hipotética fecha de conclusión de las negociaciones por la deuda- actúa como un límite de hierro. «En abril o mayo vamos a saber dónde estamos parados», le repite el Presidente a cada sindicalista que recibe, un implícito pedido de paciencia hasta que se sepa con cuántos recursos se contará. Para algunos ministerios la línea es de hierro.

Es muy comentado el parate en la obra pública, que tiene nerviosos a algunos gobernadores e intendentes. Con poco, el ministro Gabriel Katopodis se dedicó a los planes de infraestructura básica y a reactivar, en cuentagotas, las obras que estaban paralizadas desde que Macri cortó todo. Allí, la aprobación del presupuesto es vital. La única excepción es Desarrollo Social, donde en poco tiempo Daniel Arroyo consiguió repartir 922 mil tarjetas Alimentar, la gran apuesta social del Gobierno, que por un lado sirve para el combate prioritario contra el hambre y, por el otro, funciona como vehículo para la reactivación de al menos un sector productivo. Las tarjetas se cargan el tercer viernes de cada mes. Para el caso del Conurbano, ese día es una inyección de 1.800 millones de pesos. En Córdoba, de casi 600 millones. Unos 80 mil millones de pesos anuales que salen de cambios de partidas presupuestarias y de la ley de emergencia alimentaria. 

Para satisfacción de las autoridades, la mayor parte se gasta en leche, carne, frutas y verduras. Era la recuperación nutritiva que necesitaba con urgencia un sector de la población para no sufrir daños tal vez irreparables. Por ahora, un 40 por ciento de los gastos se realizan en supermercados y un 60 por ciento en los demás establecimientos. La apuesta es que se inserten cuanto antes los sectores de la economía popular ofreciendo alimentos de mejor calidad y más bajo precio, para acompañar ese movimiento de la economía desde abajo en base a recursos del Estado.

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Es lo que hay, en medio de un complejo proceso de negociación de la deuda. Como en toda gestión, hay ministros que sostienen que habría que hacer una exposición más rigurosa y sistemática del desastre encontrado. Una especie de informe, un libro negro. No es la idea de Fernández, que quiere evitar el discurso de la herencia recibida, convencido del hartazgo general. Habrá, sí, menciones en su discurso, pero prevalecerá la idea de iniciativas a futuro y esperanza por lo que viene. Porque en el Gobierno suman y concluyen que es mucho para lo poco que llevan.

Mayores aumentos para las jubilaciones más bajas y medicamentos gratis para jubilados, cerca de un millón de tarjetas para alimentar a los sectores más postergados y mover el consumo en los barrios, congelamiento de tarifas, combustibles y transporte, retenciones más altas a la soja para favorecer las producciones regionales, baja de tasas para favorecer el crédito, líneas para pymes y demás. Una serie de medidas, explican, que van en la misma dirección. En un momento de estrechez, distribuyen lo que hay con el criterio de favorecer a los de abajo, un punto no negociable. «Como siempre dijimos, vamos a dialogar con todos. Pero nunca vamos a renunciar a las convicciones redistributivas. Para eso vinimos», advertían en la Casa Rosada.

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