Una auditoría interna realizada por la gestión macrista de Aerolíneas Argentinas advertía sobre las irregularidades del acuerdo con el Banco Galicia. También cuestionaba la participación de la ejecutiva de la línea de bandera que antes había trabajado 22 años para la entidad financiera.
Una auditoría interna del 6 de diciembre en Aerolíneas Argentinas, realizada por la administración macrista, alertaba sobre “deficiencias en la gestión” y “conflicto de intereses no informados por parte de la persona del área de nivel de jefatura” en el acuerdo entre la línea de bandera y el Banco Galicia. El convenio de puntos por millas firrmado entre el banco y la compañía aérea, en el marco del programa Quiero!, le generó a la empresa estatal una pérdida de 9,6 millones de dólares, una cifra equivalente a lo que Aerolíneas se negó a pagar en ese entonces para reparar dos aviones Embraer 190 que dejaron de volar y que comenzaron a ser canibalizados.
La gestión de Pablo Ceriani al frente de Aerolíneas inició una auditoría sobre lo actuado por la administración anterior, en la cual encontró un acuerdo firmado el año pasado entre la empresa y el Banco Galicia para el programa de promoción puntos Quiero! (de acumulación de millas). Durante los pocos meses en que estuvo vigente se mejoraron sin autorización las promociones en favor de la entidad financiera y se apuraron los pagos de las millas para que el Galicia desembolsara un menor valor en pesos (las millas se cotizan en dólares) antes de la devaluación de las PASO.
En la trama se destaca la participación de quien realizó el acuerdo, Silvina Ramos, que ingresó a Aerolíneas en abril de 2019, cuatro meses antes de las PASO, luego de trabajar 22 años en el Grupo Galicia. La auditoría realizada durante el macrismo destaca estas irregularidades. En el caso de Ramos, el informe advierte que «a su entrada en el mes de marzo no firmó el formulario de conflicto de intereses, lo cual es obligatorio”. Desde Aerolíneas adelantaron a este diario que, luego de la auditoría actual, se enviará el caso a la Sindicatura General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción.
