El respaldo de los acreedores para diferir el pago vencido hasta el 1 de mayo fue insuficiente. Canceló la deuda con fondos propios y anunció una amplia reestructuración.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no alcanzó el 75 por ciento de adhesiones de los bonistas para posponer el vencimiento de pago de 250 millones de dólares del 26 de enero al primero de mayo. Al finalizar el plazo de gracia, superó el 50 por ciento pero no logró acordar con el fondo Fidelity, que con el 25 por ciento de la deuda era la “llave” para cerrar la negociación. Por este motivo, el gobierno provincial tomó la decisión de afrontar el pago con fondos propios, tras una colocación de letras realizada el viernes pasado por 10 mil millones de pesos en el mercado doméstico. “No era que teníamos la plata y no queríamos pagar, sin la colocación no íbamos a poder afrontar pagos esenciales como los sueldos y a la vez el vencimiento», indicó una fuente oficial. Además, afirmó que un default nunca fue una opción, porque generaría una “situación de desorden y consecuencias imprevisibles” para la reestructuración global de la deuda bonaerense y la del gobierno nacional.

El Gobierno provincial decidió a mediados de enero postergar el pago del capital de 250 millones de dólares del bono BP21 que vencía el 26 de enero. La medida fue tomada por dos motivos. Por un lado, porque el vencimiento cayó en medio del proceso global de sostenibilidad de la deuda que encabeza el gobierno nacional y al que el presidente, Alberto Fernández, le puso como fecha tope el 31 de marzo. Por eso el pedido provincial de pasar el pago del capital al primero de mayo.

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“El vencimiento era a 40 días de asumir, no había tiempo para encabezar una discusión global de la reestructuración de la deuda”, dijo el gobernador. Este año vencen 220 mil millones de pesos de deuda, que representan el 15 por ciento de los fondos de la Provincia. “No podemos pagarlo con los recursos con los que contamos”, afirmó Kicillof. Durante los últimos 4 años, la deuda en pesos se quintuplicó. Incluso, en el memorándum de oferta que el gobierno de María Eugenia Vidal circuló en 2017 a inversores en bonos, decía: “La Provincia no puede asegurar que las medidas adoptadas por el gobierno nacional no tengan un efecto adverso y afecten la capacidad de la Provincia de afrontar su deuda”.

En segundo lugar, porque desde el gobierno de Kicillof aseguran que al 26 de enero, día del vencimiento para el pago del bono, no contaban con los recursos provinciales para hacer frente al pago de 277 millones de dólares. Indicaron que contaban con los recursos para pagar los 27 millones de dólares de intereses y el 30 por ciento del capital, tal como propusieron a los acreedores durante la negociación. “No es que teníamos la plata y les decíamos que no íbamos a pagar. La caja de la provincia estaba estresada y no podíamos garantizar tener el dinero para afrontar este vencimiento y a la vez pagar gastos esenciales como los sueldos”, indicó una fuente oficial.

Ante la incertidumbre de poder afrontar todas las obligaciones, buscaron el alivio financiero. “Era la solución menos cruenta, para dejar de postergar a los que ya están en una situación de postergación”, aseguró Kicillof. El proceso de renegociación para posponer el pago del capital duró tres semanas. La Provincia alcanzó el 50 por ciento de adhesión de los bonistas, pero no alcanzó el 75 por ciento necesario para avanzar en el reperfilamiento. Adhirieron más de 200 bonistas, entre ellos el grupo más importante de bonistas organizados, que en un comunicado desde Nueva York apoyaron la modificación por la “buena fe” que mostró la Provincia.

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Sin embargo, no lograron la adhesión del fondo Fidelity, que desde la Provincia afirman que contaba con el 25 por ciento de la deuda. Kicillof aseguró que tuvieron una “posición bloqueadora”, dado que tenía la llave para alcanzar los términos para modificar la fecha de pago. Para aceptar, el fondo privado estadounidense solicitaba cobrar la totalidad de la deuda en cuotas.

La propuesta fue rechazada por la Provincia, dado que comenzará un plan de reestructuración de la deuda bonaerense en moneda extranjera. Como la reestructuración que comenzó este martes incluirá a vencimientos de este bono y de otros, el proceso queda abierto y no pueden quedar pagos vencidos pendientes de cancelación. Será un proceso distinto al que lleve la Nación, aunque coordinado, adelantaron fuentes bonaerenses. En los próximos días difundirán un cronograma similar al que elaboró el Ministerio de Economía de Martín Guzmán. No adelantaron si buscarán cambiar plazos, tasas o capital. “Trabajaremos sobre diferentes escenarios, mirando lo que haga Nación”, agregó una fuente oficial.

El gobierno provincial esperó hasta el último día para acordar, antes de entrar en cesación de pagos, tal como indica el plazo de gracia. “Cuando nos enteramos que este fondo buscaba una situación de desorden, tomamos varias medidas”, aseguró Kicillof. El viernes pasado, 31 de enero, colocaron un título de una letra del tesoro y alcanzaron un resultado de 9300 millones de pesos en el mercado local. “No sabíamos qué acogida iba a tener esto en el mercado, pero terminamos consiguiendo lo que no pudimos con los acreedores”, dijo Kicillof. Participaron fondos de inversión, compañías de seguro, cajas privadas de jubilación, bancos y clientes institucionales. Con esos recursos obtenidos, además de los propios, y sin asistencia del gobierno nacional, es que harán frente al pago de 15 mil millones de pesos del capital del bono BP21.

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«El bono venció el 26 de enero y hasta el 31 que logramos la colocación teníamos la incertidumbre de si íbamos a poder pagar”, agregaron. Por este motivo, desde el gobierno provincial aseguran que no se encuentran arrepentidos por haber negociado el reperfilamiento y finalmente haber pagado en tiempo y forma. El default nunca fue una opción. “Ya tuvimos experiencias de este tipo, queremos un proceso ordenado, sin juicios en el medio por incumplimiento”, indicó una fuente oficial.

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