El fiscal Rodríguez pidió que se analice si la líder de Cambiemos obtuvo datos de forma irregular en sus investigaciones
La investigación sobre maniobras de espionaje ilegal desde oficinas del Estado contra dirigentes políticos y jueces tiene un capítulo en Santa Fe. El fiscal federal Walter Rodríguez envió al juez Rodolfo Canicoba Corral, en Comodoro Py, una denuncia de la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió contra el Partido Justicialista santafesino para que la incorpore a la causa que investiga si se usaron datos secretos de la AFIP con objetivos políticos y analice la conducta de la legisladora en el caso. Una hipótesis de la pesquisa es un presunto vínculo entre Carrió y dos funcionarios de la AFIP sospechados de filtrar datos protegidos por el secreto fiscal. En su denuncia, Carrió le apuntó a más de 1.600 contribuyentes que accedieron a facilidades de pago de su deuda –y en esa redada cayó el PJ de la provincia-, pero cuando le preguntaron cómo había obtenido la información se amparó en sus fueros y hasta mencionó “notas anónimas”. Rodríguez no cree en esa ruta de las carpetas y menos en las manos anónimas, considera que si Carrió declaró como testigo tenía la obligación de decir la verdad y no puede ampararse en sus fueros, por lo que decidió remitir copia certificada del expediente a Canicoba Corral. El fiscal aportó las pruebas desde Santa Fe “a la investigación” de un “posible mecanismo irregular” en la AFIP con “ingresos injustificados” al sistema informático, que luego derivó en una persecución judicial con objetivos políticos.
La causa que el fiscal Rodríguez le envió a Canicoba Corral es un desglose de las denuncias de Carrió: primero, a los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Souza y al ex titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray y luego, a más de 1.600 contribuyentes que accedieron a planes de facilidades de pago del organismo. La legisladora señaló que “eran 1.530”, pero el Ministerio Público contó 1.648. Y ahí, en esa redada cayó el PJ de Santa Fe, (entre cientos de partidos políticos de la Argentina) por supuesta “apropiación indebida” de aportes sociales a sus trabajadores por “montos superiores a 20 mil pesos” y no depositados a los 30 días del vencimiento. La demanda era por retenciones en cuatro meses: diciembre de 2012, diciembre de 2013 y junio y diciembre de 2014. Un lapso en el que presidía el consejo ejecutivo provincial del PJ el ex intendente de Venado Tuerto y hoy secretario de Municipios de la provincia, José Luis Freyre.
Carrió formalizó la denuncia a los 1.648 contribuyentes –según la cuenta del Ministerio Público- ante el Juzgado en lo Penal Económico Nº 11, Secretaría 21, en la ciudad de Buenos Aires, el 21 de marzo de 2016. Ocho días después, la Subdirección General de Recaudación de la AFIP reportó que era “información con secreto fiscal», donde «apareció el contribuyente Partido Justicialista de Santa Fe”, entre los 1.648 denunciados, recordó el fiscal Rodríguez.
El 19 de abril de 2016, Carrió ratificó su denuncia ante la jueza en lo Penal Económico María Verónica Straccia, quien le preguntó si sabía quiénes eran los contribuyentes que accedieron a los “planes de facilidades de pago” de la AFIP. “No lo sé porque hay secreto fiscal”, le contestó. Y después, mencionó las “notas anónimas”.
La jueza Straccia le pidió entonces que informe “quién le brindó la información”. Carrió respondió: “Hago esta declaración en mis prerrogativas como diputada nacional”.
En 2018, esa parte de la causa que involucró al PJ quedó radicada en Santa Fe ante el juez federal Nº 2 Francisco Miño (“Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe s/infracción ley 24.769”, dice la carátula).
El fiscal Rodríguez mantuvo el “ejercicio de la acción penal” contra el PJ, pero puso bajo la lupa la conducta de Carrió. En el oficio que le mandó a Canicoba Corral recordó que la jueza Straccia le había pedido a la legisladora que informe “la identidad de quién le brindó la información de los hechos denunciados”, pero ella se amparó en sus “prerrogativas de diputada nacional y de esa forma omitió brindar mayores precisiones al respecto”. Antes de esa omisión -que le reprocha Rodríguez-, Carrió aludió “a 1.530 casos provenientes de ‘notas anónimas’”.
El fiscal dijo que Carrió declaró como testigo en la causa y tenía la obligación de decir la verdad. Su respuesta “brindada bajo el sistema de inmunidades de opinión, aún cuando se acepte una interpretación amplia del artículo 68 de la Constitución Nacional, no contemplaría un silencio equiparable al regulado por el artículo 18” de la Carta Magna (“Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”). Según Rodríguez, la pregunta de Straccia («quien le brindó la información») «en el marco de una declaración testimonial estaba dirigida a despejar una posible afectación del secreto fiscal en perjuidio de terceros, es decir una situación asociada a su condición de denunciante, asumida unilateralmente y desconectada de la actividad parlamentaria”, explicó.
Por lo tanto, resolvió remitir copia del expediente de Santa Fe al juez Canicoba Corral para que lo incorpore a la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal desde oficinas del Estado contra dirigentes políticos y jueces. El objetivo del fiscal Rodriguez es que “los datos aportados contribuyan” a la investigación de un «posible mecanismo irregular” en la AFIP “concebido por ingresos injustificados a sistemas informáticos de acceso restringido”. En la causa en Comodoro Py, interviene su colega, el fiscal Ramiro González.
