En consonancia con sus pares nacionales, la Legislatura salteña dispuso no aumentar la dieta de los legisladores, autoridades superiores y agrupamientos políticos por un plazo de seis meses.
Diputados y senadores salteños imitaron a sus pares nacionales y congelaron por un plazo de 180 días sus sueldos, en una medida que también alcanza a las autoridades superiores y agrupamientos políticos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, dispuso el congelamiento mediante el decreto presidencial 001/20, justificado en el marco de la emergencia social y económica de Argentina.
El titular de la Cámara Baja fundamenta la medida en que “la grave situación económica y social que atraviesa nuestro país, amerita que todos los Poderes del Estado transiten el camino de la austeridad en la función pública, guiados por la ética de la solidaridad y promoviendo políticas acordes a la realidad”.
Además manifestó que “la política tiene que predicar con el ejemplo, necesitamos del esfuerzo conjunto de todos los sectores para que nuestra provincia y nuestro país salgan adelante”.
En tanto ayer por la tarde se anunció la misma medida en Senado, con una resolución que lleva la firma del vicepresidente primero, Mashur Lapad.
Cuenta con idénticos fundamentos que el decreto de Diputados, pero al tratarse de una resolución, esta deberá ser puesta a consideración de los legisladores en la próxima sesión. Igualmente hasta tanto eso suceda es de aplicación inmediata.
La decisión y los alcances del congelamiento en Salta, tuvieron como antecedente lo dispuesto por Cristina Fernández y Sergio Massa en el Congreso y el tiempo de duración establecido, 180 días, coincide con las suspensiones a los aumentos de la fórmula jubilatoria vigente, de acuerdo con la recientemente sancionada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Hasta el momento desde el Ejecutivo provincial no hubo ninguna decisión al respecto, aunque no se descarta que al retornar de sus vacaciones el gobernador Gustavo Sáenz tome una medida similar con la primera línea de funcionarios.
En el año 2017, Juan Manuel Urtubey dispuso congelar los sueldos durante un año a los funcionarios y personal con cargo político, medida que se extendió durante todo el 2018.
En ese entonces dicha decisión se encontraba dentro de una serie de acciones que tomó el Ejecutivo para bajar el gasto público que incluía la suspensión de los viajes al exterior y el achicamiento de la estructura del Estado, lo que significó que todo cargo vacante por renuncia o jubilación de un empleado no fuese reemplazado.
