Magdalena Odarda anunció que pedirá al gobernador que garantice la seguridad de los detenidos y el respeto de las leyes. Y solicitará informes al Ministerio de Seguridad salteño.
La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, solicitará al gobernador Gustavo Sáenz que intervenga en el caso de las detenciones de seis integrantes de la Comunidad del pueblo wichi El Tráfico, del municipio de Embarcación en Salta, «garantizando la seguridad de las personas y el respeto a las leyes, y pedirá informes al Ministerio de Seguridad» de esta provincia «por la detención de menores» de edad y la «denuncia por apremios y detención ilegal«.
«De ninguna manera vamos a permitir abusos de autoridad de las fuerzas policiales, menos aún la detención de niños en los conflictos de las comunidades. Las leyes aplican por igual a toda la población y estaremos allí donde una comunidad indígena este siendo víctima de atropellos territoriales o de la negación de un derecho”, sostuvo Odarda.
En un comunicado del INAI, se precisó que la Comunidad El Tráfico tiene personería jurídica reconocida constitucionalmente; se señaló que «se tomó contacto con referentes de la zona para que brinden información relativa al conflicto»; se instruyó al representante del Consejo de participación Indígena (CPI) de la zona para que se acercara a la Comisaría 43, donde están los detenidos; también con el Territorial del INAI en Salta, Javier Pinto, «quien brindó detalles de la situación y antecedentes del conflicto en la zona» y fue a la Comisaría «pero no pudo tener acceso» a los detenidos.
«En este estado de cosas, INAI se mantiene en alerta en contacto con los referentes de la comunidad y con el Territorial del INAI, quienes se encuentran en territorio», se añadió en el comunicado, en el que se indicó que desde ese organismo se llamó a la Comisaría de Embarcación «para garantizar la integridad de los detenidos» y «se tomó contacto con el abogado de los detenidos», el defensor oficial Luis Gerardo Véliz, con el «fin de acompañar la estrategia adoptada para la liberación de los detenidos». Solo los varones están alojados en la dependencia policial de Embarcación, las dos mujeres que continúan detenidas fueron trasladadas a Tartagal.
Anoche familiares mantuvieron su vigilia frente a la Comisaría local; por otro lado, esta mañana comenzaron a desplazarse hacia ese pueblo referentes de distintas comunidades del Chaco salteño, con el propósito de insistir con el pedido de liberación. Durante el domingo se sucedieron además expresiones de solidaridad con la comunidad reprimida de parte de distintas organizaciones de pueblos originarios.
En el comunicado dado ayer, la presidenta del INAI repudió la represión y las detenciones de los integrantes de El Tráfico. «De acuerdo a la información obtenida, el accionar de la fuerza fue excesivo y hubo represión; así como también se denunció que la comisaría cercana no habría tomado las denuncias de la Comunidad», se sostiene en el comunicado.
Los sucesos ocurrieron el 1 de enero, cuando, tras un enfrentamiento entre originarios y criollos, un grupo de policías comunes y miembros del denominado Grupo de Intervención Conunta (GIC) ingresó a El Tráfico, ubicada a dos kilómetros del casco urbano de Embarcación, y reprimió a sus habitantes. Entonces fueron detenidos Gilberto Vicente, Roberto Vicente, Renato Vicente, Ángel o Gastón Moreira, Norma Lera o Vera, Julia Vicente y tres menores de edad, dos varones y una chica, quienes ya fueron liberados. Los adultos fueron imputados por el delito de «agresión con armas».
Apoyo a los policías
El conflicto que derivó en las detenciones de comuneros del pueblo wichi escaló anteayer un nuevo peldaño, cuando se conoció una convocatoria de vecinos para realizar esta noche una marcha en apoyo a los policías. «Somos un grupo de personas que salimos en apoyo de la Comisaría 43 y del GIC pidiendo que no se renueve al personal. Por eso pedimos al pueblo en general que se sume en apoyo a esta causa, como también pedimos que bajen las autoridades», se afirma en un audio que comenzó a circular en las redes sociales, en el que se requiere la presencia del ministro de Seguridad, el militar negacionista Juan Manuel Pulleiro, y la jefa de la Policía de Salta, Norma Morales. También se hizo una nota, que está circulando para recibir firmas de adhesión.
En respuesta, integrantes de organizaciones de pueblos originarios emitieron anoche mismo un comunicado en el que destacaron que se encuentran «pacíficamente en vigilia afuera de la Comisaría» y repudiaron «la actitud de algunos medios (de comunicación) que incitan a la división en la ciudad confundiendo nuestra protesta».
«No estamos en contra del GIC, de la Comisaría 43, ni del destacamento, prueba de ello es que estamos afuera de la Comisaría, respetando, sin entorpecer su trabajo y buscando la libertad de nuestros hermanos», aclararon. Añadieron que por esto, «Si hay una marcha en apoyo al GIC o los policías de nuestra ciudad, marcharemos nosotros también apoyando eso porque debemos respetarnos entre todos y apoyar a nuestros policías esos que nos cuidan y ayudan».
«Nuestra lucha y repudio es en contra de aquellos que teniendo uniformes no respetaron, más bien lo mancharon dejando mal a una institución como lo es la Policía. Reiteramos: no estamos en contra de la Policía del GIC, ni nada, no se deben ir de la ciudad. Ahora, quienes sí deben dar explicación es quienes no respetaron ese uniforme y golpearon a mujeres, niños, abusaron de toda una comunidad. Embarcación merece buenos policías que trabajen como corresponde. Aquí estaremos respetando y en vigilia, respetando a cada miembro de nuestras fuerzas policiales, mostrando que tenemos nuestra voz y confiando en la justicia como pueblo pacífico y respetuoso que somos», afirmaron.
Referentes comunitarios indicaron a Salta/12 que esperan que hoy se otorgue la libertada a los seis detenidos.
Asimismo, insistieron en que hasta el día de hoy «no se sabe quién dio la orden para hacer lo que pasó». Contaron que en estos días no hay comisario designado en Embarcación y destacaron que cuando el pedido a la Policía se hizo buscando que se apaciguaran los hechos de violencia que se estaban dando en barrios de Embarcación, los policías «no respetaron a nadie, simplemente fueron a agredir, a insultar, a decir palabras vergonzosas, criticando al aborigen, diciendo aborígenes de mierda, ustedes no tienen ley, el cacique Indalecio Calermo ya murió, nadie los va a defender, ustedes no tienen autoridad, no tienen nada, son pobres miserables». Dijeron que esto provocó la protesta de toda la comunidad.
Integrantes de la Comunidad destacan, asimismo, la demora de la Policía en permitir que Moreira y Roberto Vicente recibieran atención médica. Recién fueron llevados ante un médico cerca de las 23 del sábado último, a pesar de que la orden del juez de Garantías interviniente, Nelson Aramayo, de Tartagal, databa del viernes.
