Alberto Fernández y Omar Perotti firmaron un convenio de cooperación en seguridad. El gobernador aseguró que el respaldo presidencial representa «una muestra del compromiso y de la seriedad con que se toma el desarrollo de esta problemática, que desde hace muchísimos años está instalada» en la provincia.
Alberto Fernández y Omar Perotti firmaron un “convenio de cooperación en seguridad” que comprometió a ambos gobiernos en “la pelea contra el crimen organizado” en Rosario, donde “el narcotráfico ha montado una suerte de pequeño imperio”, según el diagnóstico del propio Presidente. Este acuerdo se traducirá, según expresó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en «la asignación de fuerzas Federales de seguridad en la ciudad de Rosario». Perotti fue ayer a la Casa Rosada a pedir ayuda. La crisis de violencia que escaló en estos días al plano nacional por su saga de crímenes cotidianos excede a la provincia. Y volvió a Santa Fe con un acuerdo que redobla el apoyo político de Alberto a su gobierno, con un doble propósito: por primera vez en doce años, un gobernador de Santa Fe dejó expuesta a la vista pública la gravedad de la situación en Rosario, jaqueada por el “enfrentamiento de organizaciones criminales” y el reconocimiento del problema puede ser el primer paso hacia la solución. “El problema excede a Rosario y a la provincia porque tiene connotación nacional”, se sinceró Perotti y agregó que «el respaldo del Presidente» es «una muestra cabal del compromiso y de la seriedad con que se toma el desarrollo de esta problemática, que desde hace muchísimos años está instalada» en la provincia.En sólo 14 días, hubo en Rosario 17 crímenes. Es bueno separar bien los tantos: cuatro personas murieron apuñaladas en grescas, y en uno de esos casos un chico mató a su padre. Otros dos murieron en un supuesto intento de robo en el Parque del Puente Rosario-Victoria, tanto el ladrón como el robado, que era gendarme. Los once restantes fueron baleados en circunstancias similares: personas que llegaron o pasaron a bordo de un vehículo y gatillaron. El crimen más resonante, y el que revivió la influencia de la banda narcocriminal Los Monos ocurrió el sábado pasado, en el casino City Center, en el sur de la ciudad. Enrique Encino, gerente del banco Nación de la localidad de Las Parejas, había salido a fumar y resultó baleado. Su modalidad generó preocupación: parecía destinado a amedrentar de forma más general a la población, ya que la víctima no tenía ninguna vinculación con el delito. Poco después detuvieron a Maximiliano «Cachete» Díaz, integrante de Los Monos, y las escuchas telefónicas permiten inferir que detrás del tiroteo está Ariel «Guille» Cantero, desde la cárcel. El cabecilla de la organización criminal de barrio Las Flores está condenado por distintos delitos como instigar un homicidio y organizar tráfico de estupefacientes.

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Ahora Rosario estalla. A fines de diciembre el ex gobernador Miguel Lifschitz -y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia- fue el principal ejecutor del rechazo a las leyes de Emergencia en Seguridad, pero también Social y Económica, que había enviado Perotti a la Legislatura. Esa decisión, el último día hábil del año, dejó al gobernador «sin herramientas» para afrontar la delicada situación. Ahora, intendentes del propio Frente Progresista reclaman que esas leyes se aprueben en febrero.

El eje sigue siendo la conexión entre la policía y las organizaciones delictivas. Según una información periodística, la pareja de Díaz es sobrina del ex jefe de la Policía de Santa Fe, Marcelo Villanúa. Ayer, él mismo lo desmintió. Cuando Perotti, en su discurso de asunción, se refirió a los vínculos entre el delito y el gobierno, se refería también a los policías condenados -o imputados- por su complicidad con Los Monos, y también con otras bandas, como la que lidera Esteban Alvarado.

Por eso, Perotti y Sain están convencidos que detrás de la crisis está la reacción de una policía acostumbrada al autogobierno. Y cuando Perotti refiere a vínculos, alude a los gobiernos anteriores. De hecho, cuando le preguntaron si aludía a los mandatarios socialistas, contestó: «Que cada uno saque sus conclusiones». «Si hablamos de cortar los vínculos con el delito, lo hacemos en todos los niveles porque es indispensable para la vida institucional de la provincia», estructurar «la conducción política» de la Policía de Santa Fe y «resguardar cualquier vínculo con el delito».

Perotti se volvió ayer con un aval contundente de la Casa Rosada. «La respuesta del Presidente” a su pedido de ayuda “es una muestra cabal del compromiso y las seriedad con que vamos a enfrentar esta problemática que está instalada en Santa Fe desde hace años”. Su ministro de Seguridad Marcelo Sain explicó cómo afrontarán el desafío. “El gobierno nacional y el de Santa Fe es un solo gobierno en materia de seguridad pública. Tenemos un solo diagnóstico, una sola interpretación acerca de la envergadura del problema, sabemos lo que pasa en Santa Fe y cómo abordarlo de manera integral entre las dos jurisdicciones, pero como un mismo actor institucional”, definió.

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El respaldo del presidente a Perotti es el tercero en dos semanas ante la crisis de inseguridad en Santa Fe. Ya a principios de enero, después de una protesta en Rafaela, cuando un grupo de manifestantes se desprendió de la marcha y atacó la casa del gobernador, donde estaban su esposa y su hijo menor, Alberto se mostró muy solidario con él. “No debemos tolerar a los violentos”, dijo el jefe de Estado.

El lunes, en una entrevista en un canal de TV, Fernández dijo que Santa Fe “tiene un serio problema del crimen organizado. Lo hablé mucho con Omar Perotti. El narcotráfico se ha instalado, ha montado una suerte de pequeño imperio” en Rosario y prometió que la provincia recibirá “toda la ayuda que sea necesaria”.

Ayer, comenzó a concretarse esa asistencia, con el “convenio de colaboración en seguridad” que firmaron el presidente, el gobernador y los dos responsables del acuerdo: la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic y su colega de Santa Fe, Marcelo Sain. El acta se firmó en el despacho presidencial, donde estaban el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro del Interior Eduardo de Pedro y el senador nacional Roberto Mirabella.

La conducción de la crisis quedará a cargo de un Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior –como se llama- que integrarán funcionarios del equipo de Sain y de Frederic y representantes de las fuerzas nacionales (la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la PSA), la Policía de Santa Fe y de la Agencia de Investigación Criminal que creó el gobierno de Perotti para investigar el crimen organizado.

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Perotti ponderó el acuerdo. “Es muy importante”, dijo. “La dimensión de la problemática en Santa Fe excede a Rosario y a la provincia, tiene una connotación nacional y el respaldo del presidente es una muestra cabal del compromiso y la seriedad con que enfrentaremos esta problemática que está instalada en nuestra provincia desde hace años. Ese es un elemento distintivo: trabajaremos de manera coordinada” por primera vez, a sabiendas de la magnitud “de lo que tenemos que enfrentar”. La mención del gobernador a los doce años es una referencia obvia a los tres gobiernos socialistas que lo precedieron en la Casa Gris.

“Lo que queremos destacar es la decisión política”, insistió Perotti. “El compromiso del Presidente de la Nación para que la Argentina de una muestra contundente de cómo se enfrenta” este avance del narcotráfico en Santa Fe “en forma conjunta con la provincia”. En el trabajo operativo “el epicentro mayor -por el número de efectivos de las fuerzas federales- será Rosario”, pero esa tarea se extenderá a las principales ciudades: Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista, agregó.

El ministro Sain no sólo coincidió sino que también distinguió distintos niveles operativos. “Uno es el trabajo en seguridad preventiva”, explicó. “Ya se están desplegados fuerzas federales en determinados barrios de Rosario”, jaqueados por “enfrentamientos de organizaciones criminales. “El plan de la intervención es pacificar ese conjunto de barrios que en este caso compromete 300 gendarmes, más los efectivos de la Policía de Santa Fe”. “Un segundo aspecto será una mesa de coordinación en materia de delito complejo y un trabajo combinado entre la justicia provincial y nacional”. Ante preguntas sobre la cantidad de efectivos nacionales asignados a la provincia, la ministra Frederic advirtió: “Estamos muy mal acostumbrado al creer que más policías es más seguridad. Acá hay optimizar el trabajo”.

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