Miño es integrante de la CTEP y vive en La Cava. Asumió en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con el objetivo de avanzar en la urbanización de villas y asentamientos. «Estamos luchando por los servicios básicos que no llegan a los barrios populares. La integración sociourbana de los barrios es posible», dice.
Fernanda Miño es la nueva secretaria de Integración Socio Urbana, el área del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que tendrá a cargo los trabajos de urbanización de villas y asentamientos. Vive en La Cava, adonde sus padres llegaron desde el Chaco, en los ‘70, en busca de una oportunidad de trabajo, y en donde hoy sigue viviendo con su esposo y sus hijas. Miño se formó en la militancia de la iglesia: se inició como catequista y de la mano de los curas tercermundistas abrió en su casa un centro cultural destinado a mantener los chicos dentro del sistema escolar. Las inundaciones de 2013 en San Isidro la empujaron a un proceso de asambleas con sus vecinos que los integró al Movimiento de Trabajadores Excluidos, y de allí a participar en el relevamiento de barrios populares, base de lo que en 2018 llevó a la sanción de la Ley de Integración Socio Urbana de barrios populares, que ahora, como funcionaria, deberá promover. Dice que el foco de su gestión estará puesto en que los barrios accedan a los servicios públicos, con el acceso al agua, las cloacas y la electricidad como prioridad.
“Viví en La Cava toda mi vida. Mi mamá era de Resistencia, mi papá de Isla del Cerrito, muy del monte; se vinieron con mis hermanos más grandes, de cuatro y tres años. Todos los demás nacimos acá. Mi papá era estibador en el puerto, por eso siempre digo que mi destino era la Villa 31 o La Cava. El se iba a asentar en la 31, pero no pudo y nos establecimos acá. También la mayoría de mis hermanos siguen viviendo en La Cava. Nosotros nos sentimos muy arraigados, aunque fue con la iglesia que empezamos a encontrarle un sentido a la falta de derechos por la que vivíamos así. Aprendimos de curas como el Aníbal Filipini y el padre Jorge García Cuerva, hoy obispo de Río Gallegos, a desnaturalizar la condición en la que vivimos.
-¿Cómo pasaron desde ahí a la militancia política?
– Yo estaba transitando mi segundo embarazo en el año en que se fueron haciendo asambleas. Se fue dando una maduración. También el nacimiento del espacio social que abrimos en el patio de mi casa junto a mi marido nos llevó a un crecimiento, a una conciencia social y política, no partidaria porque aunque siempre fui peronista no me identificaba con lo que veía en San Isidro. Fue un proceso en el que primero fuimos asumiendo roles de defensa, de visibilización de los barrios, uno empieza a hablar. Era cuestión de leer, de conocer la historia del barrio, escuchar a los vecinos que estaban ahí hacía 30 años. Todo eso fue decantando a ingresar a la política, por todo lo vivencial que iba ocurriendo, por una necesidad de la propia lucha.
En 2017 Miño encabezó la lista de concejales de Unidad Ciudadana, convirtiéndose en la primera edil de San Isidro salida de La Cava. En 2019 fue precandidata a intendenta del Frente de Todos. Alberto Fernández le dio su apoyo para las PASO. No llegó a imponerse en las elecciones internas, pero la campaña ayudó a que su figura se hiciera más conocida públicamente.
– ¿Cuál es su proyecto de trabajo en la Secretaría de Integración Socio Urbana?
— Nosotros venimos a continuar un camino: en 2016 con las organizaciones sociales (se refiere a la CTEP, Barrios de Pie, las CCC y el Frente Darío Santillán) hicimos el relevamiento de los barrios populares. Después empezamos a tramitar los certificados de viviendas, a gestionar que en cada distrito ese documento fuera aceptado, que sirviera como certificado de domicilio y para reclamar los servicios. Todo fue una lucha que nos acercó a sentarnos con los concejales del municipio.
– Ese proceso contenía una promesa de urbanización que no se concretó.
– Sí. Por eso militamos la Ley de 27.453 de Integración Sociourbana, de regularización dominial. Esa fue la lucha que acercó la militancia social con la política, fue todo muy paralelo. En ese proceso nos conocimos con Juan Grabois, él nos fue acompañando. Después, el mismo movimiento me fue pidiendo que fuera a hablar a espacios más institucionales, como el Congreso, a foros y universidades para explicar por qué había que seguir este proceso, que había tenido como primer paso georreferenciar los barrios en un trabajo súper serio, súper importante porque dejamos de ser una mancha gris en los mapas. Pasamos a figurar con los nombres de cada barrio, después a tener el certificado de la vivienda, y ahora estamos luchando por los servicios básicos, que por todas estas trabas no llegan a los barrios populares, donde todo es clandestino. Somos 4400 barrios y el 89 por ciento no tiene cloacas. La integración sociourbana de los barrios es posible. Y la venimos trabajando y gestionando, no es un proyecto que empiece hoy. Después del registro, para cada barrio se hicieron preproyectos para que ingresen los servicios públicos. Nosotros vamos a continuar desde ahí. La ley está aprobada desde octubre de 2018.
– ¿En la Secretaría tienen presupuesto para trabajar?
— Recién tuvimos las primeras reuniones con la ministra (de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa). Nuestro presidente, Alberto Fernández, ha dicho que la prioridad es empezar por los últimos… yo creo que eso va a estar. El impuesto PAIS, del 30 por ciento a las compras en dólares, va destinarse a un fideicomiso para estas obras, y la Secretaría tiene su presupuesto. Pero estamos empezando la gestión, recién asumimos.
Según los datos del relevamiento de barrios populares, el 93,5 por ciento no cuenta con acceso formal a la red de Agua Potable y el 98,5 por ciento no tiene red cloacal. La red de energía eléctrica formal no llega al 71,6 por ciento, mientras que el 98,8 por ciento no accede a la red de gas natural.
– ¿Qué servicios son los que quieren instalar con más urgencia?
– Agua, electricidad y cloacas. Regularizado no hay casi nada; la mayoría llega clandestinamente y como puede, como la familia se dé maña para pinchar el agua. Hay que recorrer los barrios para verlo… a veces el caño es más grueso, a veces finito, a veces pasa por un pasillo o lo levantan a través de un poste, o lo meten por el mismo desagüe de las aguas servidas, lo que es totalmente inseguro. En la desesperación por no tener agua, la gente hace lo que puede. Porque hay que estar sin tener agua para refrescarse, para tomar, poder cocinar. O no poder prender un ventilador. La gente lo hace como puede.
– ¿Los vecinos van a poder emplearse en cooperativas para hacer esos trabajos de conexión?
– Por ley, al 25 por ciento de las obras las van a hacer cooperativas. Nuestro mayor interés es que sea así. Hemos hecho mucho con muy poco, y hoy que puede haber los recursos necesarios tenemos la gran esperanza de que esto se realice y que se haga en corto tiempo.
