Las actuales autoridades del Banco, que encabeza Eduardo Hecker, ya abrieron sumario sobre los funcionarios de línea que viabilizaron la operatoria, que permitió que el monto de la deuda de Vicentín con la entidad se elevara hasta una cifra que se acerca a los 350 millones de dólares, según fuentes de la propia entidad. «La empresa argumentó stress financiero para declararse en cesación de pagos, pero de los balances no surge que tenga dificultades para cumplir sus compromisos, el 83 por ciento de sus ventas son en dólares, aumentó sus ventas año tras año y escaló en el ranking de la cúpula empresaria», explicó Claudio Lozano, recientemente incorporado como director a la conducción del Banco Nación, a este diario.
«El Banco ya tomó la decisión de bajar la calificación de crédito de Vicentín a Situación 4 (la anteúltima categoría, antes de «Irrecuperable», la 5) y hemos hecho las previsiones para que la entidad pueda afrontar un eventual impago; pero vamos a intentar recuperar el crédito», señaló el economista y ex diputado nacional. «El dinero es recuperable, porque la situación de la empresa le permitiría pagar, pero estamos ante una maniobra compleja, fraudulenta si se demostrara que hubo otras intenciones por las cuales se decidió no pagarle al Banco Nación», agregó.
La llamativa operación de Vicentin ya había sido advertida, por lo irregular, por el propio Banco Central, que por nota reclamó en más de una oportunidad si había autorización del Directorio para semejante flexibilidad, según consta en los legajos del Nación. González Fraga jamás dejó asentada su autorización, pero se sospecha de un circuito político de decisión que actuaba en favor de la empresa de Alberto Padoan, dueño de la cerealera y muy allegado a Mauricio Macri. Padoan, por sí mismo y a través de algunas de sus empresas, realizó importantes aportes a la campaña de reelección de Macri.
Vicentin se declaró en cesación de pagos en diciembre con una deuda de más de mil millones de dólares, la mitad con acreedores del exterior, según expresaron sus autoridades. Localmente, tiene deudas financieras y comerciales. Estas últimas, con productores, acopiadores y cooperativas, principalmente. Al Banco Nación dejó de pagarle en agosto, después de las PASO. A sus acreedores comerciales el 6 de diciembre, casi con el cambio de gobierno. La coincidencia con el calendario electoral no sería casual.
Con respecto a la deuda bancaria, el Nación, con una cifra estimada en 18.500 millones de pesos, representa el 78 por ciento. El resto se reparte entre el Provincia de Buenos Aires (1600 millones), Hipotecario (700), Macro (500) y ocho entidades más por cifras inferiores.
Vicentin cuenta con dos plantas en Santa Fe (San Lorenzo y Ricardone) con 800 empleados, hoy cerradas. Controla otras 15 firmas en el país, incluido una terminal portuaria en San Lorenzo. Y tiene una asociación estratégica con la suiza Glencore, con la que comparte la firma Renova, que produce biodiesel. En más de una oportunidad, se presumió que Glencore sería la destinataria del cambio de propiedad de Vicentin. Tanto las liquidaciones de los dólares originadas en sus exportaciones como las trasferencias de dividendos a sus socios de Suiza y Paraguay son motivo de análisis por las autoridades.