Una semana después de la votación exprés que eliminó la ley 7722 y habilitó el uso de cianuro y ácido sulfúrico para la megaminería en Mendoza, una semana después de las protestas multitudinarias que volcaron a los mendociones a las calles en «defensa del agua pura», el gobernador Rodolfo Suárez reconoció que «Mendoza está en contra de la minería» y anunció que enviará el proyecto de derogación de la norma 9209 a la Legislatura para que sea votado el próximo lunes por ambas cámaras. «Volverá la plena vigencia de la 7722», reconoció su derrota Suárez, mientras en las calles comenzaban a sonar bocinas, cacerolas, tambores y gritos de festejos.
Las asambleas populares por el agua fueron las grandes protagonistas de la resistencia a la habilitación al uso de tóxicos para la explotación minera, reflejada en la histórica movilización del lunes pasado que terminó en represión, y su reclamo generó la reacción de los sectores más diversos. «Lo logramos porque el pueblo se unió sin ninguna bandera política, el agua unió a Mendoza para que nos devolvieran la 7722 y no tenemos nada que agradecerle a Suárez porque la ley es del pueblo y no se toca», festejó Verónica Cimarelli, integrante de asamblea de San Carlos, al borde de la ruta 40, desde donde el domingo pasado partió la gran marcha hacia la capital y donde anoche se celebraba.
«La 7722 no se toca» cruzó a la población mendocina desde los productores vitivinicolas al Arzobispado, de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza a la Comisión de Reinas de la Vendimia, que habían instado a la cancelación de las fiesta de la Vendimia. En la jornada del viernes el rechazo popular alcanzó a las intendencias de Maipú, San Carlos, Lavalle y Tunuyán, cuyos jefes comunales se sumaron al reclamo de derogación.
«El pueblo se ha expresado en las calles, el pueblo es soberano y lo escuchamos. Acá no hay consenso social para la minería», reconoció Suárez, acorralado por la presión popular, en conferencia de prensa a las 9 de la noche desde la Casa de Gobierno y confirmó el tratamiento de la derogación en sesión extraordinaria el lunes. Se cumplía una semana del tratamiento exprés en el que senadores y diputados del radicalismo, el PRO y el Partido Justicialista habían avanzado sobre la ley 7722, votada en 2007 por iniciativa popular y ratificada en 2015 por la Corte Suprema provincial.
«Hasta el lunes, cuando veamos firmado la vigencia de la 7722, no vamos a festejar plenamente. Sabemos quiénes son», advirtió María Teresa «Guni» Cañas, de la asamblea de Gran Mendoza, pero los festejos ya se escuchaban detrás. «Nadie les va a quitar el título de traidores de ir contra el pueblo», aseguró la asambleísta en referencia a la actitud de la clase política y festejó que el eco de Mendoza ayer había llegado hasta Chubut.
El modelo de desarrollo en agenda
«Creían que porque ganaron las elecciones iban a ser lo que quisieran, que iban a instalar la megaminería como política de Estado», señaló «Guni» respecto del rechazo popular que se escuchó también en Chubut ayer, donde el gobierno de Mariano Arcioni evitó, por el momento, avanzar en el tratamiento de una norma que impulse la megaminería. «Esta lucha abrió un canal de participación a toda la población, que ha sido muy poderoso, y permitió que el tema ambiental permanece en la discusión de la agenda de la clase política de Mendoza, que la negaba», insistió.
«Obtuvimos el 40 por ciento en la elección, pero eso parece que no es el consenso social», analizó Suárez minutos antes de los festejos populares y adelantó que luego de la derogación se convocará a una Mesa de Desarrollo Productivo con todos los actores provinciales para «buscar otras alternativas» porque «evidentemente, Mendoza está en contra de la minería».
Para el gobernador, el gran rechazo a la medida se debió a que no pudo comunicar a través de los medios tradicionales sus intenciones y apuntó a las redes sociales como dinamizadoras del reclamo. Veinticuatro horas antes, Suárez había dado otra conferencia de prensa intentando frenar las protestas al decir que la ley no sería reglamentada y apuntado a los asambleístas como generadores de «miedo» y a la sociedad en general como «desinformada». Las redes sociales explotaron de videos con plazas llenas en toda la provincia.
«La única forma que tuvimos de comunicarnos fueron las redes y los medios comunitarios, porque los medios tradicionales de Mendoza nunca nos dieron lugar, nos ningunearon, nos dijeron que éramos un puñado de ambientalistas. Pero somos mendocinos protegiendo nuestro recurso hídrico», apuntó Cimarelli.
Las asambleistas esperan primero que los legisladores que desoyeron los reclamos populares e intentaron borrar la 7722 voten la marcha atrás, pero ya tienen claro las propuestas de alternativas que ofrecerán ante el nuevo tiempo que se abre en Mendoza. «No hay un pueblo minero rico, todos son pobres, y nosotros queremos ser una sociedad pujante, agroganadera, con ayuda a los pequeños productores y sin tanto Monsanto, porque no tenemos que dejar que nos contaminen», resumió la asambleísta de San Carlos.
«La alternativa es la agroecología, las economías populares y familiares. Los gobiernos tienen que abrir el debate sobre los modelos de producción y consumo, el medio ambiente y problema del cambio climático tiene que estar en primer lugar y no como un tema de responsabilidad social empresaria», proyectó la asambleísta de Gran Mendoza.
