En la jornada de este viernes los reclamos frente al palacio legislativo se replicaron en las rutas de toda la provincia con ocho cortes informativos y cortes totales de algunos accesos a la ciudad para expresarse en contra de la avanzada de senadores y diputados. Los asambleístas y una decena de organizaciones ambientales como Greenpeace, Fundación Biodiversidad y Vida Silvestre habían advertido que la modificación de la norma va en contra del principio de no regresividad de la Ley General de Ambiente, lo que abre, como reconocieron algunos legisladores, un camino de anulación vía judicial.
«Una vez que se conozca la promulgación de la ley, antes de fin de año, se presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Sumprema por la violación al principio de no regresión», confirmó Giraud.
La Cámara Alta mendocina aprobó la modificación de la norma por una amplía mayoría, con los votos de los senadores del radicalismo, el PRO y el Frente de Todos. Situación similar se repitió una hora después en la Diputados, donde no hubo tratamiento previo y se aprobó sobre tablas. «¿Por qué este tema que es trascendental para Mendoza? ¿Lo tenemos que estar tratando de esta forma exprés con la tensión social que se siente?», lamentó una de las legisladoras que votó en contra.
Desde la Asamblea Popular por el Agua señalaron que el lobby minero nunca descansó desde 2007 y «quería a toda costa llegar a fin de año con la modificación». El contexto de la crisis económica y el aumento de la desocupación en la provincia acompañó, según Giraud, a un «cerco mediático brutal» por parte de los principales medios mendocinos que silenciaron las voces disidentes, entre ellas, un pronunciamiento de más de 500 científicos y académicos.
El agua sin tutela
Entre los artículos modificados de la Ley 7722 —ratificada en 2015 por la Corte Suprema mendocina—, el central es el 1º. Prohibía la utilización de sustancias tóxicas «a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico» en una provincia que se encuentra hace 11 años en emergencia hídrica. La megaminería utiliza cientos de litros de agua por segundo para limpiar el material extraído de la montaña.
El proyecto tratado por el Senado fue la primera decisión del flamante gobernador Rodolfo Suárez, sucesor de Alfredo Cornejo. La base del proyecto fue otro presentado en 2018 por el senador del Frente de Todos Alejandro Abraham. Suárez celebró el lunes pasado haber recibido el respaldo del presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvieron los gobernadores radicales en la Casa Rosada. Durante un encuentro con la Asociación Empresaria Argentina, Fernández calificó a la minería como «primordial» y se adelantó a la votación favorable en Mendoza, como también la vuelta de la actividad minera a cielo abierto en Chubut, donde aún no hay fecha de debate legislativo.
En el tratamiento en la Cámara alta el acuerdo fue casi homogéneo. Solo dos senadores del Frente de Todos, tres de Cambia Mendoza y los monobloques del Frente de Izquierda y Protectora se opusieron a la modificación. En la Cámara baja los votos negativos llegaron a 11, sobre 36 positivos y una abstención.
Modificaciones
Los legisladores que respaldaron la iniciativa subrayaron la creación de una Agencia de Control Ambiental, redundaron en el cumplimiento de los parámetros ordenados por la legislación internacional y destacaron la creación de un fondo fiduciario para volcar el 1,5 por ciento de las regalías en obras hídricas y de saneamiento en los municipios explotados, además de un cupo de mano de obra mendocina para la generación de puestos de trabajo.
Detrás de esos artículos defendidos por los legisladores que fueron contra el espíritu de la Ley 7722, otro de los centrales que se modificó fue aquél que obligaba a que los futuros proyectos mineros otorgados por el Ejecutivo fueran aprobados por parte del cuerpo legislativo.
«Tenemos demasiada experiencia de proyectos muy mal aprobados por el Ejecutivo, que eran frenados por la Legislatura, incluso varios de los diputados que hoy votaron la reforma han festejado, tiempo atrás, haber frenado esos proyectos», recordó Giraud.
Entre los proyectos que fueron rechazados por la Legisltura está el de San Jorge, explotación de cobre en la localidad de Las Heras, descartada en 2011, pero que ahora podría ser el primer empredimiento en reactivarse. «Si San Jorge hubiera estado en explotación este año habría pagado de regalías, apenas, el 0,28 por ciento del presupuesto», graficó el asambleísta.
Por otro lado, el integrante de la Asamblea apuntó un caso respecto de los controles internacionales que destacaron quienes votaron a favor: «Las certificaciones internacionales no se condicen con una efectiva rigurosidad. La mina Veladero, al momento del derrame de septiembre 2015, tenía certificación de normas ISO y respeto del código internacional de manejos del cianuro».
La diputada del Frente de Todos Silvia Stocco fue una de las que plantó su voto negativo. «Lo que nos están pidiendo que votemos es una mala ley», advirtió la diputada, aunque se declaró a favor de impulsar todas las actividades productivas.
Stocco repasó los artículos destacados por quienes respaldan la reapertura de la provincia a la megaminería y señaló que la imprecisión de cómo se aplicarán los montos del fondo fiduciario refleja apenas «una declaración de buenas voluntades». Entiende que la Agencia de Control Ambiental quedará en manos del Poder Ejecutivo sin contralor.
Como ejemplo de la falta de controles, Stocco subrayó que la autoridad de aplicación dependerá del secretario de Ambiente y Ordenamiento territorial, Daniel Mingorance. Sobre Mingorance recordó que días atrás aseguró que «si tuviera que controlar toda la actividad productiva que hay Mendoza, no habría actividad productiva en la provincia».
Sosa compartió además un extenso documento en el que analizó punto por punto la norma votada y apuntó sobre algunos argumentos que circularon por los medios mendocinos: «¿Cómo podría llegar a 17.000 empleos en el corto plazo cuando la provincia de San Juan tiene poco mas de 6.600 empleos pero para toda la actividad minera provincial, tal como afirma el INDEC?». Respecto de los futuros controles que tendrá la actividad minera, Sosa se preguntó: «¿Por qué la autoridad ambiental nunca creó la policía ambiental minera que obliga la misma Ley 7722?».
«Tenemos que empezar a rezar en Lavalle», lamentó el diputado Edgardo González del Frente de Todos, otro de los que se opuso a la modificación. «Siempre hemos luchado por el tema del agua y es, cada vez, una problemática más grande, que no sabemos cómo solucionar. Va a ser muy difícil si río arriba contaminan las aguas. ¿Cómo vamos a entender que con los proyectos mineros se nos van a solucionar los problemas?», cuestionó el diputado.
