La Asamblea Ambiental reclama informes sobre los destinos de fondos de la minería y sobre la legalidad de una empresa que pretende intermediar entre el Estado y las multinacionales.
La Asamblea Ambiental Juntos Podemos por un Ambiente Sano se manifestó ayer de forma pacífica en la sede de la empresa JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) para solicitar informes sobre los destinos de los fondos que recibe la provincia jujeña de la minera Sales de Jujuy y por las regalías de la explotación del litio.
El integrante de la Asamblea, antropólogo especializado en geoarqueología y perito ambiental, Néstor Ruiz dijo a Salta/12 que se movilizaron con referentes de las comunidades kollas y atacamas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc para obtener información sobre el destino de los fondos que recibe el gobierno de Gerardo Morales por la explotación del litio.
«JEMSE es una sociedad del estado de Jujuy que recibe como socio el 8,5 % de Sales de Jujuy, la empresa que está explotando litio en dos salares de Cauchari Olaroz. Los jujeños no vemos ningún beneficio de ese 8,5. Nos prometieron que íbamos a ser la Arabia Saudita de litio, pero la provincia sigue en un estado paupérrimo porque no tiene fondos y entonces desconocemos los destinos de la plata que reciben por la sociedad y por las regalías mineras. Hemos venido para preguntar: ¿dónde están los fondos y qué han hecho con ellos?», dijo Ruiz.
El proyecto del salar de Cauchari Olaroz se encuentra en el departamento Susques. La etapa de producción del litio comenzó en noviembre de 2018. Esta zona se ubica dentro del llamado «Triángulo del litio», una región geológica de la Puna que comparten Argentina, Bolivia y Chile, donde están concentradas más del 75% de las reservas mundiales de litio.
Ruiz también explicó que se manifestaron por el desembarco en la provincia de la Consultora Integra Investments, de José Luis Manzano, ex ministro del interior de Carlos Sául Menem, ahora devenido en empresario y consultor. Ruiz dijo que esta empresa suele estar «vinculada con el Estado en negociaciones relacionadas con la deuda externa» y «vino a ofrecerse como intermediaria entre el Estado y las multinacionales mineras y de manera irregular porque no participó de la licitación que quedó desierta. Queremos ver en qué condiciones legales está desembarcando en Jujuy, es una intermediación innecesaria porque el Estado no necesita interlocutores para que lo representen. Quieren que la Provincia les entregue todas las zonas litíferas para que negocien con las multinacionales».
JEMSE tiene un plazo de dos semanas para responder a los pedidos de informes. «Volveremos a fin de mes para que nos den una respuesta y poder accionar legalmente», afirmó Ruiz.»Estamos haciendo una movilización pacífica en la puerta de JEMSE, lo haremos en el futuro. Están cortando el pasto para alejarnos, no es casual y es para interrumpir nuestra actividad pero son cosas que el gobierno siempre hace», contó.
Litio y daño socioambiental
El especialista explicó que en Jujuy se usa, al igual que en Chile, un método «evaporítico» con agregado de químicos que contaminan los suelos. «Se están usando millones de litros de agua por día, es un método insustentable porque lo que produce es desertificación y disecamiento de la Puna«.
En esta región las precipitaciones son inferiores a los 200 mililitros por año, «si encima se evaporan los acuíferos, la situación es grave porque afecta directamente a la vida sobre el territorio». Ruiz brindó como ejemplo la situación de Catamarca, donde ya se secó el río Trapiche, y dijo que ahora quieren canalizar el río Los Patos. «Un tercio de la mezcla es agua dulce que toman de los arroyos, es algo que no se dice. El agua dulce es escasa en la Puna por eso nos oponemos a este método en particular», afirmó.
«Hay otros métodos sustentables desarrollados por científicos argentinos como el doctor Ernesto Calvo, (docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) con un grupo en el que se incluye a gente de Jujuy, han desarrollado un método electroquímico que no usa agua. Como representa un costo adicional en la explotación, y a las mineras no les conviene tanto, permiten que se haga con un método que ya sabemos las consecuencias que dejó en Chile», aseguró Ruiz.
Señaló que en Chile, 14 comunidades indígenas que vivían alrededor de los salares tuvieron que migrar a las ciudades porque se quedaron sin agua dulce para su producción y para vivir. Esas consecuencias aún no se dan en Jujuy, pero la organización ambientalista alerta a la población.
En la provincia jujeña solo hay una empresa en explotación, Sales de Jujuy. «Nosotros le seguimos los pasos, está cerca de la frontera donde hay escasa población. Lo que quieren es explotar otros espacios donde vive más gente y en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, donde las comunidades se han organizado para resistir, han dicho que no. El gobierno se niega a hacer la consulta previa, libre e informada, que es lo que marca el Convenio 169 de la OIT que la Argentina refrendó y que por lo tanto tiene valor constitucional».
En Jujuy hay 46 proyectos de litio, «todos parados, salvo la minera Exar que también está del lado de Cauchari, la planta ya está casi terminada y calculan que para el año va a iniciar la explotación. Lamentablemente dos comunidades originarias de ahí, hace años, sin tener información, firmaron el consentimiento», sostuvo Ruiz.
El investigador detalló que en Argentina solo hay explotación de dos minas de litio, una en Jujuy y otra en Catamarca. Salta está próxima a poner en funcionamiento plantas de extracción de litio.
En Jujuy «nosotros hemos presentado diferentes acciones junto con las comunidades originarias. El gobernador Gerardo Morales se comprometió a ir a las reuniones pero no asistió. Las comunidades cerraron la negociación y dijeron que se niegan a la explotación». Para hacer valer esa negativa han implementado cortes de ruta y otras medidas de resistencia en los territorios. Ruiz dijo que lograron expulsar a dos mineras.
Ruiz dijo creer que si bien durante la campaña electoral el gobernador dejó de insistir con la promoción de la explotación del litio, ahora que fue reelecto volverá con el tema.
«En el mundo de la política, el apoyo es fragmentado y en ocasiones. Tenía que ver más con la campaña política y fue bastante tibio. Para el tema de la megaminería no hay grieta están todos de acuerdo con entregar el territorio para su explotación a las multinacionales», expresó el referente.
Derecho a la vida
«Hoy es el primer día de los dos gobiernos tanto nacional como provincial y les decimos que vamos a seguir resistiendo porque tenemos derecho a la vida como cualquier argentino. No nos vamos a convertir en refugiados ambientales ni vamos a permitir que la Puna se convierta en un desiento, aunque estén de acuerdo los gobiernos nacionales y provinciales vamos a seguir resistiendo porque no tenemos opción. Es un tema de supervivencia y de sentido común. Si no vemos ningún beneficio, no vamos a aprobar algo que solo sirve a las mineras y a sus socios locales», manifestó Ruiz.
Planteó que las mineras solo han generado 200 puestos de trabajo, entre empleo directo e indirecto. En cambio, indicó que en Jujuy las comunidades son prósperas, viven de la producción para autoconsumo y no necesitan de las mineras que no respetan controles ambientales. Especificó que en Chile los pobladores originarios que migraron a las ciudades terminaron trabajando de forma irregular, como empleados en los quioscos, lavando ropa de turistas, y dijo que no quieren que sus niños y niñas «vuelvan a ser sirvientes de los gringos».
En Cauchari Olaroz se creó una reserva ambiental en 1981 mediante la ley provincial 003820. Tenía como objetivo preservar la conservación y el hábitat de la vicuña; la chinchilla real, indiana, de cola corta; el suri cordillerano y el ñandú de la Puna, algunas de ellas amenazadas o en peligro de extinción. El proyecto de explotación de litio se encuentra dentro del área de 180.000 hectáreas de esta reserva.
