La investigación se había iniciado a septiembre de 2014 y un año después había derivado en un embargo a la financiera Transcambio.
El titular del Juzgado en lo Penal Económico Nº4, Alejandro Catania, dispuso el procesamiento de 30 directivos de sociedades comerciales, casas de cambio y cooperativas financieras vinculadas en una causa iniciada en 2015 por prestar servicios de cambio de manera ilegal. La investigación se había iniciado a septiembre de 2014 y un año después había derivado en un embargo por mil millones de pesos a la financiera Transcambio, la cara visible de este entramado que llega hasta Carrefour como una de las financistas. Catania dispuso para cada directivo procesado embargos de hasta 16 mil millones de pesos. La instrucción se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°6, subrogada en la actualidad por el fiscal Germán Bincaz.
El caso se inició por infracción al artículo 303 del Código Penal, que se refiere a delitos contra el orden económico y financiero, un delito incluido en la última reforma de ese marco legal. En ese momento, la casa de cambio y la sociedad de Bolsa de Transcambio habían sido allanadas a partir de una denuncia realizada por la Comisión Nacional de Valores y los reportes de ese operativo fueron remitidos a principio de 2015 a la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar el origen de los fondos, a lo que se vincula este procesamiento. El objetivo es determinar qué financiaba la venta de dólares ilegales.
En el allanamiento de Transcambio, se detectaron recibos que documentaban el transporte de valores realizado por una conocida empresa transportadora de caudales por cuenta y orden de INC SA. De acuerdo con la investigación, el centro de las maniobras gira en torno a Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda, Anker SA e INC. SA, conocida por su actividad comercial como la cadena Carrefour Argentina.
“La investigación permitió acreditar un modus operandi que tenía como denominador común el traslado por parte de Juncadella de la recaudación de la cadena de supermercados hasta las oficinas de Anker ubicadas en pleno microcentro porteño. Ese dinero, que llegaba ya procesado -es decir, contabilizado y empaquetado- por la transportadora de caudales permanecía escaso tiempo en Anker, en tanto era retirado y utilizado por la cooperativa Indocredit para la actividad de descuento de cheques, a pesar de no contar con autorización alguna para la misma”, según detalla el escrito de 203 fojas de esta causa. En el caso de Indocredit, la investigación revela que entre julio de 2012 a noviembre de 2014 efectuaba operaciones de canje de cheques, por un valor inferior al monto del título que cancelaba.
«Somos enfáticos al afirmar que Carrefour no tuvo participación en ninguna actividad que se apartara de la ley y así lo seguiremos manifestando en las pertinentes instancias de apelación», señalaron desde Carrefour a este diario.
El juez dictó una treintena de procesamientos –sin prisión preventiva- y embargos por el doble del valor de las operaciones realizadas, según dispuso el juzgado interviniente. La resolución incluye embargos de entre 156 millones y 16 mil millones de pesos. Por otra parte, fueron sobreseídas seis personas. «A fin de asegurar la eventual ejecución futura de las penas pecuniarias establecidas para el delito que aquí se investiga, deberá, como mínimo, trabarse embargo sobre un monto representativo del doble del valor de las operaciones realizadas», indicó el magistrado en su resolución.
