La violencia comenzó en Santa Cruz, se amplió hacia el centro, en particular al departamento de Cochabamba, hasta arribar a La Paz. La derecha, que no reconoce el triunfo de Evo Morales, no se responsabiliza de ninguna de las agresiones. 

Las noches en La Paz terminan en los alrededores de la Plaza Murillo bajo estruendos de dinamitas, tres tiros, opositores con escudos y palos intentando llegar a la Casa Grande del Pueblo -nombre de la sede de gobierno- separados por líneas de policías de quienes defienden el proceso de cambio y realizan vigilias de defensa.

Es parte de una escalada que comenzó con la denuncia de fraude respecto a las elecciones del 20 de octubre que le dio la victoria en primera vuelta a Evo Morales, y cobró mayor radicalidad con el transcurso de los días. Al principio los discursos oscilaban entre pedir una segunda vuelta y no reconocer los resultados, ahora todos han confluido en exigir la renuncia de Morales como única salida posible.

Al frente de la oposición se encuentran dos dirigentes de la derecha. El primero, quien ocupa un lugar secundario en esta fase, es Carlos Mesa, quien salió derrota frente a Morales el 20 de octubre. El segundo, que ha crecido en su volumen político y capacidad de liderazgo es Luis Fernando Camacho, quien conduce el Comité Cívico de Santa Cruz, zona de mayor fuerza de la oposición.

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La escalada tuvo una dirección geográfica: comenzó en Santa Cruz, en el oriente del país, se amplió hacia el centro, en particular al departamento de Cochabamba donde se registraron las mayores escenas de violencia conducidas por la oposición, hasta arribar a La Paz, que es el objetivo principal de lo que ha sido denunciado por el gobierno como un intento de golpe de Estado.

Camacho siguió ese mismo recorrido desde el oriente hasta la ciudad andina a la cual arribó el miércoles en la noche con el objetivo, afirmó, de entregar una carta de renuncia a Evo Morales.

Su llegada fue antecedida de dos intentos fallidos de ingreso, debidos al bloqueo realizado en la salida del aeropuerto por parte de quienes respaldan a Evo, y reconocen en la figura del dirigente de Santa Cruz y de Mesa la conducción de un intento golpista y el regreso de la política racista y excluyente.

Antes y después del arribo de Camacho llegaron grupos de choques traídos de diferentes partes del país, en particular de Santa Cruz, como lo denunció el ministro de defensa, Javier Zavaleta. Actúan en los asedios nocturnos a la Plaza Murillo en medio de los manifestantes, sobre todo jóvenes, que se movilizan por lo que consideran ha sido fraude electoral realizado por el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral.

Esa dinámica de tensión no ha dejado de aumentar: comienza desde temprano en el día hasta desembocar en los intentos de asaltos nocturnos. Durante el día se multiplican los bloqueos de calles de la oposición, las tensiones o enfrentamientos con transportistas que buscan pasar, y las movilizaciones que recorren el centro de la ciudad, tanto de la oposición como de los movimientos que respaldan a Evo Morales, y defienden lo que consideran su victoria electoral.

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La Paz se ha convertido así en un escenario de inestabilidad y permanente tensión en escalada, con el peligro de enfrentamientos, heridos, muertos, que ya son tres desde que inició la escalada desestabilizadora: dos en Santa Cruz y uno en Cochabamba. Morales denunció desde el inició de lo que calificó como intento de golpe de Estado que la derecha buscaría crear estas situaciones.

La oposición, por su parte, no se ha hecho responsable por ninguno de los actos violentos, a pesar de que ha quedado evidenciado en imágenes como, por ejemplo, secuestraron, golpearon, pintaron y cortaron el cabello de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, perteneciente al MAS, el partido de gobierno, y quemaron la alcaldía.

Mientras se desarrolla ese escenario que pone al país al límite, tiene lugar la auditoría de la cual participa la Organización de Estados Americanos, que dirá si ha existido fraude el 20 de octubre, como denuncia la derecha sin haber presentado formalmente pruebas, o si, como sostiene el gobierno, no ha existido irregularidad alguna.

El resultado de la auditoría estará la semana próxima, una distancia de tiempo en la cual pueden suceder muchos acontecimientos, en particular en la ciudad de El Alto, así como en La Paz. Hasta el momento se ha evitado que las columnas enfrentadas se encuentren, algo que busca desencadenar la oposición en las noches y que, en caso de suceder, abriría un escenario de mucha violencia.

El escenario boliviano está atravesado no solamente por el intento de golpe de Estado en marcha, sino por fracturas complejas y profundas de la sociedad que emergen en estos días. La resolución aún parece lejana e incierta: si la OEA recomienda una segunda vuelta -aún sin que haya existido fraude- y el gobierno acepta, ¿participaría un sector de la oposición?

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Quienes están al frente de la escalada prometen que llegarán a su objetivo, que es la destitución de Evo Morales. Cuentan para eso con una base movilizada, grupos de choque, un liderazgo, un respaldo mediático nacional e internacional, pero no cuentan, por el momento, con un elemento determinante: un sector de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional de Bolivia.

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