La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Guido Lorenzino, le pidió al gobierno bonaerense que al asumir retrotraiga el aumento de tarifas eléctricas que definió la mandataria saliente María Eugenia Vidal.
Lorenzino consideró que el aumento «es legal pero ilegítimo», porque Vidal lo autorizó después de saber que ya no seguiría en el Poder Ejecutivo provincial por perder las elecciones.
El gobierno de Vidal autorizó el 30 de octubre, tres días después de las elecciones en las que fue electo Kicillof, un aumento de 25% en las tarifas de electricidad de las empresas prestadoras que operan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ese cuadro tarifario autorizado por Vidal regirá a partir del 1° de enero de 2020, cuando el nuevo gobierno provincial ya esté al mando.
Este incremento iba a ser aplicado en agosto pero, como parte de un paquete de medidas electorales, el gobierno los postergó en línea con lo decidido por el Gobierno nacional de Mauricio Macri, que también suspendió incrementos y los programó para enero. Los nuevos cuadros tarifarios los aplicarán las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes, y las 200 cooperativas que operan en el territorio, según dispuso Vidal a través de la resolución 1713 del Ministerio de Infraestructura bonaerense. En la carta enviada al gobiernador electo, Lorenzino le solicita que revoque la 1713. «En un momento de tanta dificultad económica, no se puede seguir engordando el bolsillo de las prestatarias de servicios públicos», advierte el titular de la Defensoría.
En la primera reunión de transición, Kicillof le pidió a Vidal que retrotraiga la decisión y no dé curso a los aumentos, dado que él y su equipo revisarán el esquema tarifario en la provincia, en sintonía con lo que realizará Alberto Fernández en la presidencia de la República.
