La ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, había dicho por la tarde que «el protocolo (sobre el aborto no punible) va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta» y porque «debe tener trámite legislativo». A primera hora del viernes, el decreto que concretó el anuncio apareció publicado en el Boletín Oficial.
La Ministra había adelantado los ejes argumentales del decreto: «El protocolo va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta» del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y «porque debe tener trámite legislativo». En las cercanías del ex ministro y actual secretario de Salud habían dejado trascender que si el protocolo se anulaba, no le quedaría otro camino que presentar su renuncia. En las próximas horas se sabrá si era una amenaza o un adelanto de lo que pasaría. También se sabrá hasta dónde llega la solidaridad del radicalismo con uno de sus principales funcionarios.
Según lo publicado este viernes, “la resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas”.
Cargando las tintas sobre el funcionario radical, el texto recorre las diferentes dependencias que, de acuerdo al criterio oficial, Rubinstein debería haber consultado antes de publicar el nuevo Protocolo. No solo las nombra, sino que compromete a sus titulares tanto en el caso de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Nacional de las Mujeres.
Este último caso resulta especialmente destacable, ya que su titular, Fabiana Túñez, se había mostrado favorable a la implementación del nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
