El decreto que deroga la actualización del protocolo ILE, y los dichos de la ministra y del Presidente, contradicen documentos de la cartera de Salud y Desarrollo. 

«Este protocolo tiene que ver con la aplicación de garantías y derechos ya consagrados por las leyes de nuestro país», insistió el hasta entonces secretario de Salud, en las últimas instancias que le quedaban como tal. La frase corresponde a su carta de renuncia, que –finalmente– llegó ayer recién comenzada la tarde. Apenas unos minutos después, el Presidente lanzaba una «conversación entretenida, divertida y constructiva» por Instagram (así fue anunciada), donde decía textualmente: «La publicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo fue una decisión unilateral del secretario y eso está mal. Por eso, sin discutir el fondo de la cuestión, anulamos por decreto lo que había hecho». El documento, prueba sin embargo todo lo contrario: que Adolfo Rubinstein estaba «facultado» para actualizar el protocolo, según evaluó la propia Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social la semana pasada, en un dictamen de cuatro páginas. Algo que curiosamente parecía desconocer la propia titular de la cartera Carolina Stanley, quien salió a cuestionar la medida de Rubinstein «por inconsulta y porque esto debe pasar por el congreso», según formuló.

Como deja claro el documento, tanto la Subsecretaría de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad como la Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos, y la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria intervinieron “sin formular observaciones” a lo escrito. El bloque duro de Cambiemos, sin embargo, salió a cuestionar en duros términos la actualización que ya quedó derogada por decreto.

La «novela Rubinstein» desarrollada en los últimos días tensó la relación Cambiemos – UCR «al punto que la disputa llegó a unir a Cornejo y a Morales», concluían, un poco en broma y un poco en serio, fuentes cercanas a los bloques parlamentarios. «Es lógico que alguien que se sienta atacado dentro del Gobierno quiera irse», sostenían desde la Unión Cívica Radical (UCR), donde forma el ex secretario. La idea de que dentro de la cartera de Salud y Desarrollo Social «le habían soltado la mano» al secretario (o que habían dado un golpe de timón de cara a la convocatoria de la plaza del 7 de diciembre, y el núcleo duro de votantes celestes) fue ganando voces en los últimos días.

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Los radicales habían salido a defender en bloque la continuidad del secretario en su cargo, a través de un comunicado. Con la firma de Brenda Austin, Facundo Suárez Lastra, Roxana Reyes, entre otros, el texto manifestaba «solidaridad» y «acompañamiento» a Rubinstein, «quien a través de su decisión no hace más que garantizar la aplicación de un derecho consagrado por la legislación vigente» y solicitaron a Mario Negri –jefe del bloque– que «sostenga el protocolo ILE». En la misma línea, el Comité Nacional de la UCR había emitido un comunicado. Allí la cúpula de la UCR tomaba distancia del Presidente al considerar «necesaria» la aplicación del Protocolo «en concordancia con los valores de nuestro partido», respaldando al entonces secretario de Salud por haber puesto en marcha la iniciativa.

Una diputada del radicalismo relató a este diario: «Nos enteramos de que iban a derogar el protocolo el miércoles, en medio de la sesión, y hubo una postura unánime del bloque radical en salir a bancar a Rubinstein, que estaba siendo ninguneado por el Gobierno. En el interbloque nos cuestionaron por la postura que tomó el radicalismo. Pedían que no dijéramos nada. Querían sacar un comunicado en conjunto».

Circuló la versión de que fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien le pidió la renuncia a Rubinstein. Pero también sostienen, desde el radicalismo, que el jefe de gabinete conocía la resolución desde hacía tiempo, y que había dado su venia. Solo que le había pedido al secretario de Salud que esperara hasta después de las elecciones para llevarla al Boletín Oficial. En la UCR todos están seguros de que Rubinstein «no se cortó solo», y que no hay manera de que Stanley y Macri desconocieran la iniciativa.

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La postura de Sanz en favor de Rubinstein ofició como ordenadora de toda la tropa radical. Dentro de la conducción del radicalismo y de los bloques parlamentarios, «la novela Rubinstein» no hizo más que tensar una relación que ya venía complejizándose con Mauricio Macri. Por tomar un gesto, los jefes de las bancadas radicales, Mario Negri y Luis Naidenoff –los últimos radicales convocados a la mesa chica de Cambiemos– no habían asistido a la despedida del presidente en el gabinete ampliado, el 4 de noviembre pasado en el CCK. Ahora, la discusión por los cargos del interbloque en el Congreso será más ríspida aún, y los radicales quieren hacer valer su peso territorial.

Derogación y renuncia

Lo cierto es que, después de las idas y vueltas de los últimos días, el Gobierno finalmente derogó el protocolo que regulaba la interrupción legal del embarazo (ILE) en las tres causales que avala el Código Penal: cuando la gestación es producto de una violación, cuando pone en riesgo la salud o la vida de la persona gestante. «Se trata de una guía de actuación destinada a los médicos y equipos de salud para darles certeza y proteccion en la realización de los procedimientos que deben realizar para garantizar los derechos que están consagrados en nuestro codigo penal, y refrendados en el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», explicaba Rubinstein en su renuncia. «Lamentablemente, esta decisión de formalizar jurídicamente la protección de derechos en los casos de causales de abortos no punibles sancionadas en nuestro código hace casi un siglo, tuvieron una repercusión política indeseada», marcaba también el texto de renuncia.

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Sin hacer referencia al contenido de la famosa actualización de protocolo, el Gobierno se refugió en criterios formales para justificar su derogación. El decreto 785/2019 sentencia que el ex secretario publicó la actualización «sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos» (algo que, se dijo, queda desmentido en la propia documentación interna del ministerio). En el decreto se señala además que «el titular de la Secretaría Nacional De Niñez, Adolescencia y Familia ha manifestado no haber participado del proceso de formulación de la misma». Algo que es técnicamente inexacto: al tratarse del mismo rango en la escala jerárquica, no era obligatorio notificar a esta institución.

Otro insólito argumento que se lee en el decreto de derogación del protocolo, que lleva la firma de Mauricio Macri, Marcos Peña y Carolina Stanley, es que el Instituto Nacional de la Mujer –que no está por encima de la Secretaría de Salud– no tuvo intervención en la elaboración del protocolo. En este caso la propia directora del organismo, Fabiana Túñez, se encargó de desmentirlo en un comunicado. Allí detalla que el hecho de no haber sido consultados «no implica la oposición al protocolo», y además le solicita a Peña que «arbitre los medios necesarios en forma urgente para garantizar la aprobación del protocolo, el cual consagra los derechos a todas las mujeres, niñas y adolescentes».

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