En tres días a una sola productora se le murieron 20 animales. Ni la Nación ni la provincia respondieron a sus pedidos de agua y forraje. Una alternativa de solución es que les den agua desde la finca El Yuto.

Con 33 grados centígrados a la sombra, representantes de familias campesinas se encuentran apostados desde el miércoles pasado en el kilómetro 1801 de la ruta nacional 81,  en el Chaco salteño. El punto de referencia para quienes viven en la zona es la Finca Establecimiento El Yuto, de la familia del presidente Mauricio Macri, cerca de la localidad de Fortín Dragones. Los campesinos reclaman agua y forraje para sus animales, afectados por la sequía.

La mayor preocupación de los pequeños productores es que mientras siguen con los reclamos continúan las muertes de sus animales. Mónica Burgos, una de las campesinas que se encuentra en la ruta, contó a Salta/12 que en sólo tres días se le murieron 20 animales de ganado menor y mayor. La última lluvia en la zona fue la semana pasada. El agua que cae se mezcla con la tierra y ante la desesperación los animales toman ese barro.

“La pérdida es del 60% de pequeños animales  y un 30% de animales grandes”, dijo la campesina. Estimó que hay unas 400 familias campesinas de los departamentos Rivadavia y San Martín con problemas derivados de la sequía.

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“El único paliativo nos llegó de (l intendente de Embarcación, Alfredo), Llaya que nos dio unos100 rollos de pasto”, contó Burgos. El reparto iba a ser de un rollo por familia. Según explicaron los campesinos, un rollo alcanza para alimentar 15 animales durante cuatro días.

Del agua no hubo novedades. La mujer contó que la Municipalidad cuenta con camiones cisterna y ellos solicitaron la asistencia pero desde la comuna les respondieron que “quedaría para el lunes”.

“La estrategia es que nos den el camión cisterna para pedir agua en las fincas”, dijo Burgos al mencionar El Yuto o La Leonera. Esta sería la primera vez que deberían pedir agua a las fincas.

Aunque hace tres semanas hicieron las denuncias de la sequía y hubo reuniones hace una semana con la secretaria de Asuntos Agrarios de la provincia, Milagro Patrón Costas, la provincia solo mandó a “relevar la situación” en los puestos.

El pedido de los campesinos es por distribución de agua para las familias y para los animales. Alimento balanceado, maíz, alfalfa y rollos de pasto. Insumos veterinarios y asistencia técnica. Suspensión de la campaña de vacunación. Perforaciones para extracción de agua.

Tierra barata para grandes empresas 

La presencia de la familia presidencial en el Chaco salteño se empezó a vislumbrar con fuerza en 2010. Ese año las comunidades campesinas comenzaron a batallar por una ley que los ampare y evite desalojos. En aquel momento se pudo conocer que El Yuto SA contaba con 20.225 hectáreas en el departamento San Martín. Según una investigación publicada en Nuevo Diario de Salta, las tierras se “compraron entre 1997 y 1998 por un total de $1.910.100 pesos/dólares, que representaron un poco menos de 100 pesos/dólares por hectárea”, en aquella época de paridad cambiaria.

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Según la publicación, ya en 2006 Gianfranco Macri había puesto a su nombre 14.991 hectáreas compradas a Román de La Torre, en la finca Pluma de Pato, del departamento Rivadavia. En total, y según se desprende de la cédula parcelaria, estas tierras fueron compradas a 525 mil dólares. En ese año, el dólar tenía un valor cercano a los $3. O sea que el valor por hectárea fue de 35 dólares, unos 105 pesos por hectárea.

En 2010 algunos campesinos contaron sus penurias atravesadas por las causas judiciales con las que querían desalojarlos de las tierras en las que habían vivido tranquilos por generaciones. En aquel momento un conocido intermediario de los Macri, Agustín Ocampo, era el encargado de denunciar a los campesinos.

La ley provincial 7658, que crea el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales, se sancionó en 2010. Se logró que a través de un artículo 9º se suspendan los desalojos de campesinos criollos.

Pese a esta norma la jueza Ana María de Feudis, con jurisdicción en el ámbito de Tartagal (en el departamento San Martín), la desconoció sistemáticamente para ordenar los desalojos. Ya en 2010 Página/12 daba a conocer declaraciones de campesinos que indicaban que el abogado de los Macri en la zona, Víctor Hugo Belmont, a cargo de impulsar los juicios de desalojo, tenía una vinculación familiar con la jueza: “su marido sería padrino de la hija de Belmont”, se había indicado.

Las denuncias y pedidos de jury contra De Feudis por desconocer la ley no se hicieron esperar. Pero se le permitió jubilarse antes de ser sometida a un juicio político. La renuncia, con la posibilidad de acogerse al beneficio jubilatorio, le fue finalmente aceptada por el gobernador Juan Manuel Urtubey en marzo de 2015.

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