Los legisladores de la Coalición Cívica salieron al cruce del fallo de la Corte Suprema, que ordena al Estado nacional a compensar a las provincias el costo fiscal de las medidas anunciadas luego de las PASO, y calificaron a los supremos Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti como «peronistas» que «en medio del proceso electoral, juegan a la política». Adelantaron, además, que ampliarán el pedido de juicio político por abuso de poder.

Lejos del tono de respeto a las instituciones que debería primar entre quienes dicen defender a «la República», el bloque encabezado por Elisa Carrió fue el encargado de cargar contra la decisión del máximo tribunal que reconoció el reclamo de los gobernadores provinciales, quienes denunciaron cómo perjudicaban sus arcas las medidas de urgencia económica tras la derrota electoral. «Tres jueces PJ atacan a Macri veinte días antes de las elecciones, eso no es un tribunal independiente», consideró el bloque lilito.

«Los jueces peronistas de la Corte, mediante una medida cautelar, sin resolver el fondo de la cuestión y en medio del proceso electoral, juegan a la política», señala el  comunicado firmado por  Paula Oliveto, Juan Manuel López, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y la propia Carrió.

En el análisis de la Coalición Cívica, el amparo presentado por los gobernadores de 15 provincias «se ataca al presidente Mauricio Macri y al Estado Nacional en un claro acto electoralista» y se trata de una «hipocresía del PJ y de los miembros del PJ de la Corte».

Los mandatarios provinciales —en su mayoría del Frente de Todos, con excepción de Salta y Misiones— habían advertido como «electoralista» las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, tras perder en las PASO, que consistían en quita del IVA en los alimentos y reducción del Impuesto a la Ganancia, ambos tributos coparticipables. El amparo denunciaba la inconstitucionalidad de no enviar al Congreso una decisión sobre fondos coparticipables.

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Sin embargo, Carrió y sus legisladores consideraron que «la Corte, fuera de su competencia cautelar, ordena compensar a las provincias y ejerce un abuso de poder arrogándose facultades legislativas, como en tantas otras oportunidades lo hizo el juez (Ricardo) Lorenzetti».

«Queda claramente al descubierto que los que no quieren bajar impuestos son los gobernadores del PJ», señala el comunicado en tono de campaña y agrega más adelante: «Queda claro que el aumento de impuestos es la decisión y vocación del PJ cuando sea gobierno».

«Cuando termine el proceso electoral, porque nuestra regla es no denunciar en campaña, evaluaremos la conducta de los jueces de la Corte y ampliaremos el pedido de Juicio Político por abuso de poder», advirtieron los lilitos y la lider de la Coalición.

El tono del comunicado de Carrió marcó una diferencia con la cautela del Poder Ejecutivo. El ministro de Justicia, Germán Garavano, fue el primero en hablar tras la decisión de la Corte y señaló que se mantendrían los beneficios económicos anunciados y se «verá de qué manera se puede cumplir» con la sentencia.  «Escapa de una tradición de la Corte de no abordar estos temas en períodos electorales. El análisis corre por cuenta de los analistas», sugirió Garavano.

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