El fiscal Curi se sumó al frente que defiende al falso abogado diciendo que no está probada la autenticidad de archivos y mensajes. Hasta los destinatarios los reconocieron.

El fiscal de Dolores Juan Pablo Curi intentó el jueves unirse a la alianza judicial-política-mediática que trata de ahogar la causa en la que se investiga al falso abogado Marcelo D’Alessio y a la banda que extorsionaba, apretaba e inventaba pruebas fraudulentas para intervenir en causas judiciales. Curi no pudo cuestionar a la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que encabeza el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, ya que el organismo trabaja como perito para más de 60 jueces argentinos, intervino en las causas AMIA y La Tablada y hasta recibió encargos de la Unesco. Curi entonces se enfocó en sostener que no está probada la autenticidad de los archivos analizados, mails, mensajes de celular y carpetas de las computadoras que se le encontraron a D’Alessio. Sin embargo, esos documentos fueron confirmados por denuncias y testigos. Por ejemplo, varios periodistas fueron a declarar a Dolores –Eduardo Feinman, Rolando Graña, Rodrigo Alegre, entre otros– que exhibieron los mails y mensajes que les mandó D’Alessio y que, por supuesto, son los que figuran en las computadoras y celulares del falso abogado. Los periodistas fueron citados como testigos, lo que demuestra que no hubo imputación contra ellos y que es falso que se busque criminalizar al periodismo. El único acusado y procesado por extorsión y coacción, en dos casos concretos, es Daniel Santoro, periodista de Clarín, al que empresarios y organizaciones para-oficialistas tratan de defender.

Fiscal

Curi ha hecho numerosas presentaciones exigiéndole al juez Alejo Ramos Padilla que mande el expediente a Comodoro Py, donde los imputados juegan de locales. El fiscal hace tándem con su par, Carlos Stornelli, rebelde desde hace ocho meses en esa causa, y quien le pidió a D’Alessio incluso que investigara en forma ilegal al ex marido de su actual pareja. En los diálogos entre Stornelli y D’Alessio se baraja la posibilidad de plantarle drogas al ex marido de la esposa del fiscal.

Pese a las movidas de Curi, Stornelli y D’Alessio, la Cámara Federal de Mar del Plata e incluso la Casación confirmaron a Ramos Padilla al frente de la investigación. Hasta la Corte Suprema hizo gestos respaldando al magistrado enviándole un refuerzo de personal.

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Autenticidad

La CPM hizo un análisis de 200 páginas relacionando lo encontrado en los celulares y las computadoras de D’Alessio, secuestrados durante el allanamiento de su vivienda. El informe une los mails, mensajes y documentos por fecha y por tema. El organismo sólo estudió lo que tenía D’Alessio y no evaluó ni calificó nada de los periodistas.

En total se tocan once casos en que se encontraron materiales como planillas de Migraciones obtenidas mediante espionaje ilegal, planillas de llamadas entrantes y salientes de las víctimas, informes de la Anses y la Afip, también obtenidos de forma ilegal; informes fabricados por D’Alessio con membretes falsos de la embajada de Estados Unidos y el Ministry of Defense of Israel; fotos y tomas de drones sacadas en forma clandestina; otros informes con membrete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que la Comisión dice que no puede certificar como auténticos, pero que tienen el formato de los informes de la ex SIDE. De hecho, hay muchos vínculos de D’Alessio con agentes orgánicos e inorgánicos de la AFI.

Como no tenía forma de cuestionar el papel de la Comisión como perito, porque la CPM tiene vasta experiencia en analizar archivos de inteligencia, Curi trató de asociarse al coro judicial–mediático–político por la vía de decir que no está verificado que los materiales analizados sean auténticos.

Desde ya que la propia Comisión sostiene que parte de los documentos fueron falsificados por D’Alessio, pero están en su computadora. Incluyendo los originales con los que hizo la falsificación. Pero, por ejemplo, en los mensajes de celulares, en los mails y en una parte de los archivos, Ramos Padilla tuvo la oportunidad de confirmarlos a través de las personas a las que D’Alessio les mandó esos mails o chats. Por ejemplo, los empresarios Pedro Etchebest y Mario Cifuentes recibieron mensajes; el ex directivo de Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat; el aduanero Gabriel Traficante tienen en sus celulares lo que les mandó D’Alessio. De manera que fue una forma de verificación.

Algunos de los periodistas que tenían como fuente al falso abogado fueron a declarar a Dolores y ofrecieron sus celulares como prueba: Feinman, Alegre, Graña y varios otros. Todos ellos fueron al juzgado para testificar y el magistrado no los acusó de nada, porque no consideró que hayan cometido ningún delito. Y todo el material que D’Alessio les mandó es el mismo que se encontró en sus computadoras y celulares.

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Santoro

La situación de Santoro es completamente distinta y lo que se encontró en las computadoras de D’Alessio indica que intervino en ocho de los once casos de extorsión, coacción y falsificación de pruebas del falso abogado. Pero ni siquiera el juez Ramos Padilla lo imputó por eso, sino que lo procesó por dos casos, uno de extorsión y uno de coacción.

La extorsión fue al empresario Cifuentes, que tenía una empresa de servicios petroleros, OPS. D’Alessio le pidió 1.200.000 dólares para solucionarle problemas en la Afip y en la justicia. Cifuentes se negó y D’Alessio le dijo: «mirá esta noche Animales Sueltos«. El 4 de abril de 2018, Santoro apareció en ese programa «equivocándose»: dijo que el departamento de Lula en Brasil lo construyó la constructora OPS. En verdad la constructora brasileña es OAS y OPS es la empresa de Cifuentes.

Al día siguiente D’Alessio le preguntó a Cifuentes si había recibido el mensaje y el empresario le contestó que no, que se había quedado dormido. «Entonces escuchá esta noche otra vez. Es el último aviso». Esa noche nuevamente Santoro mencionó OPS y además sostuvo que el departamento de Lula valía 1.200.000 dólares, la cifra que D’Alessio le pedía a Cifuentes. Ese mismo día, Clarín publicó que el departamento de Lula valía 650.000 dólares.

En la indagatoria, Santoro sostuvo: «es dable recordar a su señoría que se trata de un programa en vivo, de una hora y media de duración, en el que hay que tener muchos datos de memoria en la cabeza y discutir con otros periodistas de primer nivel, por lo que se observa que el yerro de una sigla es total y notoriamente involuntaria». No parece buena explicación para algo que ocurrió dos días seguidos.

El domingo 8 de abril, Santoro publicó una nota sobre Cifuentes tildándolo de «el nuevo Lázaro Báez». La particularidad es que ese título figuraba desde antes en las computadoras de D’Alessio. A esto se agrega que Santoro utilizó dos datos obtenidos de forma ilegal por el falso abogado: que Cifuentes estuvo 52 veces en España y que debía 800 millones de pesos a la AFIP.

A Cifuentes no sólo quisieron obligarlo a vender su empresa sino que lo amenazaron con ponerle cinco kilos de droga a su hijo en un auto y D’Alessio lo llevó en su camioneta, con la sirena puesta, por la ciudad de Buenos Aires, como si fuera un auto oficial.

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*El otro caso en el que se imputó a Santoro fue el del ex directivo de la petrolera venezolana, Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat. La maniobra consistió en decirle que tenía una causa judicial y que por lo tanto debía declarar ante Stornelli. En el marco del apriete, D’Alessio llevó a Brusa Dovat a una entrevista con Santoro y éste tituló la nota «el Centeno de Pdvesa», en referencia al chofer de la causa de las fotocopias de los cuadernos. El título fue creación de D’Alessio y figura en las anotaciones que se le encontraron. Todo esa presión llevó a Brusa Dovat a declarar ante Stornelli, llevado por dos supuestos guardaespaldas de D’Alessio, entrando a Comodoro Py de manera oficial y con D’Alessio presenciando la declaración, cuando ni siquiera es abogado. El antecedente es, según la acusación, que el periodista ya sabía que D’Alessio había sido acusado de extorsión en un caso anterior, el del aduanero Gabriel Traficante

La respuesta de Santoro, en su indagatoria, se desarrolló en los siguientes términos: «fui usado», «fue un error», «pidió dinero sin que yo sepa». Argumentos parecidos a los que usó cuando publicó falsamente que Máximo Kirchner y Nilda Garré tenían 61 millones de dólares en una cuenta en Estados Unidos. Lo cierto es que Ramos Padilla, pese a que el periodista intervino en ocho de las 11 maniobras ilegales que se encontraron en las computadoras de D’Alessio, consideró que tenía elementos para procesarlo sólo en esos dos casos.

La coalición político-judicial-mediática alineada con Cambiemos, trata de difundir que el informe de la CPM es una criminalización del periodismo. Curi salió de urgencia a acompañar ese coro con sede en Comodoro Py. Los golpea que un órgano, conducido por un Premio Nobel intachable, famoso por su honradez, que no se casó con ningún gobierno, haya exhibido crudamente el detrás de la escena de las maniobras de inteligencia para–estatal.

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