Marcela Mendoza fue condenada como responsable del homicidio de su marido. Casación ordenó su libertad y un nuevo juicio.
Marcela Mendoza estuvo cuatro años y dos meses en prisión, alejada de sus cinco hijos por una condena a cadena perpetua que fue declarada nula en abril de este año por la Sala I de la Cámara de Casación. Recién este martes pudo regresar a su hogar, excarcelada por decisión del mismo tribunal, pero todavía tiene pendiente la realización de un nuevo juicio oral, los días 16 y 18 de agosto de 2022. Fue condenada con argumentos endebles y por tal motivo declarados nulos, como supuesta responsable de la muerte de su ex pareja, Eduardo Gómez, a quien ella había denunciado varias veces por violencia de género.
Su abogado, Adrián Rodríguez Antinao, tuvo que presentar dos hábeas corpus y acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Marcela pueda esperar en libertad el nuevo juicio. El abogado anticipó que seguirán “luchando para que sea sobreseída porque todas las actuaciones demuestran que ella nada tuvo que ver con el incendio en el que murió su ex pareja y por lo tanto, sostenemos que llevarla a un nuevo juicio oral es revictimizarla porque ella es inocente”.
El fallo condenatorio de Marcela Mendoza fue dejado sin efecto por la Sala I de Casación, con el voto mayoritario de los jueces Daniel Carral y Ricardo Borinsky, pero a pesar de las duras críticas a esa sentencia, dictada por el Tribunal Oral 3 de La Plata, ordenaron la realización de un nuevo juicio, que estará a cargo del Tribunal Oral 4. El tercer integrante de la Sala I de Casación, Ricardo Maidana, no sólo declaró nula la condena sino que se expidió en favor del sobreseimiento de Marcela Mendoza, para que pudiera recuperar su libertad “en forma inmediata”, en abril de este año.
Ahora, la misma Sala I, con los votos de Carral y Maidana, hizo lugar al pedido de excarcelación de Marcela Mendoza, solicitud que había sido denegada por el Tribunal 4 y por la Cámara de Apelaciones y Garantías. Al acceder a la excarcelación presentada por Rodríguez Antinao, con el acompañamiento de organismos de DDHH, organizaciones feministas, sociales, políticas y académicas, la Sala I citó fallos de la Corte Suprema y organismos internacionales.
Al disponer la excarcelación, tomaron en cuenta que la prisión preventiva de Marcela Mendoza “lleva ya más de cuatro años sin que exista un juicio que se haya expedido en punto a la culpabilidad de la acusada” y que esa demora “responde a circunstancias exclusivamente imputada a déficits del Estado”. Esas falencias fueron las que “dieron motivo a la nulidad del pronunciamiento” condenatorio del Tribunal Oral 3.
Se tomó en cuenta también que el nuevo juicio está previsto recién para agosto de 2022. En este punto se recordó que la Corte Suprema, en el Caso Espíndola, determinó que “el derecho fundamental que asiste a todo acusado” es el de “ser juzgado en un plazo razonable”. Al margen de la excarcelación, la defensa seguirá planteando el sobreseimiento definitivo de Marcela Mendoza.
Los hechos ocurrieron el 9 de agosto de 2015, cuando ella aceptó encontrarse con su ex pareja, que la pasó a buscar en su auto. Ella accedió por temor a que él rompiera la perimetral y se presentara en la casa en la que ella vivía con sus hijos. Todo indicaría que el hombre, que llevaba un bidón con combustible en el vehículo, ante la negativa de Marcela a reanudar la relación, haya provocado el incendio dentro del rodado. En muchos casos de femicidio, el hombre mata a su pareja y luego se suicida.
En el primer juicio, no pudo demostrarse de ninguna manera la culpabilidad de Marcela Mendoza, cuyo única “responsabilidad” fue la de salir del auto más rápido que Gómez, gritando que él quería asesinarla, como escucharon testigos del hecho.
